Del terreno político y social, el rechazo a que la Administración del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, remita a los deudores del impuesto predial urbano al Buró de Crédito se amplió a lo legal.La tesorera Ana Ayala Leyva justificó esa medida invocando la Ley de Ingresos de 2020, lo que muchos se resignaron, aunque condenaron esa acción.
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Quedó claro para los ahomenses que esa decisión es por el apetito al dinero de la Administración chapmista para sostener sus privilegios y el tren de vida que llevan a costillas del sacrificio del pueblo.El contexto no le favorece a la Administración municipal porque se está en medio de una pandemia que le ha pegado duro a la economía familiar.Durante meses, las familias no tuvieron ingresos, y cuando apenas están tomando aire por reactivarse las labores, salen con eso.En lugar de apoyarlos, todo indica que la intención es presionarlos y perjudicarlos, porque si la tabla de salvación de las familias humildes es el préstamo menor en alguna empresa o institución financiera, pues no van a acceder al mismo.Sin embargo, ya el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, puso en tela de duda la legalidad de la acción de la tesorera.Polo Palafox asegura que eso es anticonstitucional, lo que solo se demostraría en un juicio que inicie alguno de los remitidos al Buró de Crédito. Incluso, la organización de abogados lo asesorará. No estaría mal que se hiciera un juicio.
