CNDH pide a DIF Durango intervenir en caso de violencia sexual a niñas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Durango, adscrita al DIF, su “intervención urgente” en el caso de dos niñas de 4 y 5 años que presuntamente fueron violentadas sexualmente por su propio padre, como dio a conocer Animal Político en noviembre pasado.
La madre de las niñas, Mónica Peyro, puso una denuncia por posible abuso sexual desde abril contra quien resultara responsable, pero al ir a terapia en el DIF, en lugar de avanzar en descubrir qué ocurría con las niñas, le recomendaron reconciliarse con su marido, de quien se divorció a finales del año pasado y que trató de quitarle a las hijas, al punto de que fue condenado por sustracción de menores.
Tras varios peritajes y valoraciones médicas y psicológicas, resultó que una de ellas tenía síntomas de penetración y todo apuntaba al padre y el abuelo como figuras de riesgo, por lo que en agosto la madre puso una nueva denuncia por violencia sexual infantil.
Sin embargo, desde entonces no se ha judicializado ni ha avanzado la investigación.
Con estos antecedentes, la Primera Visitaduría de la CNDH envió el oficio CPANF/376/2020 para pedir acciones urgentes directamente a la Procuradora del menor en Durango, Claudia Angélica Tynan López, con copia a la directora general del DIF estatal, Rocío Manzano, además de a la Fiscalía General de Justicia de Durango, al Tribunal Superior de Justicia, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
En ella señala que sin prejuzgar sobre la denuncia de presunta violación sexual, ha habido irregularidades en el proceso y es necesario tomar medidas para proteger a las niñas a la brevedad.
“Esta Comisión advierte diversas irregularidades en la actuación de las autoridades estatales involucradas, que han generado una excesiva dilación en la atención de este caso, perdiendo de vista que, de existir los elementos de convicción que indican la comisión de hechos delictivos en su contra, éstos deben ser valorados por la autoridad competente de manera urgente, y ser el punto de partida para las medidas de protección y restitución de derechos”, señala la carta.
La Comisión incluso subraya que si esto persiste, la actuación u omisión de las autoridades podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales.
La carta enumera cuatro acciones urgentes que al menos se deben llevar a cabo. La primera, es brindarle el servicio de representación jurídica de oficio a las niñas, independientemente de los abogados particulares que tengan, para verificar en qué estado están sus carpetas de investigación, las 10454/2020 y 5356/2020, y que sean dictaminados pronto en beneficio del interés superior de la niñez.
La segunda, hacer visitas de trabajo social para supervisar su situación actual de las niñas y a partir de ahí elaborar un plan integral de restitución de sus derechos.
En tercer lugar, pide que si ya había un expediente del caso en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Durango, se le informe a la CNDH qué acciones urgentes o especiales de protección han adoptado.
Y por último, “adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la revictimización de las personas menores de edad involucradas, en coordinación con las autoridades estatales que resulte necesario”.
La CNDH dio como plazo el 4 de enero de 2021 para que la autoridad local informe el resultado de su intervención en este caso.
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