La jueza del Cuarto Distrito en el estado de Yucatán ordenó la suspensión provisional de obras en el tramo III del Tren Maya al admitir tres demandas de amparo presentadas por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo Chuun t’aan Maya en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MÍA) otorgada por Semarnat a Fonatur.
La suspensión provisional estará vigente hasta que se dicte la suspensión definitiva en el juicio por los actos reclamados. El alcance de la determinación de la juez es para el tramo 3, puesto que en este tramo están asentadas las comunidades representadas en los colectivos, explicaron en conferencia de prensa abogados del Equipo Indignación, organización que lleva la defensa legal de los pobladores.
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Los tres juicios de amparo, presentados el 20 de enero de 2020, impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor de Fonatur, para la construcción del tren.
Tres nuevas suspensiones en contra del proyecto denominado #TrenMaya, evidencian una vez más que el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos del #PuebloMaya a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas de las decisiones… https://t.co/Xga2pO9STW pic.twitter.com/pBEgoRKYMl
— Equipo Indignación (@indignacion_dh) February 17, 2021
Las comunidades argumentaron que por parte de las autoridades promotoras del proyecto hubo violación al derecho a la información, puesto que las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA.
También argumentaron que la violación al derecho a la información a las comunidades afectadas tuvo como consecuencia la vulneración de su derecho a la adecuada participación en las implicaciones e impactos ambientales del megaproyecto del Tren Maya, participación que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tercer argumento fue la omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionándolo por tramos.
Para conceder la suspensión, la jueza argumentó, según se lee en su resolución de la que Animal Político tiene copia: que “dicha determinación (la autorización de impacto ambiental) implica un riesgo preponderante para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y no solo de estos sino de sus descendientes, ya que la naturaleza de tal derecho tiende a proyectarse hacia el futuro, buscando que, a la par de la explotación de los recursos naturales para el bien de la generación actual, también se garantice el disfrute de tales recursos, responsablemente, de las generaciones futuras”.
La juez señaló también que “se estima que es un tema de relevancia para la sociedad en general que se garantice un desarrollo sustentable, esto es, que sin que se impida el progreso de la comunidad existente, se salvaguarde una esperanza de progreso para quienes conformarán esa comunidad en un futuro más lejano.”
La determinación de la juez es solo para “la suspensión de trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies animales autóctonas de los territorios del Estado, hasta que se analice la procedencia de una suspensión con carácter definitivo”.
Estas nuevas suspensiones se suman a las que diversas comunidades de la península y de Chiapas (al menos otras ocho) han obtenido en contra del Tren Maya.
Abogados del Equipo Indignación precisaron que la resolución sobre si se concede o no la suspensión definitiva está fijada para emitirse el 22 y 26 de febrero, pero podría prorrogarse.
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