En la Ciudad de México el servicio público de Limpia es una obligación exclusiva del gobierno: la Constitución Política y las leyes mandan que solo la autoridad oficial debe barrer las calles y recolectar las 13 mil toneladas de basura que los capitalinos generan cada día. Pero la realidad de la ciudad más grande de Latinoamérica rebasa a los ordenamientos, pues el personal formalmente contratado es insuficiente para nueve millones de habitantes. Esta alta demanda es subsanada de facto con un servicio extraoficial, no solicitado pero muy bien aprovechado por las alcaldías y el gobierno central: los voluntarios.
Es un ejército de más de 10 mil personas –en el más modesto cálculo- que barren las calles, recogen basura casa por casa, la reciben y separan en los camiones y rescatan los residuos reciclables en el proceso; todo sin un contrato, sin protección y sin ninguna paga. El único ingreso de estos recolectores es lo que ganan con la venta de los residuos a centros de acopio, sumado a las simbólicas propinas que les da la ciudadanía por esta labor: entre 200 y 300 pesos (10 a 15 dólares estadounidenses, USD) en total por día.
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“No es que haya recibido un contrato, que me den Seguro Social, yo tengo que ver por mis propios medios y la forma de salir adelante es con la ayuda de las personas”, dijo a este equipo Francisco Bustamante, barrendero voluntario de Iztapalapa, el municipio más poblado de la Ciudad y de todo el país. “Aparte el barrido es como la vista para la gente, que ve limpio y dicen ‘bueno, te vamos a regalar la propina’. Andar de voluntario es pesado pero es un trabajo y pues bienvenido, la cosa es trabajar para salir adelante”, agregó.
El trabajador de 34 años relató cómo se gana la propina de la ciudadanía, que es su único ingreso: “metiendo y sacando basura, correteando al camión; yo recojo los residuos de las casas porque de ahí viene la propina, de ahí es que yo recibo un pago, no es que el gobierno o alguna instancia me apoye económicamente por el barrido. Según yo, todos los barrenderos deberían estar basificados, recibir un sueldo, y ahora sí: te exijo que barras todo y lo dejes limpio”, expresó el barrendero voluntario.
Aunque el artículo 10 de la Ley de Residuos Sólidos obliga a los gobiernos municipales a contar con suficientes trabajadores para realizar el servicio público de Limpia, durante 2019 la Ciudad contó con un barrendero formal por cada mil 183 habitantes, según cifras de la secretaría local de Medio Ambiente. Asimismo, hubo un camión recolector para recibir la basura de 3 469 habitantes, sin considerar a la población ‘flotante’ que solamente trabaja en la capital pero radica en otra entidad.
Muchos barrenderos recogen la basura casa por casa y la llevan al camión recolector.
Además de subsanar las carencias del servicio oficial sin remuneración, los voluntarios también han salvado del colapso a la CDMX durante la pandemia de Covid19, según el Sindicato de Trabajadores de la Ciudad. Con una aplastante mayoría de hombres en el servicio de Limpia y por lo menos la mitad con una edad entre 50 y 70 años, el conjunto del personal de Aseo constituye una población de alto riesgo –además por la naturaleza de su labor-. Por ello, el gobierno tuvo que mandar a confinar a 50% de su personal oficial durante casi todo 2020.
“Se está cubriendo con ambas partes: una parte la hace la gente de base que tiene la condición de operar, y el resto los voluntarios. Poco más del 50% de los basificados está considerado para poder pasar la pandemia en sus hogares”, puntualizó Julio Miranda, integrante del Directorio del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de CDMX.
Por su parte, el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas confirmó que en su demarcación gran parte del personal de Limpia se confinó por la emergencia sanitaria y son los voluntarios quienes están supliendo esta carencia. “Nosotros estamos trabajando mágicamente con el 30% del personal de ese tipo de áreas, porque es personal que efectivamente tiene una edad avanzada. La actividad se sigue realizando, y ¿quién la realiza? Pues sin duda, quienes se quedaron y en parte los voluntarios”, dijo el funcionario en entrevista con este equipo.
Estado favorecido con el trabajo gratuito
Estas dinámicas laborales son conocidas -aunque no reconocidas- por el gobierno de la Ciudad. En el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México (una compilación anual de datos sobre basura y su gestión) se detalla la participación de los voluntarios y su importancia. “La recepción se favorece con el trabajo de personas sin contrato formal con el gobierno, mejor conocidos como voluntarios, cuyo trabajo consiste en la recuperación de materiales susceptibles a reciclaje y de cuyas ventas obtienen ganancias”, señala la edición 2018 del documento.
