En noviembre del año pasado, nos encontrábamos trabajando en el proyecto de contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores/as CBO, sindicato del área de la salud de la única Clínica de Osorno, la Clínica Alemana. Además, y como es común en este sector, es muy feminizado, siendo más de un 75% mujeres trabajadoras, la gran mayoría de ellas madres. Entre asambleas y formularios de google, todas y todos los socios determinaron democráticamente el contenido del proyecto, privilegiando un criterio de equidad: las y los que ganaran menos tendrían un mayor reajuste, para así nivelar un poco la desigualdad salarial. Aún siendo esto ya muy llamativo, lo que nos interesa relevar en este momento del proyecto se encontraba hacia el final, en una cláusula titulada “IGUALDAD DE GÉNERO Y PROTOCOLOS”. Allí, el sindicato pedía algo muy especial: que se actualizara el Protocolo contra la Violencia Laboral existente en la empresa, para que “contemplará acciones de contención y acompañamiento en casos de violencia intrafamiliar por la que se vean afectadas trabajadoras de la Corporación, comprendiendo la afectación que esa violencia significa en el normal desempeño de las funciones de las trabajadoras”.
Luego de 4 meses de negociación, con problemas y con escasas respuestas de la empresa, el 17 de febrero de 2021 el sindicato votó la huelga, y el martes 22 de febrero estaban iniciando la primera mesa de mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo. A pesar de que habíamos insistido en negociaciones previas en este punto, la empresa le había restado importancia, entendiéndolo como una materia por fuera de la negociación. El miércoles 23 de febrero, cuando se presentó una nueva propuesta del sindicato, este punto persistía, comenzando un diálogo en medio de la mediación obligatoria, con el mediador, la relevancia que tenía la violencia de género en las vidas de las mujeres trabajadoras, y cómo hacerse cargo de ello, en un sector tan feminizado como el suyo, donde las trabajadoras no dejaban de ser violentadas por entrar a trabajar -donde se veían afectadas por ello en su trabajo, y donde muchas veces no tenían dónde más acudir- se volvía de vida o muerte. Finalmente, arribamos a un acuerdo explícito con la empresa de trabajar durante el año en conjunto para contemplar apoyo profesional y contención a trabajadoras que estaban sufriendo violencia doméstica. Con la huelga general feminista a la vuelta de la esquina, la empresa entendió el riesgo de tener una huelga dentro de una huelga, y la fuerza de los y las trabajadoras de la primera línea contra la pandemia permitió que firmaran un contrato colectivo con importantes mejoras, en un contexto de negociación colectiva con perspectiva de género.
Este proceso evidencia la urgencia de construir un sindicalismo feminista, y la responsabilidad que las dirigentas sindicales tienen de asumir el poder que recae sobre su rol y utilizarlo para alcanzar mejores condiciones de vida para todas las trabajadoras. En ello, se vuelve central impulsar procesos de negociación colectiva en donde no solo se vea lo remuneracional, sino también se incluya la realidad práctica de las mujeres, y donde se vele porque estas realidades sean efectivamente abarcadas, como lo es la violencia sistemática que sufrimos a diario, y en todas partes. Esta desventaja tan evidente entre hombres y mujeres no es un problema de las mujeres, sino un problema social, que exige al Estado garantizar formas efectivas de asegurar un trabajo sin violencia, y a las empresas asumir su obligación de disponer de las herramientas y seguridades necesarias para evitar y erradicar las situaciones de violencia y generar espacios para nosotras con perspectivas de equidad.
Así, replicar estas experiencias e incentivar procesos de negociación colectiva con perspectiva feminista es indispensable, ya que nos permite visibilizar las existencias de las mujeres trabajadoras como un problema social y político primordial, y en ello aparecemos por fin como sujetas sociales que merecen vivir vidas dignas. Sin duda, una situación que se evidencia cada vez más urgente en ese camino es ocuparse de las situaciones de violencia doméstica que viven las mujeres trabajadoras, toda vez que se arriesgan y muchas veces mueren sin ser atendidas y contenidas por su entorno. La organización sindical es un espacio que hace posible reunirnos y compartir vivencias, relevarlas como centrales en el desarrollo de nuestro trabajo, y encontrarnos en la comprensión de que no estamos solas, y que solo estando juntas podemos auxiliarnos. ¿De qué manera es factible aquello? Estando sindicalizadas, puesto que al estar organizadas se genera un diálogo y cercanía que permite percibir situaciones de riesgo que puedan existir y enfrentarlas de forma colectiva.
El día jueves 04 de marzo se conversaba en una sesión especial del Senado de Mujer y Trabajo la importancia de la ratificación del Convenio 190 de la OIT, sobre la violencia y el acoso. Ya van meses de campaña impulsadas por diversas organizaciones sindicales y feministas por un trabajo sin violencia, que exige a un Estado ciego firmar el Convenio que, entre otras cosas, se hace cargo la repercusión de la violencia doméstica en el espacio laboral. Sin embargo, unos días antes el Sindicato de Trabajadores/as CBO se encontraba negociando colectivamente sobre aquello; es decir, no estando ratificado el Convenio, las trabajadoras sindicalizadas ya identificaban y presionaban mediante su propia organización para lograr avances en el reconocimiento de la violencia laboral y la repercusión de la violencia doméstica en el trabajo. Una vez más, la fuerza de las y los trabajadores va un paso delante de la incapacidad del Estado de resguardar y garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el trabajo, y demuestra la centralidad de impulsar un sindicalismo feminista que releve las experiencias concretas de las mujeres trabajadoras.
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