Retroceso y opacidad en dos años de Gertz al frente de FGR: informe



Ausencia de una estrategia clara y consensuada para perseguir los principales delitos; inexistencia de indicadores que permitan medir sus resultados; una creciente opacidad y nula rendición de cuentas; medidas que propician aislamiento en vez de autonomía; y reformas legales que no apuestan a la transición sino a prácticas regresivas.
Estos son algunas de los principales hallazgos de un informe ciudadano elaborado por especialistas de 20 organizaciones civiles agrupadas con el “Colectivo contra la Impunidemia”, que evaluó los dos primeros años de gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR.
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La evaluación, que se dará a conocer públicamente esta semana, reprueba la gestión de Gertz Manero al identificar que su administración solo ha cumplido en 2 de 34 rubros relacionados con temas como coordinación, transparencia, autonomía, rendición de cuentas, transición hacia una nueva institución, entre otros.
Es una falta de resultados que, según el informe, se agrava ahora por la intención del fiscal y de varios legisladores de derogar la Ley Orgánica de la FGR a solo dos años de haber sido aprobada y sin haberla implementado seriamente, para sustituirla por una nueva ley que regresaría a la Fiscalía a ser una institución “jerárquica, ineficiente, opaca y con pocos controles internos y externos”. Esto sin tomar en cuenta la participación ciudadana.
“El proceso de transformación de la Fiscalía es un tema en el que la ciudadanía ha estado inmersa aún antes del nombramiento del primer Fiscal General de la República, cuando exigió que no hubiera fiscales carnales, se diera autonomía y un nuevo marco legal a la procuración de justicia. Hoy se niega a las organizaciones y personas que han defendido esta batalla el derecho de conocer el estado de la transición y participar en él” señala el informe.
Para concluir que el desempeño del fiscal Gertz no ha sido el óptimo, el informe desglosó en 6 ejes y 34 rubros las acciones, compromisos y requisitos que tendría que haber cubierto la Fiscalía a partir de las disposiciones y reformas legales que entraron en vigor en diciembre de 2018.
El resultado arroja que de los 34 rubros verificados solo dos se han cumplido: el relacionado con la creación de una Unidad de Transición de la PGR hacia la FGR, y el del establecimiento de Lineamientos generales que regulen la Base Nacional de Información Genética.
Hay otros 8 rubros que presentan algún grado de avance sin estar cumplidos del todo, mientras que otros 20 (la mayoría) fueron calificados como incumplidos. Finalmente se identificaron cuatro más donde no hay información disponible que permita evaluarlos.
A continuación, se presentan los puntos clave de los seis ejes evaluados en el informe.
1.Cumplimiento de la Ley Orgánica
De nueve aspectos evaluados en este eje, los únicos aprobados son los dos ya mencionados: el de la unidad de transición y los lineamientos para la Base Nacional de Información Genética. En contraste hay tres rubros en donde el informe considera que no hay avance alguno: el asegurar suficiencia presupuestaria para la transición; la creación de una estructura adecuada para el combate a la lógica criminal; y la convocatoria para la revisión de marco constitucional y legal.
En este último rubro el informe lamenta que se haya utilizado una cláusula incluida en la Ley Orgánica de la FGR que convocaba a una revisión, en conjunto con la sociedad civil, del marco legal a un año de su aprobación, para en vez de ello proponer una reforma que contempla derogar todo lo trabajado. Proceso que, además, se ha hecho sin la participación de los colectivos y organizaciones que en su momento impulsaron la creación de la Fiscalía autónoma.
“En este sentido, la revisión del marco jurídico que rige a la Fiscalía debía ser para mejorar el manejo de la institución y realizar reformas que quedaron pendientes, no para sustituir la ley y hacer de ésta, un instrumento más regresivo, como lo que se está intentando hacer en el Congreso”, indica el análisis ciudadano.
2.Cumplimiento del Plan estratégico de transición
De acuerdo con el informe, de los diez rubros analizados en este apartado ninguno se ha cumplido al cien por ciento. En donde la administración del fiscal Gertz ha avanzado parcialmente es en definir algunos objetivos y metas de la transición, en diseñar las etapas del plan, y en establecer una estrategia para liquidar averiguaciones viejas heredadas por la antigua PGR.