El beneficio del reciclaje informal no solo es logístico. Al seleccionar la basura antes de que sea enviada a los sitios de disposición final (proceso conocido como pre pepena), estos trabajadores evitan que 1 803 toneladas de residuos lleguen cada día a los rellenos sanitarios, que cobran 211.84 pesos (10.3 USD) por tonelada ingresada, según cifras del Inventario 2019. Al año, el gobierno de la Ciudad ahorra 139.4 millones de pesos (6.7 millones USD) gracias a la pre pepena.
El Inventario 2018 también admite que los trabajadores voluntarios no solo apoyan al chofer de camión, sino que pueden ser rolados (sic) en las actividades que les sean encargadas, ya sea acompañando a los vehículos recolectores o mediante el barrido manual de calles, lo que según la Constitución, es obligación exclusiva del gobierno.
El alcalde Vidal Llerenas explicó que esto ocurre porque se genera un mercado: por un lado hay una necesidad del gobierno porque con su personal no se da abasto, y por el otro están esas personas que obtienen sus ingresos básicamente de propinas y del reciclaje. “Es algo que se da, una incapacidad de cubrir completamente las necesidades y la posibilidad de que esas personas obtengan ingresos. Es una irregularidad, por supuesto, es algo que se tendría que arreglar”, reconoció el alcalde.
Azcapotzalco fue la única en responder a las solicitudes de entrevista que este equipo hizo en octubre de 2020 a las 16 alcaldías en que se divide la Ciudad de México, siendo la autoridad directamente responsable, para preguntarles por qué no son contratados los voluntarios, si forman parte de un servicio público. Asimismo, se les pidió a través de solicitudes de Información el número y características sociodemográficas de los voluntarios que laboran en su territorio, pero la mayoría los desconoció.
Cuajimalpa reconoce su existencia aunque los desmarca de la alcaldía en su respuesta, “los recicladores informales no pertenecen directamente al área de Limpia, son independientes, por lo que no contamos con los datos solicitados”.
No obstante, el Inventario 2018 tiene otros datos. Seis de las alcaldías le reportaron 3 834 voluntarios apoyando el servicio de recolección en camiones:
Para 2019, cinco alcaldías reconocieron la presencia de 1 249 voluntarios en recolección vehicular:
“Se lo ahorran para evitar responsabilidades, pero ellos saben que hay voluntarios. Yo hice el mismo ejercicio hace algunos años, les pregunté su padrón también y me contestaron como cinco alcaldías nada más. Hacen omisión porque ellos mismos saben que administrativamente pueden contestar de esa manera”, apuntó el líder sindical Julio Miranda.
El beneficio que la Ciudad obtiene con el trabajo de los voluntarios difícilmente es confesado por ellos mismos. Hay pocos dispuestos a hablar –o piden ocultar su identidad- porque temen perder el terreno que han ganado en años de trabajo voluntario, y que ya no les den un contrato o base por revelar cómo la autoridad aprovecha el trabajo gratuito que ellos ofrecen.
El servicio público de Limpia es un escalafón que van subiendo a lo largo de décadas: empiezan como voluntarios y cuando se desocupa una base, se las otorgan. A partir de 2017, un plan del exalcalde Miguel Mancera los incluyó en una modalidad de contratación oficial denominada ‘Estabilidad Laboral’ o Nómina 8, que da contratos temporales (de un año o unos meses), con un salario menor y menos prestaciones que los basificados, pero que abre un escalón intermedio entre tener nada (ser voluntario) y la formalización (ser basificado).
“Si hubiera habido 10 mil y meten a esos 10 mil, ahorita no hubiera voluntarios, pero los hay”, dijo Miranda. De acuerdo con su estimación, 12 mil trabajadores informales fueron contratados, de un promedio de 20 mil que había antes de la formalización, por lo que unos ocho mil quedaron fuera de este programa.
Si bien el reciclaje voluntario se realiza en principio por la necesidad de conseguir un ingreso, sin ellos la ciudad tendría que contratar a otros, indicó Tania Espinosa, Coordinadora para América Latina del programa de Derecho de la red global WIEGO (Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando). “Pero al parecer no les importa porque si se va uno, llega otro”, sentenció.
