La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia y el negacionismo respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Desde la Corporación señalan que la idea matriz del proyecto es sancionar penalmente a quienes promueven discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, consistan en una apología del odio, capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar, que afecte a un grupo de personas o a sus miembros.
Pese a que se aprobó el párrafo que dice relación a la incitación al odio y la violencia, se rechazó la norma referente a la incitación a la violencia física.
En tanto, la norma que sanciona el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, fue aprobada con 75 votos a favor, 66 en contra y 6 abstenciones.
“Se sanciona así a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar, ocurrida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”, señaló la Cámara Baja.
En el debate, la oposición se manifestó partidaria de poner límites a la libertad de expresión para evitar la discriminación y la violencia.
Es así como la diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz sostuvo que la colisión entre libertad de expresión y los discursos de incitación a la violencia, al odio y a la discriminación está resuelta en pactos internacionales de derechos humanos; y varios países lo han integrado en su legislación, como Alemania, Argentina, Holanda, Brasil, España y Uruguay, principalmente, “sociedades que han sido traumatizadas con el genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
También habló Tucapel Jiménez, quien señaló que “la libertad de expresión tiene un límite, cuando se atenta contra la dignidad de las personas, cuando se violenta a las personas. Las palabras muchas veces causan más dolor y daño que la violencia física”.
En Chile Vamos, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) consideró este proyecto como una respuesta a la violencia con una esencia nociva, ya que a su juicio daña uno de los principales sustentos de la democracia, la libertad de expresión.
Agregó que “el negacionismo es una oda a la censura (…) por pensar y opinar de una determinada forma, donde aparece la policía moral, donde el Estado o grupo de poder dominante determina argumentos válidos, cuál es la verdad de los hechos”.
Por su parte el diputado Diego Schalper (RN) dijo que presentaron una indicación que fue rechazada en la comisión. “Si aquí se pretende sancionar a aquellos que tienen una actitud negacionista respecto de las violaciones a los derechos humanos que se puedan cometer en la historia de Chile, cuesta entender que no se aplique el mismo parámetro respecto de aquellos que niegan violaciones a los derechos humanos actualmente sucediendo en el mundo. Es decir, aquí se sanciona un negacionismo histórico y no un negacionismo actual (…). Esa es la incoherencia”.
