A través de una carta enviada a la mesa de la Cámara Baja, los diputados UDI María José Hoffmann y Juan Antonio Coloma aseguran que la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich -presentada el pasado 13 de septiembre- no fue ingresada dentro del plazo legal establecido por la Constitución, por lo que debe ser declarada como inadmisible.
En el texto, que publica el diario La Tercera, indican que si bien la acusación fue presentada 90 días después de que el ministro fuera cesado de su cargo, el libelo se da por ingresado en el momento en que la sala de la Cámara de Diputados da cuenta de ella, lo que no ha sucedido aún.
“La acusación constitucional debe cumplir con requisitos de forma y fondo expresamente señalados en nuestra legislación”, indican, agregando que “dentro de estos requisitos de forma, se exige la presentación del libelo acusatorio dentro del plazo establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 52 N° 2), a saber, ‘mientras el afectado esté en el ejercicio de su cargo o dentro de los tres meses siguientes a la expiración en su cargo'”.
En esa línea, destacan que la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 37 y el reglamento de la Cámara, en su artículo 329, indican que las acusaciones constitucionales se tendrán por presentadas desde el momento en que se dé cuenta de ellas en la Cámara de Diputados.
“El legislador ha señalado para tener por presentadas las acusaciones constitucionales, no es el momento en que dicho libelo se entrega a la oficina de partes, sino el momento en que la Cámara de Diputados, en su sesión más próxima, da cuenta de la acusación constitucional. Por tanto, en el caso sublite, la acusación constitucional no puede entenderse por presentada aún, ya que no se ha dado cuenta de ella, cuestión que ocurrirá en la sesión más próxima, a saber, martes 22 de septiembre”, aseguran.
En esa sesión del 22 de septiembre, la Cámara “deberá declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad sin más trámite, puesto que habrán transcurrido de forma íntegra los tres meses siguientes a la expiración del cargo que exige la Constitución Política de la República”.
