migrante lleva casi un mes encerrado en el AICM



Faarooq Muhammad, pakistaní de 34 años, lleva casi un mes atrapado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) no le permite ingresar alegando que tiene una alerta migratoria y él no acepta regresar a Pakistán, argumentando que lleva un año viviendo en México y que tenía sus papeles en regla.
Hasta el momento, Mohammed ha obtenido dos amparos que impiden a los agentes migratorios regresarlo a Pakistán. Sin embargo, sigue sin poder cruzar. Así que permanece desde el 9 de septiembre atrapado en un espacio conocido como “La Burbuja”, que es el lugar en el que se mantienen los extranjeros que son rechazados o deportados antes de salir del país.
Según denuncia su abogado, Luis Xavier Carrancá Álvarez, de la clínica jurídica de la Universidad Iberoamericana, Muhammad “duerme en una colchoneta en un espacio hacinado y sin ventilación natural, lo que incrementa el riesgo de contagio de COVID-19, y se alimenta de los sándwiches de máquina que él mismo tiene que costearse”.
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Desde entonces, el pakistaní está incomunicado: solo ha podido comunicarse en dos ocasiones con sus representantes legales, a quienes contactó la familia tras constatar que el hombre llevaba desaparecido desde el momento en el que tomó el vuelo hacia la Ciudad de México.
La Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana ha presentado una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se le permita seguir su proceso en libertad o, al menos, al interior de una estación migratoria. Además, pide que los oficiales del INM se abstengan de intentar introducir por la fuerza a Muhammad en algún avión de regreso a Pakistán. También se ha presentado una queja ante la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH).
Animal Político consultó al INM sobre el caso, solo respondió que esperan la resolución final del juez.
Fronteras cerradas por COVID-19
Faarooq Muhammad nació en 1986 en Multán, la quinta ciudad de Pakistán, ubicada al sur de Islamabad, la capital, y cercana a la frontera con la India. Desde 2018 reside en la Ciudad de México, donde convivía con un primo. Su tarjeta de residente, que ya había sido renovada, tenía vigencia hasta el pasado 3 de agosto. En febrero se vio obligado a viajar a Pakistán, desde donde no pudo regresar hasta el 9 de septiembre debido a las medidas restrictivas impuestas ante la pandemia.
Según la ley de migración, los extranjeros a los que se les vence el documento migratorio fuera del país disponen de 60 días para reingresar y regularizar su situación. Muhammad se encontraba en esa situación cuando aterrizó en Ciudad de México. Al llegar al control de pasaportes, sin embargo, se encontró con que los oficiales le impedían el paso. Tras una segunda revisión, fue incomunicado y enviado a una estancia temporal, donde debía aguardar hasta que se decretara su expulsión.
En el caso del paquistaní no cabe hablar de deportación ya que se considera que, hasta el momento, no ha pisado territorio mexicano, explica su abogado.
Nerviosos ante la falta de noticias sobre Muhammad, su familia contactó con la clínica jurídica de la Ibero, que promovió una demanda de amparo indirecto en su favor. Esta fue a parar al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México bajo el expediente 446/2020.
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¿Qué es una alerta migratoria?
En su primera decisión el juez admitió el amparo e impuso la prohibición de que el pakistaní fuese devuelto a su país. Lo que no ordenó fue que se le permitiera ingresar al país. Además, dio permiso para que tuviera contacto con sus abogados. Fue entonces cuando tuvieron conocimiento de las presiones sufridas durante su primera semana de incomunicación por Muhammad.
“Lo intentaron subir a golpes a un avión y le obligaron a firmar documentos que no comprende, ya que no habla español ni inglés”, denuncia Carrancá Álvarez.
Gracias a este amparo, la representación legal de Mohammed pudo saber que el motivo por el que el INM no le permitía reingresar a México era que tenía una “alerta migratoria”.
Según explica el abogado, “las alertas migratorias son un registro de información que avisan que una persona tiene un castigo migratorio que les bloquea trámites o que informa necesidades de captura”.
En su opinión, “el problema es que estas no tienen mecanismos de control, ni obligan a informar sobre su generación a la persona afectada, por lo que no puede defenderse en caso de arbitrariedades, sino hasta que ya le generó un daño”.
Las alertas migratorias vienen mencionadas en la ley pero no reguladas ni reglamentadas. De este modo, un extranjero puede ser castigado por este procedimiento sin saber qué es lo que ha hecho ni en qué momento fue sancionado y solo se enterará que tiene una alerta cuando no le permitan acceder al país o renovar su documentación.
En una solicitud de acceso a la información de agosto de 2019, el INM respondió a Animal Político que en los últimos cinco años se habían impuesto un total de 195 mil 539 alertas migratorias. Entre las personas afectadas hay de todo, desde un bebé de Georgia de un año, hasta un hombre de 74 años originario de Reino Unido.
Sin luz ni ventilación y con riesgo de contagio
Desde el 9 de septiembre, el paquistaní permanece encerrado en las instalaciones de la terminal 2 del aeropuerto. En la denuncia presentada ante la CIDH se advierten sobre las malas condiciones en las que se le mantiene.
“Las instalaciones en las que se encuentra impiden una estancia compatible con su dignidad humana. Estas instalaciones son como una sala de espera con sillas y un pequeño espacio con pocas colchonetas sin cobijas. Dicha sala no cuenta con luz o aire natural. Dentro de este cuarto se encontraba hacinado junto con otras 36 personas que esperaban su rechazo, sin que se garantizaran medidas de salubridad necesarias dada la pandemia. Por lo que se encuentra expuesto a enfermarse”, dice el documento.
El 24 de septiembre los abogados presentaron un segundo amparo que recayó ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el número de amparo 778/2020.
En esta ocasión, el juez facultó al INM para trasladarlo a una estación migratoria, pero sin darle un mandato. Así que Muhammad sigue atrapado en un lugar en el que no debería estar. Según el acuerdo que rige el funcionamiento de estaciones migratorias y estancias provisionales, ninguna persona debe estar más de 48 horas en estos lugares. El pakistaní, sin embargo, lleva casi un mes.
Ante el bloqueo del INM sus abogados han recurrido ante la CIDH. Consideran que el encierro está poniendo en peligro su salud, ya que podría contagiarse de COVID-19. Además, creen que las condiciones en las que lo mantienen al interior de la terminal podrían considerarse “tratos inhumanos o degradantes”, por lo que instan a la intervención de la institución internacional.
Como solución plantean que Muhammad pueda seguir su proceso migratorio en libertad o sea trasladado a una estación migratoria. No obstante, diversas instancias, entre ellas la CNDH, ya han señalado al INM por no garantizar el derecho a la salud al interior de los centros de detención.
El tiempo transcurrido ha deteriorado la salud de Muhammad, según dijo su abogado.
“Hace varios días lo intentaron subir a un avión para ejecutar el rechazo y lo golpearon entre tres al intentarlo”, señaló. Además, “le han salido hongos en manos y pies por la falta de luz y ventilación natural”.
El martes en la tarde el paquistaní recibió la visita de sus abogados, que constataron las malas condiciones en las que se encuentra el migrante. Harto de su situación, Muhammad lanzó un mensaje a través de sus representantes: “Necesito ayuda. Soy un trabajador, no un delincuente”.
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