En tanto, se señala como totalmente incumplido el diseño de un esquema de rendición de cuentas con participación ciudadana y transparencia para evaluar el proceso de transición, así como las estrategias de colaboración con otras instituciones y la identificación de plazos concretos para la implementación de la transición.
“Una planeación efectiva requiere el establecimiento de plazos y metas, de lo contrario se corre el riesgo de un estancamiento total de las acciones para lograr los objetivos generales y específicos” indica el análisis.
3.Plan de Persecución Penal
Una de las principales innovaciones de la ley de la FGR es que contempla el diseño de un plan anual donde se defina y enfoquen los principales fenómenos criminales que buscan combatirse, y se establezcan acciones e indicadores que permitan evaluar y de ser necesario corregir el proceso. En los hechos, esto no ha ocurrido.
“Respecto a la definición del rumbo de la persecución penal, los resultados son escasos. Se emitió un Plan de Persecución Penal que no fue consultado con la ciudadanía, tampoco fue cuestionado por los órganos establecidos en la Ley Orgánica como contrapeso y aún no ha sido analizado ni aprobado por el Senado”, indica el informe.
El plan que fue enviado por el fiscal al Senado tampoco esta disponible para su consulta pública, pese a que debería ser un mecanismo de rendición de cuentas. Para conseguirlo, las organizaciones tuvieron que recurrir a una solicitud de transparencia.
Tras analizar el documento obtenido, los expertos concluyen que el plan enviado por Gertz adolece de múltiples aspectos como diversidad de fuentes de información, ausencia de criterios apropiados para priorizar delitos, identificación de funcionarios responsables de su cumplimiento, entre otros.
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4.Autonomía
El informe reprueba la gestión del fiscal Gertz Manero en los dos rubros de este eje: autonomía interna y autonomía externa de la Fiscalía.
En el caso de la externa, el informe sostiene que el fiscal General ha malentendido el perfil autónomo de la institución al pretender que por ello debe dejar de colaborar con otras instancias del Estado, como la coordinación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En contraste, frente al Gobierno no ha mostrado el distanciamiento necesario.
En cuanto a la interna tampoco se han dado los pasos necesarios para garantizar la autonomía técnica de los fiscales especiales, situación que puede agravarse con las nuevas reformas que ahora se plantean y centralizan en la figura del fiscal General todas las funciones claves de la institución.
“De aprobarse la iniciativa, regresamos a la época de nombramientos y remociones por dedazo del Fiscal General, y no por méritos y capacidades, un grave retroceso”, indica el informe
5.Capacidad de coordinación con actores externos
Este es uno de los ejes donde la administración del fiscal Gertz Manero ha mostrado uno de los peores desempeños. De los cuatro puntos evaluados tres están incumplidos: la relación con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Unidad de Inteligencia Financiera, y con Comisiones Especiales de Investigación.
La escasa coordinación con la comisión que coordina la búsqueda de personas desaparecidas es especialmente grave, indica el informe, pues representa “la negación de los derechos a la justicia, la verdad y a ser buscada, así como el desconocimiento de los trabajos realizados con las familias de personas desaparecidas”.
El único rubro que el informe considera cumplido, aunque escasamente, es el de la coordinación con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que agrupa a todos los fiscales del país. De doce reuniones realizadas entre 2020 y 2021, el fiscal Gertz solo asistió a una.
6.Transparencia y rendición de cuentas
El informe ciudadano reprueba completamente el desempeño del fiscal Alejandro Gertz durante sus dos años de gestión en este rubro. De hecho, concluye que su administración se ha caracterizado por la “opacidad y alejamiento de los usuarios del sistema de justicia federal”.
“El Fiscal General se ha conducido poco transparente en la designación de Fiscales Especializado, en la rendición de cuentas de casos relevantes, al tratar de formar un Consejo Ciudadano a modo, al elaborar iniciativas legales sin participación de sociedad civil, academia y otros sectores, al presentar un Plan de Persecución Penal sin apertura”, subraya el diagnóstico.
En ese contexto, el informe considera urgente el nombramiento del Consejo Ciudadano de la FGR, una responsabilidad que el Senado también ha incumplido. Dicho Consejo es indispensable para auditar desde una posición independiente las acciones del fiscal General.
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