Empresa canadiense prevé ganar 6 mil mdp con mina en región pobre de Puebla

La empresa canadiense Almaden Minerals prevé ganancias netas por 6 mil 200 millones de pesos de la extracción de oro y plata de una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán, un municipio de la sierra norte de Puebla con altos índices de pobreza y que sufre sequías.
Así lo informó la minera a sus accionistas en un informe sobre factibilidad económica del proyecto, en el que además asegura que en un tiempo récord de tan solo año y medio recuperará la inversión inicial de 174 millones de dólares, unos 3 mil 480 millones de pesos.
Para convencer de las bondades del proyecto a la población de Ixtacamaxtitlán, donde según datos del Coneval hasta 8 de cada 10 personas son pobres, la minera promete que generará 600 empleos y que dejará 2 mil 600 millones de pesos por el pago de impuestos.
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Además, presume que ha hecho una intensa labor social en las comunidades, a través de acciones como equipar escuelas, clínicas e iglesias, becar a estudiantes pobres, o donar sillas de ruedas.
Sin embargo, los habitantes de Ixtacamaxtitlán están divididos.
Por un lado, están los vecinos que rechazan el proyecto porque consideran que detrás de los empleos que ofrece la minera están las consecuencias ambientales que dejaría una mina que proyecta gastar más de 5 millones de litros de agua diarios en una comunidad marcada por las sequías.
Y, por otro, están los vecinos que defienden el proyecto como una de las pocas oportunidades laborales y de desarrollo en un municipio pobre.
Santa María Zotoltepec, una comunidad de apenas 400 habitantes de Ixtacamaxtitlán ubicada a un par de kilómetros de donde se proyecta abrir la mina, se ha convertido en el epicentro de esta división.
“En Ixtacamaxtitlán no queremos más proyectos de muerte de empresas extranjeras”, resumen su postura los opositores al proyecto.
“Organizaciones civiles están malinformando a la población y se oponen a un proyecto que es bueno para todos”, responden quienes están a favor.
En mitad del fuego cruzado, la Secretaría federal de Medio Ambiente (Semarnat) dejó ‘en pausa’ desde octubre pasado el análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental y la aprobación o rechazo de la mina, luego de que organizaciones civiles se ampararan contra el proyecto.
Y esto, precisamente, es lo que ha generado que ambos bandos estén de acuerdo solo en una cosa: la Semarnat es “muy tibia”, acusan.
Los opositores critican a la dependencia por no cancelar de manera definitiva la mina, a pesar de que académicos, ambientalistas, y organizaciones, denuncian que “es imposible” que el proyecto se nutra solo de la lluvia, como promete la minera. Por lo que acusan que, en realidad, la minera extraerá el agua de los mantos subterráneos de los ríos cercanos a la mina, lo cual pondría en riesgo el abasto de miles de ciudadanos.
Y los favorables critican que la puesta ‘en pausa’ de la Manifestación ya está teniendo consecuencias muy negativas: 70 vecinos se quedaron sin empleo; se ‘congelaron’ los otros 540 trabajos que Almaden Minerals promete; y no se están generando los 2 mil 600 millones de pesos que la minera asegura que dejará en la región por el pago de impuestos.
“La minera es la única que nos dio una oportunidad”
Carmen Martínez, Eli Herrera, Norma Herrera, y Roberto Martínez, son habitantes de Santa María Zotoltepec y exempleados de Minera Gorrión, la subsidiara mexicana de la empresa canadiense Almaden Minerals.
En entrevista con los cuatro, lo primero que aseguran es que el hecho de ser exempleados de la minera, para la que dejaron de laborar luego de que el proyecto quedó ‘congelado’ por los amparos, no les resta objetividad.
Al contrario, subrayan, precisamente porque trabajaron en los módulos que la minera instaló para resolver las dudas de la población, es que aseguran que conocen muy bien cada detalle del proyecto.
Carmen Martínez resalta que la “transparencia” de la minera con las comunidades ha sido “total”. Y como muestra, apunta que desde 2012 la empresa ha realizado nueve grandes reuniones comunitarias a las que han asistido más de 4 mil personas.
“En esas reuniones públicas se abordaban todas las preocupaciones de la gente, como, por ejemplo, el tema del abasto de agua, y el uso del cianuro y de explosivos. Ahí les explicábamos, paso a paso, cómo iba a ser la gestión del proyecto minero”, explica Norma Herrera.
En entrevista con este medio, Minera Gorrión destacó que también celebraron 45 sesiones de ‘diálogos transversales’, en donde miembros de las comunidades fueron invitados a pláticas con especialistas en minería.
