El diputado Carlos Leal, que recientemente presentó ante el Congreso de Nuevo León iniciativas para castigar la difusión de información sobre el aborto, y que lo equiparó con un genocidio, presentó este viernes una denuncia penal contra grupos feministas que promueven derechos sexuales y reproductivos en el estado por “apología del delito”.
De acuerdo con un documento membretado con los logotipos del diputado y del Congreso de Nuevo León, difundido por el propio Leal Segovia, el legislador señaló a “colectivos feministas y pro aborto” debido a que “promocionaban e incitaban al acompañamiento como apología de abortos de manera clandestina” a través de redes sociales y páginas web.
En entrevista con Animal Político, el legislador indicó que se trata de grupos establecidos en el estado que ofrecen el servicio de interrupción del embarazo “con medicamentos que requieren de una receta médica”, pese a que “en Nuevo León el aborto es un delito y todo delito tiene que ser perseguido”.
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“Están haciendo una apología del delito incitando a mujeres en estado de embarazo a realizarse un aborto como única opción cuando el embarazo no es esperado. Dimos con las direcciones y números de teléfono de las responsables y todo eso fue entregado a la Fiscalía”, detalló.
En opinión de Carlos Leal, “el aborto no es ningún derecho ni se está violando ningún derecho de información reproductiva, al contrario, lo que estamos previniendo es que mujeres puedan morir en su domicilio por abortos clandestinos”.
El día de hoy realizamos denuncia penal en contra de organizaciones feministas dedicadas a la promoción del delito de aborto en NL.
Ni un paso atrás! #NoAlAborto#ElAbortoEsUnDelito pic.twitter.com/0lb8RpYBYb
— Carlos Leal ?? (@CarlosLealMx) September 25, 2020
Pero, ¿Difundir información sobre métodos para la interrupción del embarazo puede considerarse una apología del delito? Animal Político consultó a la activista feminista Oriana López Uribe y al abogado Kalycho Escoffié, quienes explicaron que la denuncia del diputado no cuenta con un sustento jurídico para proceder contra grupos que publiquen datos sobre aborto, por lo que consideran la acción como un acto de estigmatización y criminalización contra defensoras de derechos humanos.
“A las feministas nos respaldan los derechos”
Oriana López Uribe, vocera de Fondo MARIA, explicó que la labor de los grupos de acompañamiento se encuentra respaldado en la ley en términos de los derechos sexuales y reproductivos, a la libertad de expresión y al acceso a información.
“Debemos recordar que los derechos sexuales son derechos humanos, e incluyen poder decidir sobre nuestro cuerpo. El Artículo 1º constitucional menciona que los derechos son interdependientes e indivisibles, el 3º nos protege para no estar recibiendo información basada en cualquier doctrina religiosa o moral de particulares y garantiza nuestro derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, y el Artículo 4º protege a las mujeres para poder decidir sobre la interrupción del embarazo”.
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Recordó además que todas las entidades federativas cuentan con causales por las cuales se pueden practicar interrupciones del embarazo sin que estas se consideren un delito, por lo que Fondo MARIA y otras organizaciones acompañantes de aborto únicamente difunden información científica basada en los estándares más altos de calidad en salud para informar a las mujeres sobre métodos para realizarlos.
Estos grupos, de acuerdo con López Uribe, saben cuáles son las causales por las que el aborto es legal en cada estado y apoyan con información a mujeres que deciden practicárselo con medicamentos para no acudir a hospitales, particularmente en una crisis sanitaria como la de COVID-19, que mantiene los servicios saturados.
“Brindamos información de manera coloquial para saber exactamente de qué se trata la interrupción del embarazo y cómo funciona. En general es importante conocer sobre métodos anticonceptivos y medicamentos para abortar y lo que hacen a nuestro cuerpo, las dosis recomendables, las dosis recomendadas y cómo actuar en caso de malestar, lo cual incluye el saber cuándo es necesario ir a un hospital”, dijo.
Además, aclaró que el misoprostol, medicamento acerca del cuál se brinda información sobre su uso para interrumpir el embarazo, no necesita prescripción médica y ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud como un método para atender abortos seguros.
