No se comprobó abasto suficiente ni ahorros en compra de medicamentos en 2019

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el proceso de licitación de la compra consolidada de bienes terapéuticos (medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio) del segundo semestre del 2019 deficiencias que limitaron la libre competencia entre los proveedoresy en la efectividad del proceso de contratación del servicio integral de logística de almanecamiento y distribución, además no se atendió a cabalidad la necesidad total del abasto de las 27 instituciones públicas participantes, ni se pudo comprobar el alcance de los ahorros. 
Aunado a lo anterior, se determinó un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un total de 8 millones 918 mil 261 pesos que están pendientes de aclarar, ya sea por la falta de documentación comprobatoria del gasto (en el caso de 2 millones 219 mil 859 pesos) o por no haber aplicado penas convencionales a las que se hicieron acreedores los proveedores con los que se formalizaron los contratos. 
Entre las auditorias que presentó la ASF este 20 de febrero a la Cámara de Diputados, y que forman parte del paquete de informes de fiscalización a la Cuenta Pública 2019, se encuentra la de cumplimiento financiero 163-DS a la Adquisición y Distribución Consolidada de Medicamentos y Material Terapéutico. 
Esta auditoría se realizó con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera del presupuesto ejercido en la adquisición de estos insumos para comprobar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 
Para el segundo semestre del ejercicio 2019, el gobierno federal instrumentó la consolidación de la contratación de bienes y servicios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con los objetivos de: transparentar los procedimientos de contratación de manera abierta para todos los proveedores de la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional; establecer los mismos términos de competencia entre todos los participantes mediante esquemas de abastecimientos simultáneo para evitar la alta concentración de compra en un proveedor; e identificar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Para lograr lo anterior se dejó la compra consolidada de medicamentos y material de curación en manos de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Salud, antes el procedimiento estaba a cargo del IMSS. Fue la primera adquisición de este tipo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Entre las insituciones para las que se compraron insumos está el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, Semar además de diversos hospitales y centros dedicados a atender necesidades específicas de la población. 
Aunque la ASF concluye que, en términos generales, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud para el Bienestar cumplieron con las disposiciones, legales y normativas aplicables en la materia, también señala que hubo varias deficiencias. 
En el infomre se documenta que no se atendió a cabalidad la necesidad total del abasto de bienes terapéuticos solicitados por las 27 instituciones públicas participantes.  De las 3,988 partidas requeridas por estas, se licitaron solo 3,257, de las que sólo 1,181 fueron adjudicadas (36.0%).
De las 731 partidas que no fueron licitadas, la Secreataría de Salud no proporcionó información al respecto, ni determinó el estatus de 14 partidas licitadas. 
Se desconoce si las adquisiciones de los bienes beneficiaron a diversas empresas o se continuó comprando con proveedores recurrentes, toda vez que no se dio seguimiento a las contrataciones efectuadas por las instituciones en las 2,807 partidas que no fueron adjudicadas (731 no se licitaron, 1,895 se declararon desiertas, 167 canceladas y 14 sin estatus), entre las que se encuentran medicamentos oncológicos. 
De acuerdo a la información proporcionada por las 27 instituciones públicas participantes, de las 1,181 partidas que sí se adjudicaron, se suscribieron contratos por 5 mil 902 millones 592 mil pesos, de los que, al 31 de diciembre de 2019, se habían ejercido 2 mil 110 millones 999 mil pesos. 
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Falta de competencia 
El informe de la ASF señala que la compra consolidada estaba encaminada a los titulares que cuenten con registros sanitarios de los bienes terapéuticos (es decir a los laboratorios) con el fin de lograr precios más competitivos; sin embargo, la oficina de Naciones Unidas, la UNOPS (que brindó asesoría en el proceso) señaló que aplicar el criterio de titularidad de los registros sanitarios se considera un factor de riesgo, porque se restringe la participación de proveedores históricos en este tipo de procesos (distribuidores). Pero la Secretaría de Salud y Hacienda no hicieron caso de esta advertencia. 
La auditoría también señala que no hubo y debió hacerse una licitación nacional previa antes de proceder a la internacional. 
El proceso de la aplicación de Ofertas Subsecuentes de Descuento y Precios Máximos de Referencia, que se usó en la compra consolidada del segundo semestre de 2019, se consideró, dice el informe de la ASF, de alto riesgo: la combinación de estos métodos y el agrupamiento de diferentes bienes terapéuticos en un mismo proceso de licitación puede desencadenar falta de ofertas y, con ello, tener claves desiertas, desechamiento/insolvencia y/o por inconformidades presentadas por la metodología de la licitación.  
Además, en la investigación de mercado se determinó incluir únicamente medicamentos genéricos, por lo que no se consideraron a los de patente ni de fuente única, lo que limitó la participación de posibles proveedores, afectando el proceso de competencia y libre concurrencia, puesto que existen medicamentos de patente o de fuente única que pudieron haberse adjudicado en partidas declaradas como desiertas.
