La batalla judicial por la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ICTL) sigue librándose en tribunales. Luego del revés ante la Corte de Apelaciones de Santiago, las universidades nacionales, regionales y otros gremios que formaron el consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ASDIT) decidieron recurrir ante la Corte Suprema para revertir la decisión de Corfo de poner el proyecto en manos de un grupo formado por universidades norteamericanos y las privadas Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, entre otras.
En fallo dividido, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Hernán Crisosto Greisse e integrada por las ministras Elsa Barrientos Guerrero e Inelie Durán Madina, negó la admisibilidad del recurso ingresado por las casas de estudios nacionales.
La sala consideró que el recurso no era la acción idónea para invalidar la decisión del ente estatal. El fallo contó con el voto en contra del ministro Crisisto, quien estimó que sí hay méritos para conocer del fondo del recurso.
“Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales (…) y de los hechos expuestos (…) se colige que la acción impetrada no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto”.
Las universidades chilenas esperan que el fallo de la Corte de Apelaciones sea revocado por la Corte Suprema y, en definitiva, ordene que el recurso se tramite, de modo que sea conocido en el fondo.
El recurso interpuesto por las universidades de Antofagasta, de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, de Concepción, Católica del Norte, de Tarapacá, Usach y de Talca, solicita además una orden de no innovar y suspender el proceso que implica recursos por más de US$ 193 millones.
Este camino judicial se suma a acciones realizadas por senadores de oposición que presentaron ante la Contraloría una serie de antecedentes que buscan demostrar irregularidades en la licitación y el proyecto de acuerdo aprobado en la Cámara Alta que pide al Presidente Sebastián Piñera declarar desierto el concurso.
