Houston – Sentada frente a su abogado en un centro de detención de inmigrantes en una zona rural de Georgia, Mileidy Cardentey Fernández se desabrochó el mono de la cárcel para mostrar las cicatrices en su abdomen. Había tres pequeñas marcas circulares.A la cubana de 39 años solo le dijeron que se sometería a una operación para tratar sus quistes ováricos, pero un mes después, todavía no está segura de qué procedimiento se hizo. Después de que Cardentey solicitara repetidamente sus registros médicos para averiguarlo, el Centro de Detención del Condado de Irwin le dio más de 100 páginas que mostraban un diagnóstico de quistes, pero nada del día de la cirugía.
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“Lo único que me dijeron fue: ‘Te vas a dormir y cuando te despiertes habremos terminado’”, dijo Cardentey esta semana en una entrevista telefónica.
Cardentey se quedó con su brazalete del hospital. Tiene la fecha, 14 de agosto, y parte del nombre del médico, Dr. Mahendra Amin, un ginecólogo vinculado esta semana a denuncias de histerectomías no deseadas y otros procedimientos realizados a mujeres inmigrantes detenidas que ponen en peligro su capacidad para tener hijos.Una revisión de Associated Press de los registros médicos de cuatro mujeres y entrevistas con abogados revelaron crecientes acusaciones de que Amin realizó cirugías y otros procedimientos a inmigrantes detenidos que nunca buscaron o no entendieron completamente. Aunque algunos procedimientos podrían justificarse en base a problemas documentados en los registros, la falta de consentimiento o conocimiento de las mujeres plantea serios problemas legales y éticos, dijeron abogados y expertos médicos.Amin ha realizado cirugía u otro tratamiento ginecológico en al menos ocho mujeres detenidas en el centro de detención del condado de Irwin desde 2017, incluida una histerectomía, dijo Andrew Free, un abogado de inmigración y derechos civiles que trabaja con otros abogados para investigar el tratamiento médico en la cárcel. Los médicos están ayudando a los abogados a examinar nuevos registros y más mujeres se están presentando para informar sobre su tratamiento por parte de Amin, dijo Free.
“La indicación es que existe una falta sistémica de consentimiento verdaderamente informado y legalmente válido para realizar procedimientos que podrían resultar en última instancia, intencional o no, en esterilización”, dijo.
La revisión de AP no encontró evidencia de histerectomías masivas como se alega en una denuncia ampliamente compartida presentada por una enfermera en el centro de detención. Dawn Wooten alegó que muchas mujeres detenidas fueron llevadas a un ginecólogo anónimo a quien etiquetó como el “recolector de útero” debido a la cantidad de histerectomías que realizó.La denuncia provocó una reacción furiosa de los demócratas del Congreso y una investigación del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. También evocó comparaciones con esfuerzos anteriores sancionados por el gobierno en los EE. UU. Para esterilizar a las personas para supuestamente mejorar la sociedad: víctimas que eran desproporcionadamente pobres, discapacitados mentales, indígenas estadounidenses, negros u otras personas de color. Treinta y tres estados tuvieron programas de esterilización forzada en el siglo XX.Pero un abogado que ayudó a presentar la denuncia dijo que ella nunca habló con ninguna mujer que se hubiera sometido a histerectomías. Priyanka Bhatt, abogada del grupo de defensa Project South, le dijo a The Washington Post que incluyó las acusaciones de histerectomía porque quería iniciar una investigación para determinar si eran ciertas.”Tengo la responsabilidad de escuchar a las mujeres con las que he hablado”, dijo Bhatt a la AP el viernes. Dijo que una mujer alegó que la presionaron repetidamente para que se sometiera a una histerectomía y que las autoridades dijeron que no pagarían por ella para obtener una segunda opinión.Amin le dijo a The Intercept , que informó por primera vez la queja de Wooten, que solo ha realizado una o dos histerectomías en los últimos tres años. Su abogado, Scott Grubman, dijo en un comunicado: “Esperamos con interés que se conozcan todos los hechos y estamos seguros de que una vez que lo hagan, el Dr. Amin será absuelto de cualquier delito”.Grubman no respondió a nuevas preguntas el jueves.En un comunicado el viernes, el director interino de ICE, Tony Pham, dijo: “Si hay algo de verdad en estas acusaciones, es mi compromiso hacer las correcciones necesarias para asegurar que seguimos dando prioridad a la salud, el bienestar y la seguridad de los detenidos de ICE”.LaSalle Corrections, que opera la cárcel, dijo en un comunicado que “refuta enérgicamente estas acusaciones y cualquier implicación de mala conducta”.Las mujeres alojadas en el centro de detención del condado de Irwin que necesitaban un ginecólogo generalmente eran llevadas a Amin, según los registros médicos proporcionados a AP por Free y el abogado Alexis Ruiz, quien representa a Cardentey. Las entrevistas con los detenidos y sus abogados sugieren que algunas mujeres llegaron a temer al médico.Los registros revisados por la AP muestran que una mujer