La ruta del reciclaje voluntario
En Ciudad de México, el ciudadano promedio genera 1.4 kilos de basura cada día. Para desecharla, la recopila en bolsas y espera a que pase por su barrio un camión recolector de la alcaldía; sabe cuando el vehículo llega por el inconfundible repicar de una campana -un sonido totalmente familiar para cualquier capitalino- que ‘camina’ durante unos segundos para avisar a toda la cuadra que es momento de tirar la basura.
En cuanto calla, el ciudadano tiene un par de minutos para salir a entregar sus bolsas a uno de los dos o tres trabajadores que viajan suspendidos en la parte trasera del camión. La ciudadanía no está obligada a pagar por este servicio público, pero la costumbre dicta dar una pequeña propina a los trabajadores que, excepto por el conductor del camión, son voluntarios.
De acuerdo con los testimonios de estos trabajadores, la propina suele ser de entre tres y cinco pesos mexicanos (entre 15 y 25 centavos de dólar) por ciudadano, lo que al final de la jornada sumará alrededor de 200 pesos (10 USD) en promedio para cada trabajador, luego de ser repartido el contenido de esa lata o envase de cloro convertido en urna para las monedas, entre el conductor y los peones de camión.
Esa cantidad se suma a los 100 pesos (cinco dólares) que en promedio obtiene cada uno por la venta de los residuos reciclables, que extraen de las bolsas del ciudadano y llevan a un centro de acopio: cartón, botellas de plástico, latas de aluminio, botes de HDPE (plástico duro), envases de cartón y aluminio, papel, entre otros. En total recaban entre 200 y 400 pesos (10 a 20 dólares), según la cantidad de residuos recolectados, por una jornada de entre seis y nueve horas que inicia a las 06:00 y se cumple seis días de la semana.
En la mayoría de los 2 594 camiones que hay en la Ciudad, el conductor si es empleado del gobierno: tiene contrato, prestaciones, acceso a un sindicato y un salario que oscila entre cinco mil y 14 mil pesos (245 y 685 USD), según la Plataforma de Transparencia; aunque en algunas alcaldías llega a ser menor a tres mil (147 USD) y en otras hasta 18 mil pesos (881 USD), por los bonos.
En la Ciudad de México los recolectores voluntarios comparten su labor con los asalariados.
El conductor tiene a su cargo el vehículo que traslada a todos por el barrio, por lo que la repartición del ingreso lo incluye a él, a pesar de que los peones hacen la mayor parte del trabajo. En muchos casos son familiares o amigos que se apoyan mutuamente con este acuerdo. “El chofer se encarga de pagarnos, ya depende de lo que vendamos, de las propinas, lo dividimos entre los que vengamos”, cuenta Víctor Homobono, recolector voluntario en un camión que recorre la colonia Escuadrón 201, también en Iztapalapa, la alcaldía que más residuos genera en la CDMX.
Su abuelo era titular del camión, después su tío heredó su base y “lo metió” a trabajar con él, junto con otros cuatro voluntarios que se turnan los días laborales. Él gana 150 pesos diarios (7 USD) por vender residuos a un centro de acopio, además de las propinas. En 15 años no ha podido obtener un contrato, cree que esto se debe a que las plazas son otorgadas a conocidos de los burócratas. “Tú sabes que aquí el gobierno con dinero, conocidos o contactos te contrata, entonces así es aquí”, asegura Víctor.
Otros trabajadores formales consultados coinciden en que las plazas no son otorgadas por méritos o años de servicio, sino por amistad o parentesco. Uno de ellos -que solicitó anonimato- explicó que cuando un conductor muere hay otros detrás esperando su lugar, pero si un jefe o sus allegados, o los choferes con mayor antigüedad se “apoderaron” del camión que dejó el fallecido, lo ceden a sus familiares, dejando fuera a los que esperaron por años.
“Digo, yo también, si fuera jefe metería a mis hijos, porque así es. Lamentablemente aunque hagan reportajes esto no va a cambiar, va a seguir igual, porque esto ya viene de muchos años”, admitió el trabajador basificado de la alcaldía Cuauhtémoc. Esta versión fue confirmada por Julio Miranda, quien explicó que las plazas son liberadas por el gobierno de la Ciudad para cualquiera de sus trabajadores (no solo de Limpia), por lo que muchas de ellas son cedidas a familiares o conocidos, dejando sin posibilidad a los voluntarios de Limpia que esperaban una base.
