En Salta están indignados al encontrar irregularidades en varios concejales y un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quienes habrían cobrado el bono de emergencia, IFE, otorgado por el ANSES. Los 17 concejales de diferentes localidades de la provincia de Salta fueron imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes, en el marco de una investigación federal desarrollada por el fiscal Ricardo Toranzos, titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.El fiscal en diálogo con La Nación dijo:” Este caso resulta indignante para la comunidad, que está realizando un gran esfuerzo. Quienes han sido elegidos por el voto popular, se aprovecharon de la asistencia destinada a personas que atraviesan una situación de precariedad”, y además aseguró que la investigación sigue abierta y están analizando si existen otros funcionarios que habrían cobrado el bono y en tal caso también serán imputados. Los concejales que deberán pagar un embargo por $60.000 mil pesos son los siguientes:
Jesús Ernesto Cuellar, de Urundel
Luis Carlos Coronel, de El Carril
Paola Sandra Cantarella, de Pichanal
María Del Valle Torres, de Rivadavia banda Norte
Fernando Leandro Gerónimo, de Payogasta
Gabriela Elizabeth Cazón, de Aguas Blancas
Franco Marcelo Córdoba, de San Antonio de los Cobres
Melisa Mónica González, de San Lorenzo
Marta Beatriz López, de Orán
Ricardo Alberto Díaz, de Colonia Santa Rosa
Nicolasa Maraz, de Los Toldos
Nancy Valeria Quiroga, de Santa Victoria Oeste
Jimena Antonieta Ordóñez, de Aguaray
Javier Héctor Chauqui, de Angastaco
Alexandra Ludmila Borujow, El Quebrachal
Héctor Rogelio Fernández , El Quebrachal
Ninfa Noemí Rojas, de El Quebrachal.
Los imputados percibían salarios estatales que oscilaban entre los 20.000 y los 60.000 pesos. Algunos de ellos habrían cobrado el subsidio de emergencia inclusive en dos oportunidades.Agentes federales del área de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional, investigadores del Ministerio Público Fiscal (MPF) y funcionarios locales de Anses, llevaron a cabo la investigación trazando la línea de recorridos de subsidios que finalmente llegaron a los acusados. En su exposición durante la audiencia, el fiscal Toranzos, recordó que el IFE está “dirigido a personas que se vieron con graves dificultades para cubrir las necesidades básicas de su familia, en especial aquellas que tienen ingresos precarios, como monotributistas de baja categoría y empleadas de casas particulares” y confirmó que los funcionarios acusados sabían “que no podían cobrar”.Por su lado el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, indicó que el caso es “sólido y provisto de numerosa prueba documental”, según un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal.
