En 2020 aumentó violencia de género y ataques a defensores de DDHH



En 2020 aterrizó en México la enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2. La respuesta inmediata de las autoridades fueron recortes de gasto público en diversas áreas y falta de equipo de protección individual para el personal sanitario. Y así como los contagios y decesos iban en aumento, también lo fueron la violencia de género y los ataques tanto a los medios de comunicación como a las personas defensoras de los derechos humanos. A su vez, hubo diversos casos de detenciones arbitrarias y forzosas por parte de las fuerzas de seguridad, que en ocasiones culminaron en homicidios ilegítimos.
Además de las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno, que culminaron en recortes de gasto público – excepto en programas considerados prioritarios, como varios proyectos de infraestructura: el NAIM, Refinería Dos Bocas, por mencionar algunos -, en septiembre se disolvieron varios fideicomisos públicos. Entre estos últimos se encontraban algunos que apoyaban la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos y víctimas de violaciones a los mismos.
¿Qué pasó en México durante el año pasado, en plena crisis sanitaria? Este miércoles Amnistía Internacional publicó su informe anual internacional 2020/21, en el cual analizó la situación del país y acciones del gobierno en cuanto a temas que fueron preponderantes, como los homicidios ilegítimos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres y niñas, la libertad de expresión, los derechos de las personas migrantes y refugiadas, entre muchos otros.
Entre homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias y detenciones forzosas
El 5 de mayo fue asesinado Giovanni López Ramírez, albañil de 30 años, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Familiares denunciaron que la policía lo había detenido por no utilizar cubrebocas, y aunque la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y numerosas organizaciones de derechos humanos condenaron este acto, autoridades estatales negaron dar más información al respecto.
Otro caso fue el de Jéssica Silva y su esposo, contra quienes la Guardia Nacional abrió mientras estaban en su vehículo, regresando de una protesta en el estado de Chihuahua. Ella, de 35 años, murió, mientras que su esposo resultó gravemente herido. Después de decir que los elementos habían repelido un ataque armado, la institución admitió que el ataque había sido “un accidente”. La FGR detuvo a los seis elementos implicados.
Para entender mejor: Giovanni fue víctima de ejecución extrajudicial, lo torturaron y su detención fue arbitraria: Derechos Humanos de Jalisco
A raíz del asesinato de Giovanni López se desataron protestas en la ciudad de Guadalajara, en las cuales también se experimentaron detenciones arbitrarias de al menos 27 personas. Los manifestantes fueron secuestrados en vehículos sin distintivo y no se supo de su paradero durante varias horas; ante esto, diversas organizaciones locales señalaron que 20 de estas detenciones podrían ser consideradas como desapariciones forzadas. 
La disposición constitucional que permitía la detención sin cargos (conocida como “arraigo”) tampoco se derogó durante el 2020.
Las desapariciones forzadas cometidas por el estado, como en el caso de los manifestantes de Guadalajara, y las desapariciones a manos de agentes no estatales continuaron siendo un tema en boga, mientras que los responsables de tales actos gozaron de una impunidad casi absoluta, señaló Amnistía. 
Por otro lado, en septiembre, el Senado aceptó la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar casos individuales.
Continuación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa
En julio del año pasado el fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en 2014, anunció que se habían identificado los restos mortales de Christian Rodríguez Telumbre en una barranca próxima a una ciudad cercana a Guerrero.
Las autoridades también anunciaron el rechazo de la versión oficial otorgada por el gobierno anterior – el de Enrique Peña Nieto – por los nuevos órganos encargados de la investigación.
Durante 2020 se emitieron docenas de órdenes de arresto contra funcionarios públicos por su posible relación con el caso, entre los que se encontraba Tomás Zerón, encargado de las investigaciones de la FGR en esos momentos. Se le culpó de tortura, desaparición forzada y alteración de la escena del crimen.
Por primera vez en el caso, señala Amnistía, se dictaron varias órdenes de arresto contra miembros de las fuerzas armadas. Igualmente se detuvo a un militar y a un miembro de la Secretaría de Marina.