Por su lado, los choferes aceptan que el total de las ganancias que obtiene el camión lo reparten entre todos, e incluso una parte se destina a la reparación del vehículo: “Aquí andamos cuatro personas, entonces tenemos que repartirlo. La mayoría de las refacciones las pagamos con el dinero que nos da la gente y del material que reciclamos”, dice Ricardo Castro, conductor basificado de camión en la alcaldía Gustavo A. Madero –la segunda más generadora de residuos en la Ciudad, según el Inventario-, quien gana un sueldo de seis mil pesos (294 USD) mensuales más propinas.
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El carrito naranja
Víctor González, barrendero de San Rafael, la colonia más antigua de la Ciudad de México.
El ciudadano de CDMX que no puede llevar su basura hasta el camión, tiene otra opción para desecharla: el carrito. Muchos de los 7 603 barrenderos que recorren las calles recogiendo hojas de los árboles y desechos aprovechan el recorrido para ofrecer un peculiar servicio a los habitantes de la colonia: llevarse la basura desde la puerta de su casa hasta el camión, que puede parar cerca o a varias calles de distancia, en un horario indeterminado, casi siempre en horas hábiles.
“Hay mucha gente que nos pide el servicio a nosotros porque no quieren bajar del tercer piso, o porque ya no pueden bajar, o porque se van a trabajar”, relata Braulio Portillo, barrendero basificado. Este servicio adicional también beneficia a las fondas (restaurantes populares), cuyos encargados no pueden dejar solo el local para buscar el camión, por lo que se apoyan de los barrenderos, ya sea formales o voluntarios.
“Los apoyamos en esa situación. Lógico: nos pagan, nos dan unas monedas por hacer el servicio de la recolección de la basura, a todos nos conviene: a ellos les queda limpio y nosotros nos llevamos nuestro dinero”, dijo Portillo, quien complementa su salario del gobierno con las propinas de los colonos y con la venta de los residuos reciclables que recolecta durante su jornada.
Esta improvisada colecta a domicilio tiene, por ello, un costo mayor: entre cinco y 10 pesos (25 a 50 centavos de dólar) por vivienda, aunque el monto sigue quedando a voluntad del habitante. Según la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, hasta 65.4% de los hogares no paga nada por la recolección; y del 34.6% que si realiza algún pago, la gran mayoría (78%) lo hace a través de propina para los recolectores, ya sea contratados o voluntarios.
Pero ellos también deben realizar un pago simbólico, ya sea al camión que se lleva la basura que ellos recogen en las viviendas, o al jefe de sector que les proporciona el carrito o la escoba. Francisco Bustamante, barrendero de Iztapalapa, confirma que a veces “le invita el refresco” al chofer (su cuñado), pues “es como todo, cuando ellos traen te invitan, y si tú traes les invitas. Un favor por otro. A lo mejor es por nuestro parentesco”, admite.
Aunque el uniforme anaranjado que portan es proporcionado por el gobierno a su plantilla oficial, algunos voluntarios también lo usan: según sus testimonios, a veces los formales les regalan uno usado y ellos mismos compran las botas y los guantes; otros compran el uniforme incluso siendo trabajadores contratados. Un recolector de camión en la norteña alcaldía Gustavo A. Madero -que solicitó anonimato- contó que compró el suyo en Puente Negro, un improvisado mercado a las orillas del canal de aguas negras conocido como Río de los Remedios, en el célebre municipio de Ecatepec.
“Cada pieza la dan en 200 pesos, que es camisola y pantalón. Las botas igual te cuestan 200 pesos aproximadamente. Guantes, también tú puedes comprarte guantes. Te cuestan 50 o 70 pesos, hay guantes que compramos hasta de 120 pesos, pero pues eso ya sale de nuestra bolsa”, relató el trabajador de Nómina 8.
Francisco Bustamante agregó que los voluntarios corren los mismos riesgos que los contratados o basificados, pero sin ninguna protección laboral. “Si me accidento, si me atropellan o algo se me cae encima, no existo. No hay una ley o algo que nos proteja, como voluntarios no. En la palabra está: voluntarios, estás aquí porque quieres, no porque te tengan a fuerza, pero pues tenemos que salir a trabajar”, lamentó el trabajador.
