Mientras avanza en el Senado el proyecto de segundo retiro de fondos, aprobado en general y en particular en la Comisión de Constitución, el Gobierno no solo anunció su reserva de constitucionalidad contra esta iniciativa, sino decidió sacar una nueva carta de última hora e ingresó a tramitación su propio proyecto.
El proyecto del Ejecutivo limita los montos y beneficiarios del retiro, excluyendo a las más altas rentas, y establece el deber de reintegro a las cuentas individuales de capitalización individual, aspectos que la derecha trató de instalar pero que han sido rechazados durante la tramitación del proyecto de segundo retiro de fondos impulsado por diputados de oposición en el Congreso.
La decisión del Gobierno se conoció tras la arremetida del propio Presidente Sebastián Piñera contra el proyecto y una larga e intensa jornada de negociaciones de los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; de Trabajo, María José Zaldívar; y Segpres, Cristián Monckeberg, que se desplegaron en el Congreso buscando un acercamiento con senadores de la oposición y el oficialismo.
La opción de un proyecto propio había sido lanzada por senadores de Chile Vamos, y ese fue en definitiva el camino emprendido por el Ejecutivo. Así se dio cuenta al término de la sesión donde la Sala del Senado debatió el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional.
“Lo hemos querido hacer bien, dentro de la institucionalidad vigente. Lo hemos hecho con el apoyo de nuestra coalición y apoyo de cada uno de los parlamentarios”, dijo el ministro de la Segpres, justificando el proyecto que sale al paso de la iniciativa liderada por la diputadas humanista Pamela Jiles y aprobada abrumadoramente por 130 votos a favor en la Cámara.
Sin embargo, desde la oposición inmediatamente cuestionaron la “letra chica” de la iniciativa gubernamental. “No sé con quien conversó el Gobierno, no sé con quién negoció, no logro entender qué tienen en la cabeza, el proyecto tiene varias particularidades”, dijo la senadora DC Ximena Rincón.
Los detalles
El proyecto de Gobierno excluye del retiro a las “personas que a la fecha de solicitar tengan cotizaciones previsionales declaradas en el mes inmediatamente anterior a la solicitud y cuyas remuneraciones sean iguales o superiores a 100 UF”. También quedan fuera del beneficio las “personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad al artículo 38 de la Constitución”, vale decir altos funcionarios públicos.
El texto además limita el monto del retiro a 100 UF. También establece que se pagará en dos cuotas –y no en una sola cuota como establece el proyecto de la oposición: el primero a 60 días de efectuada la solicitud y 10 días después del primer pago. Asimismo, plantea un reintegro obligatorio mediante una cotización adicional a su cuenta de capitalización individual
A juicio de la ministra Zaldívar, el proyecto responde a encontrar “viabilidad dentro de la institucionalidad y resguardar las futuras pensiones”, mientras Briones indicó que con esta presentación se busca “cortar definitivamente esta forma de legislar que puede llevarnos a un tercer o cuarto retiro”. “Este proyecto es más justo, acota el daño previsional y se limita a quienes más lo necesitan”, añadió.
En cuanto a las restricciones que se pusieron a las rentas más altas, indicó que estas personas “no podrán retirar de su cuenta obligatoria, pero del APV podrán retirar aunque tendrán que pagar los impuestos que correspondan”.
El proyecto ingresó a las comisiones de Trabajo y Hacienda, mientras el jefe de bancada RN Rodrigo Galilea pidió que sea abordado en comisiones unidas de ambas instancias para su tramitación.
Reserva de constitucionalidad
El ingreso del nuevo proyecto se concretó luego que la Comisión de Constitución aprobara en general y en particular el segundo retiro. Había 27 indicaciones, pero en esta instancia fue clave la decisión del senador RN Francisco Chahuán de retirar 19 de las indicaciones presentadas, con un claro llamado al Gobierno a “presentar un proyecto con el patrocinio respetivo”, lo que finalmente ocurrió.
En la discusión en particular, la comisión rechazó las indicaciones que apuntaban a restringir el beneficio o fijar un pago de impuesto para las rentas altas, tal cual ocurrió en el trámite de la Cámara de Diputados. En cuanto a las indicaciones aprobadas, la comisión despachó una de autoría del senador Carlos Bianchi que disminuye de 30 a 15 días hábiles la entrega de los fondos, desde la presentación de la solicitud ante la respectiva AFP. Además, aprobó otra indicación de las senadoras Ximena Rincón (DC) e Isabel Allende (PS), Francisco Huenchumilla y Bianchi que persigue el cobro de pensiones alimenticias adeudadas, con el retiro que se solicite.
Sin embargo, el Gobierno no dio su brazo a torcer y a través del ministro Monckeberg ingresó una reserva de constitucionalidad, en una nueva traba que debe enfrentar esta iniciativa.