También se determinaron deficiencias en el proceso de la contratación del Servicio Integral de Logística de Almacenamiento y Distribución de Bienes Terapéuticos para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2019, toda vez que en la investigación de mercado no se acreditó la recepción de 95 cotizaciones, la publicación de la convocatoria ni la documentación del concurso realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Tampoco se sustentó el supuesto de excepción a la Licitación Pública en el que se fundamentó la adjudicación directa, puesto que no se cuantificaron las posibles pérdidas o costos adicionales, ni se designó al responsable de administrar y verificar el cumplimiento de dichos contratos; tampoco se acreditó que las instituciones públicas contaran con suficiencia presupuestal ni se contó con el acuse de recibido de las cotizaciones de las siete empresas adjudicadas y de dos de ellas no se sustentó que contaban con las licencias sanitarias. 
De los contratos para la adquisición de bienes terapéuticos se presentaron 30 remisiones sin contar con la fecha de recepción y aceptación por parte de los operadores logísticos que distribuyeron los bienes; y en 95 remisiones no se contó con el acuse de recepción a entera satisfacción por parte de los operadores logísticos que los recibieron para su posterior distribución. 
Entre las deficiencias también se documentó que no se pudo determinar si se obtuvo una reducción en el precio de los bienes adquiridos y distribuidos, puesto que no se contó con información estadística de los costos ejercidos anteriormente y no se adjudicó la totalidad de las partidas que cubrían las necesidades de las instituciones, además de que no se emitió un documento que evidenciara el ahorro logrado; por lo tanto, no se contó con un parámetro de comparación de costos. 
Como resultado de las defiicencias encontradas en esta auditoría se promovieron 17 Recomendaciones, 15 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones.
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No hubo buena coordinación
En tanto que en la auditoría de desempeño 162-DS hecha solo a la parte de adquisición de medicamentos para fiscalizar que la Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) aseguraron las mejores condiciones disponibles de compra y realizaron un abastecimiento suficiente y oportuno para contribuir a garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los medicamentos también se encontraron deficiencias. 
En opinión de la ASF, la gestión de la Secretaría de Salud y la SHCP en la adquisición consolidada de medicamentos para 2019 fue deficiente al no asegurarse que en la planeación y operación de compra y distribución se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado, ni de su acceso efectivo, universal y gratuito, por lo que no se garantizó el derecho a la protección en salud y que los recursos del sector se ejercieran con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
Los resultados de la fiscalización mostraron que la SHCP designó a la Secretaría de Salud como la responsable de definir la estrategia de contratación de medicamentos, material de curación y material radiológico y de laboratorio, para el segundo semestre de 2019, pero no acreditó los criterios utilizados para determinarlo, ni que haya sido resultado del análisis de las capacidades, funciones y recursos de la dependencia, ni definió los mecanismos de coordinación y responsabilidades de Hacienda como la encargada de planear, establecer, conducir y fungir como área consolidadora de las adquisiciones. 
La Secretaría de Salud no evidenció su colaboración con Hacienda ni con las entidades del sector salud para fortalecer el proceso de planeación para la adquisición consolidada de medicamentos, ni mecanismos de coordinación efectivos para llevar a cabo la planeación del gasto público del sector en este rubro.
Además, Hacienda no acreditó que, con el análisis de los grupos focales que se utilizaron para la planeación de la demanda, se produjera un ahorro presupuestal derivado de la reducción del 43.9% de claves, ni la forma en que el análisis de estas se realizó mediante procedimientos utilizados en las mejores prácticas terapéuticas.
En el expediente publicado en CompraNet de la licitación LA.012000991-E82-2019, dice el informe 162-DS de la ASF, se identificaron 29 expedientes distintos vinculados al procedimiento, donde se verificó que en total se contrataron 24 millones 335 mil 673 pesos en 1,104 pedidos, de los que el 50.0% (12 millones 178 mil 652 pesos) correspondió al tipo de contratación “otras contrataciones” en 444 pedidos, aunque esta modalidad no está definida como un procedimiento de contratación.
Además, no se acreditó que corresponda al total de pedidos realizados como resultado de la adquisición consolidada de 2019; asimismo, la Secretaría de Salud careció de información de los resultados de las adquisiciones de medicamentos que se realizan, por lo que no se garantizó si las compras correspondieron y fueron suficiente para cubrir la demanda 
En cuanto a la contribución a garantizar el derecho a la salud mediante la adquisición consolidada de medicamentos, no fue posible evaluar los avances a 2019, ya que la Secretaría de Salud careció de criterios técnicos y metodológicos para cuantificar la existencia y disponibilidad de medicamentos; del establecimiento y aplicación de indicadores para medir y evaluar su disponibilidad y no evidenció la implementación de actividades para promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los medicamentos.
La  SHCP, por su parte, no acreditó la coordinación con Salud para diseñar y establecer la cadena de suministro de los medicamentos adquiridos de forma consolidada, ni evidenció el procedimiento implementado para establecer los mecanismos de distribución; asimismo, no diseñó mecanismos de control y evaluación para optimizar e impulsar la eficiencia y eficacia de la distribución y abasto consolidado de los medicamentos que garanticen un suministro completo y oportuno a la población.
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