A través de redes sociales, el grupo Hablemos de Aborto, radicado en Nuevo León, expresó que las mujeres, colectivas y redes de acompañamiento del estado tienen sus derechos garantizados en la Constitución, y que aunque haya personas desinformadas les pueden demostrar con leyes en mano que “a las feministas nos respaldan los derechos”.
*La negación de Abortos Seguros violan los Derechos Humanos.*
Cuando alguna persona o institución niega un aborto seguro, además de trasgredir el derecho a la salud, se violan los derechos a la libertad y autonomía de las mujeres.#HablemosDeAborto#AbortoLibreNL#28S pic.twitter.com/JOpGyrmHje
— Hablemos de Aborto (@HablemosAborto) September 26, 2020
Estigmatización del aborto y criminalización de feministas
Por su parte, el abogado Kalycho Escoffié, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, explicó que es difícil que proceda la denuncia presentada por Carlos Leal Segovia, debido a que no se puede comprobar que la difusión de información sobre temas de salud sexual y reproductiva incite a que mujeres se practiquen abortos en el estado.
“En primer lugar, aunque efectivamente está el delito de aborto en el Código Penal del Estado de Nuevo León, este tiene causales excluyentes de responsabilidad penal, por lo que no se persigue como delito cuando el embarazo ponga en peligro de muerte a la madre, le provoque daños graves a la salud, o si este es producto de una violación”.
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Por ello, “hablar de aborto en sí no es delito, y tampoco se puede criminalizar temas públicos para que estos no se puedan hablar o discutir, mucho menos una actividad que en sí misma no siempre representa un delito. Además es absurdo pensar que el informar sobre él sea un llamado a cometer un ilícito”.
Escoffié indicó que a ello se suma que la “apología del delito” en Nuevo León cuenta con una redacción ambigua que viola el principio de legalidad a nivel constitucional, pues establece que se comete este ilícito “cuando alguien provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de éste o de algún vicio”.
“El principio de legalidad exige que los delitos que están redactados en los códigos penales, lo que se llama jurídicamente tipo penal y que describe los delitos, estén escritos de manera muy precisa y clara para evitar ambigüedades”, señaló.
En su opinión, “dar información sobre salud reproductiva no es provocar o incitar a que alguien cometa un delito incluso si se considera al aborto como tal, es decir, estos datos no motivan a la gente a que interrumpan embarazos ni existe alguna provocación, porque en estos casos solo se apoya a las personas para que tomen decisiones de manera informada”.
“El derecho a la salud, entre otras cosas, incluye el derecho que tenemos las personas a tener toda la información científicamente disponible con la mayor claridad posible para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos”, abundó.
Sin embargo, más allá de la procedencia jurídica de la denuncia presentada, el abogado señaló que la acción presentada por Leal Segovia tiene un efecto simbólico para posicionar temas controversiales que tienen relación con el reconocimiento de derechos a grupos históricamente discriminados como las mujeres y la comunidad LGBT.
“El simbolismo de las cosas es muy importante, me parece que es muy cuestionable que utilice el logotipo del Congreso de Nuevo León en su denuncia que firma únicamente él. Más allá de la procedencia jurídica de la denuncia, como autoridad no debería utilizar su espacio y sus funciones para criminalizar y estigmatizar a personas defensoras de derechos humanos”, dijo Escoffié.
Mencionó que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales se ha señalado la tendencia que hay en América Latina de hacer uso de ambigüedades en algunos delitos para criminalizar la defensa de derechos, que muchas veces “trabajan los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos porque el Estado no brinda ese tipo de información, aunque es su obligación”.
“Más allá del debate sobre el aborto, que es entendible por las posturas de personas y grupos que se encuentran en contra por diferentes razones, esta criminalización del tema me parece deplorable”, expresó.
Acerca de las críticas contra la denuncia presentada, el diputado defendió su postura y dijo que continuará preparando iniciativas para reformas en el Código Civil de Nuevo León “que aún no reconoce al nonato como persona, para que se homologue con el Artículo 1º de la Constitución del Estado que reconoce la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y en el tema de violencia contra la mujer vamos a colocar una iniciativa para que se reconozcan los homicidios en razón de parentesco ya que es muy difícil tipificar los feminicidios”.
“No vamos a dar un paso atrás”, concluyó.
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