Cuando sabes que, si pierdes el trabajo, no podrás pagar el colegio o universidad de tus hijos; o que si alguien de tu familia se enferma gravemente, el copago de la clínica será tan grande que tendrías que asumir una deuda millonaria o acudir a donaciones o rifas; cuando la compra de medicamentos depende de tu esfuerzo y trabajo personal; cuando eres un o una profesional, o académica de una universidad estatal como yo, y no tienes línea directa al poder económico ni político; cuando el bienestar de los tuyos depende de tu remuneración y de tu capacidad de crédito a costo de tu salud mental; cuando todo eso sucede, es porque también eres una “patipelada”.
Chile es profundamente desigual. Nos situamos en una de las regiones más desiguales del mundo y por sobre todos nuestros vecinos directos en América del Sur (Argentina, Perú, Bolivia), de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial. De hecho, somos lejos el país más desigual de la OCDE, donde el 1% más rico de la población concentra aproximadamente un 25% de la riqueza.
La mayoría de los profesionales pertenecemos a ese grupo (los patipelados). Si bien tenemos un buen vivir, mientras contamos con el privilegio de un buen salario, al igual que el resto de los chilenos y chilenas, no tenemos garantizado el derecho a una educación de calidad para nuestros hijos, ni a una salud digna para nuestros seres queridos, ni a una renta universal digna en caso de desempleo.
El estallido social, primero, y la crisis iniciada este año con la pandemia del coronavirus, desnudó una vez más nuestras falencias en la protección de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La desigualdad es parte estructural de la historia de Chile, que comenzó con la asignación de tierras realizada en la Colonia a españoles y sus descendientes blancos, marcando el inicio de la clase alta chilena. Este fenómeno que partió en las haciendas, se dio posteriormente en el desarrollo de la minería y se profundizó con la instalación del modelo neoliberal. Así, esta configuración histórica ha involucrado una distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y legal que le da forma a esta altamente desigual distribución de ingresos y de poder político.
La desigualdad tiene que resolverse multidimensionalmente, lo que incluye no solo equiparar ingresos, sino que también privilegios territoriales, las diferencias de género, étnicas y culturales. Para esto tiene que haber un diálogo amplio, donde la élite política y económica esté dispuesta a ceder parte de sus privilegios, donde la academia y las ciencias informen las decisiones políticas y de Estado, donde la educación y la salud sean un derecho garantizado desde la niñez a la vejez, donde la dignidad humana esté al centro de las decisiones colectivas del país.
Mientras no podamos ponernos de acuerdo en este diálogo amplio, el otro 99% de los chilenos y chilenas seguiremos siendo “patipelados”.
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