La Alianza por el Campo Justo, integrada por jornaleros y jornaleros agrícolas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que se presentó de manera oficial este miércoles, lanzó una primera demanda al gobierno mexicano: salario mínimo justo para los trabajadores del campo, que, de acuerdo al costo de vida para ellos fuera de sus lugares de residencia, debe ser de 300 pesos diarios.
“Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasa) para que discuta un salario especializado para jornaleros y jornaleras agrícolas, que sea justo y suficiente para quienes hacen posible que la comida llegue a nuestras mesas, haya o no pandemia”, solicitó Haydeé Pérez, directora ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, una de las organizaciones que integran la alianza.
Abel Barrera, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, otra de las organizaciones participantes, precisó que los jornaleros de esa región de Guerrero ganan entre 120 a 150 pesos al día.
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Barrera refiere que de febrero a septiembre 8,800 personas de esa región dejaron su comunidad para ir a trabajar a los campos agrícolas del norte, en lo que es una migración anormal. En estos meses, precisó el director de Tlachinollan, los jornaleros y jornaleras suelen estar en sus comunidades. La migración inicia en octubre y noviembre.
Pero ha habido más demanda de “estos trabajadores que se han considerado esenciales, que no han podido parar para llevar el alimento a la mesa de su familia y de todas las familias, pero a quienes no se les garantiza un salario justo ni sus derechos mínimos”, denunció Barrera.
Además de un salario insuficiente, la Alianza subrayó que la mayoría de estos trabajadores no tienen un contrato, y cuando lo tienen es solo temporal. No cuentan con seguridad social, cuando se enferman, en el mejor de los casos, los patrones les dan un pase para el IMSS que sirve solo para esa consulta. En los campos agrícolas no hay centro de salud, como tampoco hay escuelas o guarderías para los hijos de las familias jornaleras.
Rocío, jornalera de la comunidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tlapa, en la Montaña de Guerrero, contó que los derechos de los trabajadores agrícolas se vulneran desde antes de llegar a los campos de cultivo.
Los autobuses en los que los trasladan son vehículos en malas condiciones que sufren percances y los ponen en peligro de tener un accidente. Además van hacinadas decenas de personas en este momento de crisis sanitaria en el que se ha impuesto como una medida de protección la sana distancia. Pero a ellos les han hecho creer que no tienen derecho de pedir nada. “Hasta los choferes nos gritan y nos humillan”, dijo Rocío.
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La jornalera contó como en los campos no hay un lugar seguro y apropiado para dejar a los hijos. “Una de mis paisanas, de Ayotzinapa, Juliana Reyes Flores, perdió a su bebé de un año en el campo El Gallo, de la empresa, El Sacramento, en Culiacán, Sinaloa. Lo dejó en la guardería y a la hora le avisaron que ya había fallecido. Nunca se aclaró qué había pasado”.
Rocío aseguró que Juliana Reyes pidió una explicación sobre la muerte de su bebé y las cuidadoras de la guardería lo tomaron como un reclamo que ella no tenía derecho a hacer.
“Las niñeras se molestaron. Le dijeron que si reclamaba la iban a correr y sí la sacaron de la empresa con su bebé muerto en brazos. El patrón no hizo nada, nadie hizo nada”, relató la jornalera.
Por toda esa vulneración de derechos, Rocío hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “para que se reconozca ya nuestro esfuerzo. Hacemos jornadas de trabajo triples para que nuestra familia tenga para comer, pero también para llevar comida a la mesa de todos y no es justo cómo nos tratan. No pedimos limosna. Somos trabajadores, pedimos un salario justo y mejores condiciones laborales y de vida. Ya basta. Basta de tanta discriminación”.
Otro problema en estos tiempos de pandemia es que como muchos de los trabajadores se trasladan y deben vivir en condiciones insalubres y hacinados, a veces en galeras con hasta dos familias, se han presentado brotes de COVID aunque no hay un registro total, porque las autoridades no lo han hecho.
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Margarita Nemesio, de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, señaló que se han documentado algunos casos a partir del testimonio de los mismos trabajadores, de organizaciones o de algunos gobiernos municipales, pero no hay un diagnóstico nacional de cómo ha afectado la pandemia a esta población.
Aunque se sabe que sí ha habido al menos una decena de fallecimientos por COVID entre jornaleros, y al menos cuatro brotes en campos agrícolas, pero las cifras podrían ser mucho mayores, debido a la falta de pruebas aplicadas a los jornaleros y al nulo seguimiento y documentación de casos.
Una prueba más del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los jornaleros y jornaleras, reclamó Nemesio.
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