Contra la violencia política de género

Los procesos electorales que se efectuarán en nuestro país en 2021 serán por muchas razones un reto para todos los actores sociopolíticos, desde las personas que contenderán por cada uno de los más de 21 mil cargos en competencia, hasta quienes depositarán su voto en las urnas, pasando por las instituciones electorales, jurisdiccionales, gubernamentales y los partidos políticos. Sin duda la relevancia de los comicios está también en su impacto social, pues al menos la mitad de los contendientes serán mujeres, debido a las reformas en materia de paridad, y por tanto la sociedad tiene la oportunidad de llevar a más mexicanas a participar en la toma de decisiones. También se espera la implementación de mecanismos para prevenir, combatir y sancionar la violencia política en razón de género, otro de los grandes lastres que limitan la participación de las mexicanas en los asuntos públicos.
Las recientes reformas legales establecen que se entiende como violencia política en razón de género “todas aquellas acciones u omisiones tanto en la esfera pública o privada, que busquen o tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político electorales de una o varias mujeres, el acceso al ejercicio de un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o bien el acceso y ejercicio a las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.
El Legislativo federal estableció los delitos sancionables con penas que van de uno a seis años de prisión y 50 a 300 días de multa, que pueden incrementarse si la acción que deriva en violencia política de género es realizada por servidores públicos, funcionarios partidistas, aspirantes, o si se comete en contra de una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. Desde el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres en México, uno de los grandes frenos para la participación de las mexicanas en las elecciones ha sido sin duda la constante agresión individual o colectiva por el solo hecho de ser mujer. Quienes hemos competido en procesos electivos desde antes de las reformas de paridad, sabemos lo difícil que fue abrirnos paso en un mundo dominado por inercias y prejuicios machistas, varios de ellos aún presentes en algunas regiones, desafortunadamente.
La decisión que toma una mujer para entrar en el mundo de la política, para competir por un cargo público, no es un acto sencillo. Conlleva una reflexión sobre lo que se ha de sacrificar y el múltiple papel que desempeñamos al mismo tiempo: ama de casa, madre y política, empresaria, profesionista, artista, y varias de nosotras también jefa de familia y responsable del sustento del hogar, sin dejar a un lado nuestra vida de pareja.
He conocido muchas mujeres hechas a sí mismas como grandes triunfadoras en el mundo de las competencias electorales, la mayoría constituyen la base del gran esfuerzo de activismo y promoción de cada partido en calles, colonias, barrios, fraccionamientos, pueblos y ciudades. Y todas con historias de resistencia ante agresiones, acoso, difamación o persecución por motivo de género.
Las leyes ya plantean sanciones y sobre todo la obligación de partidos e instituciones de reforzar los mecanismos de prevención para erradicar todo tipo de violencia política de género, pero es tarea de todos y de todas, del colectivo social, identificar las conductas violentas y combatirlas. Y lo más importante: educar a nuestros hijos e hijas para que construyamos desde ahora el México igualitario, tolerante y democrático al que aspiramos.



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