Cuando empezamos a debatir la posibilidad de escribir esta columna a cuatro manos, no sospechábamos que el panorama pudiera ser aún peor.
Esta semana se cumple un mes desde que el capitán (R), Miguel Toledo, denunció en el programa Pauta Libre, que existía “una cofradía” en Carabineros de Chile que encubría el robo de madera en el sur para su propio beneficio. Entre las muchas cosas que detalló, su caso es en sí mismo ilustrativo: le fue imposible explotar la madera de un campo, cuyos propietarios originalmente tampoco habían podido realizar la faena, por no contar con la “seguridad adecuada”.
Esta seguridad debía prestarla Carabineros en el fundo de la familia Torres, cerca de Tirúa (zona roja del llamado “conflicto mapuche”), y el negocio implicaba, por lo bajo, unos 200 millones de pesos para Toledo. Pero, según declaró al programa de TV –a poco de presentar una querella ante la justicia, que suponemos se está investigando–, tras sucesivas postergaciones y un autoatentado llevado a cabo aparentemente por los uniformados, la madera finalmente terminó siendo robada no se sabe por quién.
“Todo se basa en la seguridad de la madera y en quién la paga. Hace siete años, planteé a las forestales que tenía drones (…), les ofrecí GPS (para la seguridad) y no lo aceptaron, nadie me hizo caso”, contó.
La denuncia pública de Toledo surgió en medio del debate sobre la necesidad de refundar a Carabineros. Nos hizo sentido y pensamos que se abriría un importante caso periodístico. Un caso de esos que muestra cómo el periodismo contribuye a la democracia. Más cuando los hechos recientes sólo reafirman que la institución policial viene hace rato muy mal: el juicio por el joven empujado al río Mapocho, o la brutalidad policial y la continuidad al reprimir a los manifestantes desde el 18-O hasta la fecha, sumado a cuestiones que ya nos suenan “históricas”: el asesinato de Camilo Catrillanca, el montaje de la Operación Huracán por medio de la cual se intentó incriminar a comuneros mapuches, o la malversación de platas públicas que fue conocida como el PacoGate y que implicó unos 35.000 millones de pesos y la renuncia del general director.
Pero la prensa nacional masiva (léase los cuatro principales canales de TV y los dos principales diarios y sus derivados), no le dio importancia a lo declarado por el capitán (R) Toledo. Salvo algunos medios digitales y unas cuantas radios. Los demás, puro silencio. De esas declaraciones, ya se cumple un mes.
Lo relevante y lo no relevante
El caso Caval, para el que no recuerde bien, es aquel que hizo trizas al gobierno Bachelet II por encontrarse involucrados su nuera e hijo en un supuesto “tráfico de influencias”, que los llevaría a ganar millones al lograr el cambio del Plan Regulador en unos terrenos ubicados en Machalí, y que involucró a Andrónico Luksic al facilitar un préstamo por 2.000 millones de pesos de parte de un banco de su propiedad.
Caval estalló el 5 de febrero del 2015. Estuvo activísimo en todos los medios de comunicación y por allí desfilaron variadas opiniones políticas, se filtraron conversaciones, salieron al ruedo fiscales, hubo incautaciones de materiales en Ministerios y, en resumidas cuentas, Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos se transformaron en unas personas bien indeseables para la mayoría de las chilenas y chilenos. Después de tres años y medio, en julio del 2018, concluyó Caval, con Compagnon siendo condenada por un delito tributario. A marzo del año siguiente, Dávalos seguía siendo invitado para hablar del caso en TVN.
El miércoles 17 recién pasado, en el programa Mentiras Verdaderas, el diputado PPD Rodrigo González detalló y entregó más antecedentes sobre el EnjoyGate, caso surgido en el seno de una Comisión Investigadora de la Cámara, cuyo informe fue votado mayoritariamente a favor, y que involucra a los intereses del Presidente Sebastián Piñera con la licitación de los casinos del mismo nombre, la firma del Decreto Nº 77 para “ayudarlos” (no deben pagar boletas de garantía) y una triangulación de platas desde las AFPs hacia los grandes grupos económicos del país.
“La Superintendencia de Casinos hizo un trabajo muy poco profesional, no leyó las propias señales del mercado (que indicaban que Enjoy estaba en quiebra y aún así ganó la licitación) (…) Pero la situación es aún más grave. Quiero denunciar algo que se derivó de los tres oficios fiscalizadores que envié a Osvaldo Macías (Superintendente de Pensiones), consultándole si efectivamente fondos de pensiones estaban prestando dineros para el salvataje de Enjoy, así como de otras grandes empresas. Y recibí respuestas. Efectivamente me confirmó que los fondos de pensiones están siendo utilizados de manera torcida, a través de argucias, y las empresas en las que invirtió el Presidente de la República (BTG Pactual y Moneda Asset) para estructurar un crédito sindicado, que le entregó 112.000 millones de pesos de las AFPs, a los seis grandes grupos económicos de Chile. Tengo los datos de Embotelladora Andina, de Celulosa Arauco, de Falabella, los fondos del túnel San Cristóbal; empresas que son todas pertenecientes a los grupos Angelini, Solari, Saieh, Luksic, y que recibieron estos dineros que pertenecen a los trabajadores. ¿Cuál es el mecanismo que se usa para triangular? Con mucha creatividad, el señor Massú –que es también un amigo del Presidente y que ha trabajado con él durante mucho tiempo–, ocupó a las Administradoras Generales de Fondos. Éstas son utilizadas para confundir los fondos de las AFPs, que no se pueden emplear para créditos, ni para hacer un salvataje a los grandes grupos económicos”, afirmó el diputado.
Las AFPs invierten unos 79.411 millones de pesos en Chile y 64.907 millones de pesos en el extranjero. De ello, 28.213 millones de pesos se invierten en instituciones financieras y el resto en deuda pública. Lo anterior equivale a 14 casos Caval. La importancia periodística de este tema es evidente.
Mientras escribimos, ninguno de los cuatro principales canales de TV, ni tampoco las dos grandes cadenas de periódicos del país han seguido el EnjoyGate. No han buscado otras fuentes, no han preguntado a otros políticos, no han hecho especiales de prensa, no han verificado en forma alguna las graves denuncias formuladas por el diputado González. El canal La Red emitió el programa, pero recibió pronto un “telefonazo”. Antes de eso, El Mostrador había dado seguimiento al trabajo de la Comisión Investigadora de Casinos desde el 2020. Pero fuera de este medio, después de los dichos del diputado PPD vinculando los intereses presidenciales al caso, ha habido muy poco seguimiento; salvo que el abogado Luis Mariano Rendón interpuso una denuncia en la Contraloría General de la República para que el organismo “fiscalice la conducta del Mandatario”.
Ambas entramos al periodismo en universidades distintas, pero a ambas nos fue enseñado que el periodismo debía ser riguroso e independiente; que teníamos que consultar múltiples fuentes y ser imparciales (es decir, no dedicarnos a los intereses de particulares); que había que obrar en pos de la transparencia; y que, en definitiva, todo ese trabajo serviría para aportar al sistema democrático de Chile. Sin embargo, una mayoría opta por guardar un silencio no inocente. El panorama difícilmente podría ser peor. Así, en el Chile democrático de hoy, un caso WaterGate sería imposible.
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