El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado la posibilidad de que haya en México una consulta en la que los ciudadanos digan si están a favor de que se enjuicie a exmandatarios que hayan incurrido en corrupción u otros delitos. Este jueves se conoció que un grupo de 15 senadores de Morena ya tiene lista una petición para que ocurra este procedimiento.
Analistas políticos y dirigentes de oposición, han cuestionado este propósito. El líder nacional del PAN, Marko Cortés, mencionó esta semana que la consulta es innecesaria, que si el presidente López Obrador tiene pruebas contra exmandatarios como Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entonces haga una denuncia. “Que no haga política, que haga justicia, que dé resultados, la ley no se consulta, la ley se aplica”.
A pesar de estas críticas, el presidente López Obrador no descartó que incluso fuera él el que iniciara el procedimiento de consulta, como le faculta la Ley Federal de Consulta Popular publicada en 2014.
En su artículo 12, señala que quienes podrán solicitar una consulta de este tipo, para que la ciudadanía se exprese sobre un tema de “trascendencia nacional”, son: el jefe del Ejecutivo; el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso;, o los ciudadanos, recolectando firmas que equivalgan a por lo menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en este momento integrada por 90 millones 36 mil ciudadanos.
En el caso del Senado, el 33% serían 43 legisladores. Faltaría que se sumaran 27 en la petición presentada por legisladores como Martí Batres, Jesusa Rodríguez, Citlalli Hernández, Nestora Salgado y Napoléon Gómez Urrutia, para que pueda continuar el procedimiento.
Así es. Ya hay una propuesta. Habremos de estar antentos a observar si se da el proceso de recolectar firmas entre la ciudadanía. Y si no se lograra ya hay una propuesta para recolectar las 43 firmas que se necesitan en el Senado. 43. https://t.co/aicSX1DyVc
— Martí Batres (@martibatres) August 28, 2020
La misma Ley refiere los tiempos límite para presentar la petición de consulta, por las tres vías mencionadas, del uno al 15 de septiembre, en este caso, de cara a las elecciones federales del 2021.
Sea cual sea la vía, en todos los casos ya sea el Congreso, el presidente o los ciudadanos tendrán que someter su petición de consulta, incluyendo la pregunta que se hará a la gente, a la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine su constitucionalidad.
Si es la vía legislativa, el procedimiento es así: la petición de consulta se turna al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, se turna a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan.
Después, “el dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido… aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales”.
Si la Corte se pronuncia por la constitucionalidad, como explicó el presidente, entonces entra el Instituto Nacional Electoral (INE) para hacerse cargo del ejercicio de la consulta, de difundirla y organizar el proceso para que la gente diga Sí o No, además de contar los votos y dar a conocer los resultados.
Sobre esto último, en el artículo 64 se establece que los resultados serán vinculatorios, para los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, “así como para las autoridades competentes”, cuando se registre una participación total de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. “Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez”, se refiere en la Ley.
Según dijo el presidente López Obrador en la mañanera del 24 de agosto, la consulta, de agotarse todos los procedimientos mencionados, podría realizarse el 6 de junio (día en que se celebran las próximas elecciones) o el 1 de agosto de 2021.
El mandatario federal habló de este tema luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su intento de que le otorguen el criterio de oportunidad, denunciara que los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, presuntamente participaron en casos de corrupción y sobornos, como los de la constructora Odebrecht.
¿Qué pregunta proponen los senadores de Morena?
En su petición, de acuerdo con el documento difundido la noche del jueves, los 15 senadores de Morena proponen que en la consulta se haga esta pregunta a los ciudadanos: «¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?»
Sobre por qué plantear la consulta para eventualmente enjuiciar a los exmandatarios, mencionaron que “en México, durante décadas y a lo largo y ancho del país, la corrupción no sólo ha dañado nuestro tejido económico y social, sino que se ha entronizado, a tal grado, que se encuentra en la raíz de las causas que han provocado decenas de miles de muertes violentas” que han enlutado a la sociedad.
“A ese entramado perverso no han estado ajenas, por omisión o por comisión, las más altas esferas del poder político. El combate a la corrupción y a la impunidad es una causa noble que interesa a todos los mexicanos”, apuntaron.
Desde el inicio del gobierno de López Obrador, apuntaron, se ha dicho que no se trata de “un acto
de venganza” llevar a juicio a los expresidentes de México.
En el caso de que se acredite la comisión de actos de corrupción en agravio de la nación durante el ejercicio de sus funciones, dijeron, se tratará de un acto de justicia.
“Consideramos de la mayor relevancia que los mecanismos de participación ciudadana directa puedan fortalecer la actuación de los órganos de gobierno… es claro que la presente consulta nos atañe a todas y todos los mexicanos, ya que tiene repercusión en todo el país y genera impacto en la mayor parte de la población; es decir, la corrupción es un fenómeno nocivo que afecta a toda la población; razón por la cual se colman los extremos previstos en el artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que respecta a que se trata de un tema de trascendencia nacional”.
Los legisladores recordaron que desde la expedición de la Ley, “en nuestro país no se ha podido realizar ninguna consulta popular. En el año 2014, pese a que se reunieron más de 2 millones de firmas para llevar a cabo una consulta respecto a la reforma energética, la Corte declaró inconstitucional la materia de esta.
“Igualmente, es fundamental mencionar que jamás se había formulado petición de consulta popular por parte de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso; por esta razón, nos encontramos ante un hecho histórico y una decisión de la mayor trascendencia en la presente legislatura”.
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