Incluso, la minera acompañó a 500 personas de las comunidades a 25 viajes por diferentes minas de la República, “para que pudieran comprobar por sí mismo cómo funciona una operación minera”.
Pero, a pesar de todo lo anterior y de la labor social de la minera, como la entrega de 130 becas para estudiantes, la rehabilitación de la clínica de Santa María, o la donación de material para construir el piso de la iglesia de Zacatepec, la oposición al proyecto se intensificó desde febrero de 2019, cuando la minera presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para obtener el permiso del Gobierno y arrancar el proyecto.
Aunque para los cuatro exempleados de la minera, la división en la comunidad la trajo dos organizaciones civiles: Fundar y Poder.
“Esas organizaciones extranjeras vinieron con imágenes de gente cayéndosele el cabello, la piel despellejándose, y empezaron a malinformar a las comunidades”, critica Carmen Martínez.
Minera Gorrión, subsidiaria de Almaden Minerals, una empresa canadiense -extranjera-, también ha reiterado el mismo argumento que esgrime Carmen Martínez, de que “activistas con financiación extranjera” son quienes torpedean su proyecto con amparos que lo tienen ‘congelado’.
“Fundar y Poder no quieren el proyecto, pero ellos no traen ninguna alternativa. La minera es la única que nos dio una oportunidad”, concluye Carmen Martínez.
Acarreados de la minera
 Julieta Lamberti es la directora de Poder, una de las organizaciones civiles que junto a otras como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), el Consejo Tiyat Tali, y la propia Fundar, además de académicos y ambientalistas de la UNAM y de la UAM, se han posicionado en contra de la mina en Ixtacamaxtitlán.
En entrevista, Lamberti explica que la oposición se basa en los análisis que ellos mismos han realizado del tema, como el estudio Industria Extractiva en Puebla: Panorama del Sector Minero.
Y también en las investigaciones de académicos e investigadores, como el maestro en ciencias de la UNAM Alonso Gutiérrez, quien analizó la Manifestación de Impacto Ambiental de la minera y denunció que en ésta existen “múltiples errores y contradicciones” que hacen “imposible” garantizar que una mina que requiere de 5 millones de litros de agua diarios pueda abastecerse solo con la lluvia.
Cuestionada por las críticas, Lamberti dice que ese es el ‘modus operandi’ habitual de las mineras.
“Es su estrategia: llegan con un grupo de la población a los que les ofrecen empleos mal pagados en tareas de vigilancia, mantenimiento, limpieza, y en cosas así, y se los llevan a su terreno para dividir a comunidades enteras, confrontarlas, y generar un conflicto social”, expone.
Uno de los momentos que mejor representa el conflicto social en Ixtacamaxtitlán se produjo el 25 de junio del año pasado, cuando tuvo lugar una reunión pública en el auditorio de Santa María Zotoltepec a la que asistieron Semarnat, la minera, y más de 1 mil 400 ciudadanos.
A esa reunión también fue una Misión Civil de Observación, integrada por organizaciones de derechos humanos como Oxfam México, la Red TDT, y el Centro de capacitación y defensa de los derechos humanos e indígenas AC, las cuales documentaron numerosas anomalías.
Por ejemplo, la Misión señaló que al evento ingresó una gran cantidad de personas con playeras y gorras amarillas a favor de la minera, y con pancartas favorables al proyecto, lo cual estaba prohibido por la propia Semarnat en los lineamientos de la reunión.
La Misión también denunció la presencia de ‘acarreados’ de la minera que llegaron a bordo de camionetas desde estados vecinos, como Veracruz. Y, además, denunció que durante la reunión hubo espionaje, insultos, y amenazas en contra de ellos y de la población opositora al proyecto.
“El personal de la empresa (Minera Gorrión) se mostró violento hacia la Misión Civil de Observación, y no quiso identificarse. Asimismo, se señala que el personal de la empresa llegó a expresar con tono amenazante: ‘Somos espías y tenemos fotos de todos ustedes’”, refiere la Misión en un informe que puedes leer íntegro aquí.
David Santamaría, vocero de Minera Gorrión, respondió que el encuentro fue “un paso muy importante” en un “ejercicio de transparentar la información frente a las comunidades”.
En cuanto a la vestimenta de los asistentes con emblemas a favor de la mina, el vocero le restó importancia: “Es un asunto menor”, dijo. Y sobre la presencia de drones que fotografiaron a los asistentes, comentó que “cualquier persona pudo realizar, libremente, la toma de fotografías y de video”. “La sesión transcurrió en un clima de cordialidad y de respeto”, resumió Santamaría en entrevista, que puedes leer aquí.
