Licitaciones públicas y privadas, tratos directos y compras por convenio marco. Esas son las diferentes modalidades con las que cuenta la plataforma Chile Compra, la que permite transparentar los procesos que realiza la administración central como los ministerios y las municipalidades en cuando a las compras públicas que realiza.
Al menos, en los tratos directos y convenio marco, al realizar la compra es obligatorio que los entes públicos generen una orden de compra. Pero esto último, según el Observatorio Fiscal, no estaría ocurriendo. De hecho, experimentó un crecimiento este año.
Según un análisis elaborado por el investigador y analista de datos del Observatorio, José Mora, se reveló que el porcentaje de licitaciones que no tienen órdenes de compra asociadas ha fluctuado entre 5,9% y 7% entre 2010 y 2019. Sin embargo, en 2020 hubo un salto a 14%.
La importancia de la orden de compra radica es que es el documento que se encuentra más cercano al devengo del gasto. De esta forma, en la plataforma de Mercado Público es el que más se acerca al valor final pagado.
Los municipios lideran estas compras sin orden. En este tópico, La Granja (1.710 licitaciones entre 2010 y 2020), Los Ángeles (1.398) y Maipú (1.306) están en el podio de los municipios. En cuanto a ministerios, Salud y Obras Públicas comandan el listado. En los primeros destacan las licitaciones del Hospital San José (2.029) y San Borja (990).
Sancionar el no uso de la orden de compra
La directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff conversó con El Mostrador y analizó este aumento revelado por el análisis: “Podría haber una relación con la pandemia, pero también podría haber una relación con el hecho de que el marco regulatorio no es lo suficientemente claro para exigir necesariamente la orden de compra y para además considerar consecuencias, sanciones, en caso de no usar una orden de compra”.
“No es un espacio a propósito, sino que es una regulación pendiente, que esperamos sea corregida el próximo año para el cual está anunciada la reforma a la ley de compras públicas. El Observatorio presentó propuestas en el marco del proceso participativo que Hacienda comenzó sobre esta iniciativa”, añadió.
Una de estas recomendaciones que hicieron fue que “tener una norma clara que precisa que la orden de compra es obligatoria y que puede haber sancionar por no usar la orden de compra”. “La orden de compra es la herramienta que permite monitorear el mercado público. Si hay áreas grises si uno puede, a propósito, no publicar una orden de compra, será muy difícil para la sociedad civil detectar algunas compras que pueden ser especialmente sensibles en materia de riesgo de corrupción”, explicó.
“Se necesita en la regulación explicitar las consecuencias y tener fiscalizaciones asociadas para hacer que la transparencia en el futuro sea útil”, cerró.
San Borja se defiende
Desde el Hospital San Borja explicaron al diario La Tercera la situación, asegurando que “se están desconociendo ámbitos técnicos referentes a los procesos de licitación, que pueden inducir a una errónea interpretación de nuestra gestión de compras públicas”.
“Gran parte de ellas corresponde a lo que se denomina contrato de suministro, el cual se realiza mediante un proceso licitatorio; pero la orden de compra sólo será emitida cuando se entregue el bien o se preste el servicio”, agregaron.