El 2020 en materia de género
Recién iniciado el año, en febrero, se cometieron dos feminicidios que provocaron indignación y dieron lugar a una asistencia sin precedentes a las movilizaciones organizadas para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Uno de ellos fue el de Ingrid Escamilla, quien fue desollada y mutilada por su esposo y días después se halló en una bolsa de plástico el cadáver de Fátima Cecilia, niña de siete años.
Durante el año se denunciaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. Los estados con mayores cifras de este delito fueron el Estado de México y Veracruz. Mientras que Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100 mil mujeres.
Por otro lado, las llamadas al 911 incrementaron notablemente. Al final del año se tenían registradas 260 mil 67 llamadas, frente a un total de 197 mil 693 de estas recibidas en 2019.
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Pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, minimizó en varias ocasiones la violencia contra las mujeres, llegando a cuestionar la validez de las llamadas telefónicas a números de emergencia. También criticó las protestas de las mujeres en contra de los feminicidios.
Aunque el gobierno desistió de aplicar las medidas de austeridad y recortar presupuesto a organizaciones en apoyo a la prevención de la violencia hacia la mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) recortó en julio el 75% de su presupuesto operativo, lo cual equivale a 151 millones de pesos.
Fue en septiembre que familiares de mujeres víctimas de feminicidio tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en protesta por la falta de avances de las autoridades en el tema de violencia de género.
Como prueba de esto, Amnistía Internacional señala que un total de 21 “alertas de violencia de género contra las mujeres” seguían vigentes en 18 entidades federativas, pero al terminar 2020 no hubo pruebas de que tales mecanismos hubieran disminuido la violencia.
Ataques y asesinatos de defensores de DDHH y periodistas
Según datos de organizaciones civiles, 24 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en 2020. Continuaron las amenazas y el hostigamiento contra estos activistas. 
En noviembre México ratificó el Acuerdo de Escazú, que incluye medidas de protección para los defensores y defensoras de los derechos ambientales y pertenecientes a pueblos indígenas. Esto pese a que el propio presidente atacó a estos activistas de ser “falsos ambientalistas” después de que expresaran su preocupación y descontento con el proyecto del Tren Maya.
Por otro lado, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantuvo medidas de protección para mil 313 personas, de entre las cuales 887 eran defensoras de DDHH y 426 eran periodistas. Sin embargo, en noviembre se disolvió el fideicomiso que apoyaba este mecanismo de protección.
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Y las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de los medios de comunicación continuaron. Según los datos señalados por Amnistía, al menos 19 periodistas fueron asesinados en 2020.
En agosto un juez federal impuso una pena de 50 años de cárcel para un autor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach, muerta a manos de varios hombres armados en su domicilio de Chihuahua en 2017. 
Por su parte, la tortura y otros malos tratos seguían siendo motivo de honda preocupación, indicó el organismo internacional, ya que la mayoría de las investigaciones por estos delitos eran defectuosas y los responsables rara vez comparecían ante la justicia. 
El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no se había hecho público al concluir el año.
Situación de los migrantes durante 2020
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo no estuvieron exentas del uso excesivo de fuerza y detención arbitraria por parte de las autoridades, ni a los secuestros, agresiones y homicidios a manos de actores no estatales.  
En enero, agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México. Y un mes después golpearon a manifestantes que participaban en una protesta en un centro de detención de migrantes en Tapachula.
Entre abril y mayo se dejaron en libertad a centenares de migrantes recluidos en centros de detención, con motivo de la pandemia por COVID-19; sin embargo, hubo escasa información sobre sus liberaciones y surgió la preocupación de que pudieran haberse producido deportaciones o devoluciones.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 41.227 solicitudes de asilo en 2020, frente a las 70.427 de 2019. Las autoridades migratorias detuvieron a 87 mil 260 personas migrantes irregulares, entre ellas más de 11 mil menores de edad, y deportaron a 53 mil 891 personas, lo que representó una disminución respecto a 2019.
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