Sin consulta indígena
Doña Reina y Doña Chabela también son habitantes de la pequeña comunidad de Santa María. Ellas son contrarias a la mina y son mujeres indígenas. Y recalcan lo de que son indígenas porque ese es otro de los puntos polémicos del proyecto minero.
Las mujeres dicen que, debido a que en el municipio de Ixtacamaxtitlán hay comunidades indígenas, la minera debió primero consultarles si estaban de acuerdo o no con el proyecto, cosa que no sucedió.
Y así lo cree también Ximena Ramos, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que apunta que ante la presencia de poblaciones indígenas en la zona del proyecto “son aplicables los estándares sobre consulta previa, libre e informada, buscando el consentimiento de las comunidades por el tipo de proyecto e impactos ambientales que se trata”.
A la fecha, la minera no ha hecho esa consulta porque, sencillamente, dice que “no existen etnias susceptibles de ser afectadas en el área del proyecto”, y así lo apuntó en la Manifestación de Impacto Ambiental para que la Semarnat le diera el visto bueno al proyecto.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) emitió en octubre pasado el oficio CGPE/2019/OF/0477 en el que informó que sí identificó 71 localidades con población indígena en Ixtacamaxtitlán, nueve de ellas precisamente en el área de influencia del proyecto minero.
“La información del INPI desmiente las aseveraciones que la minera ha realizado de manera sistemática, que niegan la existencia de población indígena en el lugar”, apuntó en un comunicado la organización Fundar.
Sin embargo, preguntado sobre esto, el vocero Santamaría consideró que, lejos de desmentirlos, el documento “reconfirmó” su postura, que se resume en que, si bien hay “presencia de personas pertenecientes a poblaciones indígenas”, en el área del proyecto no hay comunidades indígenas.
O sea, sí hay indígenas… pero no comunidades indígenas.
A partir de este argumento, la minera considera que no aplica hacer ninguna consulta, aunque esta postura vaya en contra de lo expresado en una reunión que tuvo lugar el 23 de junio del año pasado también en Santa María, donde los pueblos indígenas Maseual y Tutunaku reivindicaron en una asamblea el derecho a la libre autodeterminación y a la defensa de su territorio y del agua.
“Nosotros vivimos de la tierra no del oro ni la plata”
Doña Reina dice que no le convence el argumento de la minera para no hacer la consulta, y critica que han convencido a la gente “a base de engaños”.
“Desde que llegaron ha habido muchos problemas porque prometen muchas cosas y manipulan a la gente. Dan clases de inglés a los niños, reparten regalos el día de las madres, pintan iglesias, pero a muchos lo que nos preocupa es que están trabajando a base de engaños”, plantea Reina.
“Es cierto que aquí falta el trabajo”, tercia doña Chabela. “Pero no a cualquier precio”, matiza. “Ahora mismo, de por sí ya llega muy poca agua a nuestras casas, y si además se abre la mina, pues el temor es que nos quedemos sin agua, o que la contaminen. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a seguir cultivando? Nosotros vivimos de la tierra, no del oro ni de la plata”.
“Esta empresa va a destruir nuestro río -interviene de nuevo doña Reina-. Y el beneficio económico va a ser para ellos. Vienen del extranjero a sacar la riqueza de México y nos van a dejar su desastre a nosotros”.
La minera, por su parte, insiste en que tendrá una inversión inicial en la región de al menos 174 millones de dólares, unos 3 mil 480 millones de pesos -a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar-, de la que saldrán cientos de empleos y desarrollo. Y que, además, dejará en pago de impuestos otros 130 millones de dólares, unos 2 mil 600 millones de pesos, que repartirían de la siguiente manera: 50 millones de dólares para las arcas de Puebla, 30 millones para el municipio, y el resto para la Federación.
En cuanto a las ganancias que obtendrá Almaden Minerals al final de los 11 años de vida de la mina, el vocero Santamaría se limitó a responder que “dependerá mucho del precio de los metales (oro y plata) a lo largo de la vida útil del proyecto”, aunque dijo que “las evaluaciones económicas prevén un proyecto minero robusto”.
Donde sí se expone más a detalle las ganancias estimadas es en los informes que la compañía canadiense elabora para sus accionistas e inversores, como el Technical Report on the Feasibility Study, del 2018.
De un análisis del estudio se deriva que, tras los 11 años de vida de la mina, los ingresos totales esperados ascenderán a 2 mil 241 millones de dólares, unos 48 mil 420 millones de pesos. Los cuales, tras el pago de la inversión inicial, más los costos de la operación, más el pago de los impuestos, dejarán una utilidad neta para la empresa canadiense de 310 millones de dólares, unos 6 mil 200 millones de pesos por la venta de toneladas de oro y plata extraídas de la tierra de Ixtacamaxtitlán.
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