El Gobierno oficializó la derogación de dos decretos de la gestión de Mauricio Macri que habían modificado la Ley Electoral, ya que consideró que se habían “excedido las potestades reglamentarias del Poder Ejecutivo”.A través del Decreto 166/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio de baja los decretos 54 y 55 de enero de 2019. Los decretos anulados alcanzaban a ciudadanos y ciudadanas argentinas residentes en el exterior, a personas privadas de la libertad y a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectadas al operativo electoral, y los habilitaba a votar con anticipación.
El mandatario también derogó el artículo 12 del Decreto 233/19, que señalaba que las normas antes citadas serían de aplicación a partir de la elección que tendrá lugar en 2021.”El Código Electoral Nacional no contempla realizar los comicios para grupos determinados por fuera de la fecha fijada para todo el cuerpo electoral”, señaló el Ejecutivo, que, a su vez, consideró que esas normas “constituyen una flagrante violación al orden jerárquico establecido por el artículo 31 de la Constitución Nacional, cuya aplicación impide que un decreto pueda modificar una ley”.”Los mencionados decretos fueron dictados excediendo las potestades reglamentarias del Poder Ejecutivo Nacional, por cuanto en ambos casos se modifica la fecha de una elección que ya se encuentra definida por ley. De acuerdo a lo expuesto, se presenta una contradicción entre las mencionadas disposiciones y el Código Electoral Nacional”, agregó el texto que también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
Ambas directivas habían sido suspendidas en mayo de 2019 por Macri, a raíz de la impugnación de diferentes fuerzas políticas que cuestionaron la utilización de un decreto para cambiar los procedimientos electorales.Diferente fue el caso del decreto 45/2019, que habilitó la votación vía postal y anticipada para ciudadanos argentinos residentes en el exterior. Él mismo fue declarado inconstitucional por la jueza federal porteña María Servini, en mayo de 2019.Tiempo después, la Procuración de la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que ese decreto era “incompatible con los criterios fijados por normas de jerarquía superior que regulan la materia electoral”, básicamente por tratarse de un voto “no presencial”. La Procuración concluyó que, tal como fija la ley, es materia del Congreso de la Nación aprobar esos cambios, de acuerdo a mayorías especiales.
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