recibió una evaluación psiquiátrica el mismo día que se negó a someterse a un procedimiento quirúrgico conocido como dilatación y legrado. Comúnmente conocido como D&C, extrae tejido del útero y puede usarse como tratamiento para el sangrado excesivo. Una nota escrita en papel con membrete de la oficina de Amin decía que la mujer estaba preocupada.Según un resumen escrito de su evaluación psiquiátrica, la mujer dijo: “Estoy nerviosa por mi próximo procedimiento”.El resumen dice que ella negó necesitar atención de salud mental y agregó: “Estoy preocupada porque vi a otra persona después de la cirugía y lo que vi me asustó”.La AP también revisó los registros de una mujer a la que se le practicó una histerectomía. Ella informó de sangrado irregular y fue llevada a ver a Amin para un D&C. Un estudio de laboratorio del tejido encontró signos de cáncer temprano, llamado carcinoma. Las notas de Amin indican que la mujer accedió 11 días después a la histerectomía.Free, quien habló con la mujer, dijo que se sintió presionada por Amin y que “no tuvo la oportunidad de decir que no” o hablar con su familia antes del procedimiento.Los médicos le dijeron a la AP que una histerectomía podría haber sido apropiada debido al carcinoma, aunque puede haber opciones disponibles menos intrusivas.Los abogados de ambas mujeres pidieron que se retengan sus nombres por temor a represalias por parte de las autoridades de inmigración.En otro caso, Pauline Binam, una mujer de 30 años que fue traída a Estados Unidos desde Camerún cuando tenía 2 años, vio a Amin después de experimentar un ciclo menstrual irregular y le dijeron que se hiciera una dilatación y legrado, dijo su abogado, Van Huynh.Cuando se despertó de la cirugía, dijo Huynh, le dijeron que Amin le había extraído una de sus dos trompas de Falopio, que conectan el útero con los ovarios y son necesarias para concebir un hijo. Los registros médicos de Binam indican que el médico descubrió que el tubo estaba hinchado.”Ella se sorprendió y lo confrontó por eso, que no había dado su consentimiento para que él continuara con eso”, dijo Huynh. “La respuesta que dio fue que estaban allí de todos modos y descubrieron que existía este problema”.Si bien las mujeres aún pueden concebir potencialmente con una trompa y un ovario intactos, los médicos que hablaron con la AP dijeron que la extracción de la trompa probablemente era innecesaria y nunca debería haber ocurrido sin el consentimiento de Binam.Los médicos también cuestionaron cómo descubrió Amin la trompa hinchada porque realizar una dilatación y legrado normalmente no implicaría explorar las trompas de Falopio de una mujer.La Dra. Julie Graves, médica de medicina familiar y salud pública en Florida, calificó el proceso de “absolutamente aborrecible”.”Está establecida la ley de Estados Unidos que no opera en todo lo que encuentra”, dijo. “Si estás en un hospital universitario y un médico tratante hace algo así, es un escándalo y lo despiden”.Binam estaba al borde de la deportación el miércoles, pero ICE la retrasó después de llamadas de miembros del Congreso y una solicitud de suspensión de emergencia por parte de su abogado.Grubman, el abogado de Amin, dijo en un comunicado que el médico “ha dedicado su vida adulta a tratar a una población de alto riesgo y desatendida en las zonas rurales de Georgia”.Amin completó la escuela de medicina en India en 1978 y su residencia en ginecología en Nueva Jersey. Ha ejercido en las zonas rurales de Georgia durante al menos tres décadas, según documentos judiciales. Los registros corporativos estatales también muestran que Amin es el ejecutivo de una compañía que administra el Irwin County Hospital.En 2013, investigadores estatales y federales demandaron a Amin, la autoridad hospitalaria del condado de Irwin y a un grupo de otros médicos por acusaciones de que facturaron falsamente a Medicare y Medicaid.La demanda alega que las enfermeras del Hospital del Condado de Irwin fueron capacitadas para seguir las “órdenes permanentes” de un médico, descritas como “procedimientos con guión basados en el diagnóstico de la enfermera”. Eso significaba que las enfermeras a menudo decidían los planes de tratamiento, pero se les facturaba a Medicaid y Medicare como si lo hicieran los médicos, según la demanda.Los investigadores vincularon una orden permanente a Amin, alegando que él requería que “siempre se realicen ciertas pruebas en pacientes embarazadas, sin ninguna evaluación médica e independientemente de su condición”.La demanda se resolvió en 2015 sin sanciones conocidas contra Amin. El hospital pagó un acuerdo de $ 520,000, diciendo que ningún médico pagó nada y que había sido “liberado de toda responsabilidad”.La Junta Médica Compuesta de Georgia enumera a Amin como un médico acreditado sin acción disciplinaria pública. El director ejecutivo de la junta, LaSharn Hughes, dijo que los registros de las investigaciones eran confidenciales según la ley estatal.Los fiscales estatales no remitieron a Amin a la junta médica después de la demanda de facturación porque no involucraba acusaciones específicas de daño al paciente, dijo Katie Byrd, portavoz del fiscal general de Georgia, Chris Carr.
