75 mdp perdidos y en riesgo de inundación, dice la ASF



La refinería Dos Bocas, en Tabasco, el principal proyecto del gobierno actual para lograr la “soberanía energética”, inició obra antes de concluir los permisos ambientales correspondientes, lo que provocó que no se tomara en cuenta el riesgo de inundación y erosión que tiene el terreno donde se construye. Tampoco prevé medidas de mitigación para contrarrestar la afectación ambiental en la zona y pese a iniciar de manera apresurada, existe el riesgo que la obra no concluya en 2022 y, por tanto, afecte su rentabilidad.
Además, el gasto de 75 millones de pesos se considera un daño al erario debido a que se realizaron pagos no aprobados o la falta de correspondencia entre el volumen de material y servicios con los monto erogado durante el avance de la obra en 2019.
Así lo informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en seis auditorías realizadas a la obra y que incluye gestión financiera, impacto ambiental y social. Esto como parte de la tercera entrega de informes de Cuenta Pública 2019, la revisión al primer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los riesgos
Pemex encontró 103 riesgos, de los cuales 30% estaban relacionados con la adecuación del sitio y el resto con otros eventos. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación identificó que no se evaluó adecuadamente “los efectos derivados de los riesgos ambientales presentes en la zona en la que se está construyendo el proyecto, en particular el riesgo de inundabilidad de la zona”.
También sobre si la gobernanza y conducción del proyecto sea insuficiente para llevar a cabo una adecuada planeación, ejecución y supervisión debido al cambio en el responsable de Pemex Transformación Industrial a la filial PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. (PTI-ID) y a la tercerización de servicios.
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Respecto de la viabilidad ambiental, el proyecto de inversión advertía que “el sitio presentaba lluvias abundantes en verano, tenía un alto riesgo de inundaciones, el suelo era salino y arenoso, constantemente debían dragarse las terminales del puerto, y existían áreas de poca altitud que podían erosionarse provocando alteraciones del lugar”.
Por eso era necesario que, antes de iniciar con las obras de construcción de la refinería, la SEMARNAT elaborara estudios sobre los impactos y riesgos ambientales, así como que se realizara la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional (MIA-R), el Estudio Técnico Justificativo y el Estudio de Riesgo Ambiental, pero la Auditoría identificó que se iniciaron los trabajos de construcción de la refinería, a pesar de que los análisis de los impactos ambientales eran preliminares”.
Aunque después de iniciar las obras se realizó la Manifestación de Impacto Ambiental, en ella “no identificó los límites ni los recursos naturales ni los impactos ambientales y la inclusión de medidas para su mitigación, que consideraran indicadores para su evaluación, y que incluyera los costos de las medidas por su implementación”.
Esto significó que en el estimado de inversión del proyecto calculado en 166 mil 760 millones de pesos con un Valor Presente Neto de 50 mil 409 mdp y una Tasa Interna de Retorno de 13.0%, con lo que se determinó que el proyecto era económicamente viable, “en los indicadores de Rentabilidad de la Inversión no fueron considerados 285 mil 58 millones de pesos referentes a los costos por la implementación de las medidas de mitigación, determinados con base en el Estudio Técnico Económico”.
La Agencia de Seguridad y Energía y Ambiente (ASEA) llevó a cabo la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, pero más bien “convirtió al procedimiento de evaluación en un trámite”, debido a que “no realizó la evaluación con criterios técnicos, lo que ocasionó que persistieran las debilidades identificadas en su elaboración; así como errores en la autorización de los polígonos”.
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A esto se suma que la ejecución sólo de 4 mil 36 millones de pesos de los 6 mil 214 millones de pesos originalmente previstos para 2019, “incrementa el riesgo de que la refinería no entre en operación conforme lo programado (previsto para 2022), lo que, en consecuencia, podría afectar la rentabilidad del proyecto de inversión”.
El daño al erario
En tanto, en la revisión sobre Inversiones Físicas número 2019-6-90T9N-22-0422-2020 422-DE, la Auditoría determinó que 75 millones de pesos están pendientes por aclarar e incluso se presume un probable daño al erario. 591,093.80 pesos pendientes por aclarar.
Por ejemplo, Petróleos Mexicanos erogó 5 millones 874 mil pesos “por pagos fuera de norma realizados en el contrato PTI-ID-001/2019, a cargo de PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., empresa filial de Pemex Transformación Industrial, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado sobre la carga con maquinaria, acarreo y descarga primer km en camión de materiales de desperdicios (volumen medido suelto).
Otros 5 millones 519 mil pesos fueron gastados para el “despalme del terreno material tipo “A”, con maquinaria (volumen medido en banco)”, contratado a la empresa PTI Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V., empresa filial de Pemex Transformación Industrial, pero “se determinaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado ya que la topografía utilizada en los generadores de las estimaciones”.
Sobre la elaboración de informe parcial para definición del espesor de capa de material para despalme del terreno de la nueva refinería y sobre el informe final de la definición del espesor de la capa de material para despalme del terreno, dichos trabajos ya se habían realizado y fueron pagados en fecha previa, lo que “denota falta de supervisión, revisión y control de los trabajos”, y por lo que se presume un daño al erario por 1 millón 488 mil pesos.
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