Precariedad hasta en la formalidad
Una vez que su carrito está vacío, los barrenderos lo llevan a la bodega de encierro, donde según Víctor González, basificado, pueden guardar algunas pertenencias, bañarse y cambiarse para irse limpios a casa. “Tenemos baño y regaderas, unos nos bañamos después de nuestra jornada de trabajo. Cuando no hay gas aquí en la bodega, medio me lavo y todo, pero habiendo gas y que esté prendido el boiler, yo me meto a bañar”, dijo en entrevista.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH CDMX) emitió en 2016 una recomendación (identificada como 07/2016) en la que acusa el deterioro de las bodegas debido al abandono en que las mantienen las autoridades: “los servicios indispensables como baños (lavabos, retretes y regaderas) no funcionan, están incompletos o no cuentan con conexión hidráulica, por lo que se colocan contenedores con agua”.
Aunque la recomendación data de cinco años atrás, este equipo pudo constatar que la condición de estos centros sigue siendo la misma: excusados sin flujo de agua, tambos para llenarse con una llave descompuesta, instalaciones de agua incompletas y condiciones de higiene tan deplorables, que incluso hay roedores entre los espacios que los trabajadores usan como bodega, ante la imposibilidad de darles su uso original de regaderas.
Bodega de encierro en la alcaldía Cuauhtémoc.
Estas condiciones de trabajo también fueron confirmadas por el líder sindical Julio Miranda: “Hay carritos que no tienen ni siquiera dónde encerrarse, no caben; entonces tienen que ir con el vecino para que amarren su carrito en el poste con una cadena. Ahí mismo sacan su garrafón, se lavan las manos, la cara, se mojan el pelo, se quitan la ropa, se cambian y de ahí agarran su transporte, ¿dónde se van a asear? No hay ningún lugar de esos, en ninguna alcaldía”, sentenció.
El también conductor de camión basificado precisó que hace años hubo baños públicos dentro de algunos campamentos (instalaciones que concentran grandes cantidades de desechos, como la Central de Abasto), pero por falta de mantenimiento se fueron deteriorando. “Lo más que existe es el mismo baño, el que se encarga de darle aseo es un voluntario, y se encarga de poner botes de agua de 20 litros, con calentadores con agua caliente para que lleguen los trabajadores y los que alcancen a bañarse, se bañaron”, puntualizó.
La recomendación 07/2016 de la CDH CDMX representa la primera ocasión en que una institución mexicana puso el foco en este sector, señalando las condiciones insalubres, inseguras y paupérrimas en que trabaja, sin que ningún gobierno les garantice sus derechos humanos y laborales. Entre sus demandas, la Comisión pidió censar a los trabajadores voluntarios, ya que ni siquiera se sabe oficialmente cuántos son, así como dar reconocimiento a su actividad, realizada con recursos del Estado pero no reconocida por el mismo.
Las autoridades aludidas tuvieron un plazo máximo de cuatro meses para cumplir las demandas, pero hasta febrero de 2021, el estatus de la mayoría es “sujeto a seguimiento”, ninguna alcaldía ni el gobierno central saben cuántos voluntarios hay en la Ciudad, ni han reconocido su trabajo como parte de los servicios públicos de Limpia.
La recomendación de Derechos Humanos fue dirigida a las 16 alcaldías, incluida la sureña Tlalpan, entonces gobernada por Claudia Sheinbaum, actual gobernadora de la Ciudad. Aunque se comprometió a cumplir los 13 puntos en un plazo máximo de 120 días naturales, Tlalpan solo concluyó uno durante los dos años que restaron a la gestión de Sheinbaum: realizar un censo de tiraderos clandestinos. El censo de los trabajadores voluntarios y el resto de los compromisos, mantienen el estatus de “sujeto a seguimiento”.
Este equipo cuestionó a la actual jefatura de Gobierno de la Ciudad sobre las causas del incumplimiento de dichos compromisos mientras Sheinbaum estuvo al frente de la alcaldía Tlalpan. Su respuesta fue un documento firmado por Carlos Ulloa (secretario particular de la gobernadora y exdirector de Servicios Urbanos de la alcaldía) con una lista de acciones que llevó a cabo en seguimiento a la Recomendación, entre ellas solicitar el levantamiento del censo de voluntarios, sin precisar si efectivamente se levantó o no. Este equipo solicitó conocer el resultado del Censo, pero la jefatura de Gobierno respondió que eso ya no está en sus manos y que depende del actual gobierno de la alcaldía.
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