San Salvador.- El Ministerio de Defensa de El Salvador enfrentó este martes duras críticas de organismos internacionales y de un legislador estadounidense por negar a la justicia el acceso a archivos militares para buscar pruebas sobre una masacre en la época de la guerra civil (1980-1992).El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada impidió este lunes a un juez el acceso a sus archivos para buscar pruebas sobre la masacre de El Mozote, en la que cerca de mil personas murieron ejecutadas a manos de soldados.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “la obstrucción del Ministerio de Defensa de El Salvador a la inspección ordenada por el juzgado” de los archivos.El encargado de la diligencia fue el juez de la ciudad de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, quien acudió a las instalaciones del Estado Mayor, pero los militares le impidieron el ingreso.
Derechos Humanos piden que se garantice el acceso a los archivos sobre el conflicto armado salvadoreño. Twitter: @OACNUDH
Este martes, el juez Guzmán en una resolución requirió al presidente Nayib Bukele y al ministro de Defensa, René Francis Merino, que en un plazo de cinco días le remitan “un informe” respecto “a la actuación del coronel Carlos Vanegas”, que le impidió el ingreso al Estado Mayor.También pidió a Bukele y a Merino informen si Vanegas “fue delegado por ambos” para comunicarle “la negativa de acceso a los archivos” y en caso de que sea así informar las razones de la negativa.Este martes la CIDH exhortó a El Salvador a garantizar “el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales”.En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central indicó en Twitter que la inspección de los archivos puede “contribuir al esclarecimiento de la verdad”.
Agregó que la información que se pudiera encontrar serviría para “que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean sancionados y a que las víctimas sean debidamente reparadas”.En tanto, el congresista estadounidense James McGovern cuestionó la medida a través de Twitter. “Las familias de las víctimas merecen verdad y justicia”, dijo McGovern, congresista demócrata por Massachusetts y quien ha visitado la zona donde ocurrió la masacre de El Mozote.Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del batallón Atlacatl del ejército lanzaron una operación de “tierra arrasada” en El Mozote y comunidades vecinas.Según cifras oficiales, la operación dejó 986 muertos, incluidos 558 niños.La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 tras dejar más de 75 mil muertos y desaparecidos.
