Estallido social: Amnistía Internacional solicitó investigar a altos mandos de Carabineros por violaciones a los DD.HH.



Amnistía Internacional dio a conocer las conclusiones del informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”. Se trata del análisis que realizó el organismo en el marco de las protestas que se realizaron en el país desde el 18 de octubre de 2019. En el documento, el organismo plantea que se “identificóórdenes tácitas y omisiones deliberadas o culposas por parte de los mandos de Carabineros”, por lo que emplaza a que sean investigados por el Ministerio Público. “La organización considera que tanto los mandos estratégicos como los mandos operativos analizados en este informetuvieron conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando día con día, y el tipo de lesiones que estaban provocando”, señalan. En específico hacen referencia a las víctimas de daño ocular por municiones de la policía, aludiendo al general director, Mario Rozas, indicando que “no limitó, y mucho menos prohibió, la munición TEC Harseim ni hizo modificaciones explícitas al protocolo hasta que se cuestionó la composición de la munición y la cifra de lesionados oculares rebasó los 250 casos. Esto a sabiendas de que el daño ocasionado no sólo lo generaba la naturaleza de la munición, sino también su uso inadecuado”. El documento además indica que “lejos de sancionar los comportamientos violatorios, éstos fueron no sólo permitidos, sino respaldados por el general director, al expresar que a nadie se daría de baja, independientemente de su actuación”. En conclusión, Amnistía Internacional asegura que “agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, incluyendo el derecho a la integridad personal en el contexto de las protestas”.Con ello, plantea que “las posibles órdenes tácitas y omisiones deliberadas o culposas en las que habríanincurrido el general director, el subdirector y el director de DIOSCAR deben ser debidamente investigadas por la Fiscalía Nacional de Chile desde una perspectiva de derechos humanos”.



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