Guardia Nacional niega explicar pago a víctimas para evitar investigación



La Guardia Nacional reconoce que las víctimas causadas por sus agentes tienen derecho a acudir a las instancias judiciales al margen de recibir una compensación económica. Sin embargo, no aclara por qué el ofrecimiento de un millón de pesos a las familias de dos asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se hizo con la condición de que se desistiesen del proceso legal. 
En una respuesta enviada a Animal Político la institución rechazó ofrecer datos específicos sobre la oferta realizada a las familias de Jorge Alberto Rivera Cardoza y Martha Leticia Salinas Arriaga, muertos a manos de una patrulla en medio de una persecución. Sin embargo, quiso explicar el funcionamiento de la Unidad de Vinculación Ciudadana, que es la encargada de ponerse en relación con las víctimas que provoca la propia Guardia Nacional. 
“Con independencia de las acciones inmediatas realizadas por la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional, quedan a salvo los derechos de las víctimas directas e indirectas para acudir a las instancias de procuración y administración de justicia, organismo de protección a los derechos humanos, y en su caso presentar los recursos legales a que haya lugar, con lo que se complementaría dicha reparación”, dice la respuesta enviada por la Guardia Nacional.

Según la institución de seguridad, su trabajo “debe llevarse a cabo con un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos, lo que conlleva el cumplimiento de dichas obligaciones y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales de todas las personas”.
Reconoce que, con motivo del actuar de su personal, “en algunas ocasiones de manera desafortunada ocurren casos en los que se afecta la salud física, emocional y/o patrimonial de las personas que de manera circunstancial se encontraban en el lugar de los hechos, sin ser agresores de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. 
Para los momentos en los que civiles son afectados por agentes de la Guardia Nacional, la institución dispone de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional, que “tiene como único fin, atender de forma inmediata las necesidades que puedan tener las personas afectadas y/o sus familiares, buscando aminorar los efectos adversos que se pudieran presentar”.

Según este escrito, esta unidad opera “en concordancia con la Ley General de Víctimas” para dar ayuda “provisional, oportuna, y rápida, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante”. Los ofrecimientos que realizan los oficiales de la Guardia Nacional son: recursos económicos para alimentación, transporte, alojamiento temporal en condiciones dignas y seguras; cubrir los gastos de la atención médica y/o psicológica que requirieran los afectados, procurar que ésta se les proporcione, en cantidad y calidad suficiente; sufragar gastos de sepelio, reponer o reparar bienes muebles o inmuebles, entre otros y, por último “procurar en todo momento que los efectos negativos emocionales, físicos, psicológicos y económicos de los agraviados sean de la menor intensidad posible”.
Leer más: Dos muertos por disparos de Guardia Nacional en Nuevo Laredo, pobladores los confrontan
En el caso de Rivera Cardoza y Salinas Arriaga, muertos por la acción de una patrulla que estaba en una persecución en Nuevo Laredo, la Guardia Nacional elude dar detalles por tratarse de “información confidencial”.
Tanto la viuda de Rivera Cardoza, Viridiana Promotor, como una fuente conocedora de estas conversaciones, confirmaron que la Guardia Nacional se hizo cargo de los gastos funerarios y ofreció un millón de pesos, así como sufragar el apoyo psicológico, siempre y cuando las familias firmasen un convenio en el que se comprometían a renunciar a seguir adelante con el proceso ante la Fiscalía General de la República. 
El mecanismo para indemnizar a víctimas de la Guardia Nacional viene regulado en la “Directiva para la atención inmediata y reparación integral del daño de personas presuntamente afectadas en sus derechos humanos por parte del personal de la Guardia Nacional durante el desarrollo de operaciones de seguridad pública”. Se trata de un documento aprobado el 4 de septiembre de 2020 en el que se especifica cómo actúa la unidad de vinculación y los pasos a seguir en caso de que una víctima reciba una compensación. 
Según este documento, los oficiales de la Guardia Nacional deben coordinar con la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) antes de establecer el convenio en el que se formaliza la oferta. El monto que la Guardia Nacional debe pagar viene regulado en la Ley General del Trabajo y no debe exceder los 20 mil días de salario mínimo, que con la cifra actual de 141.7 pesos alcanzaría los 2 millones 820 mil pesos de indemnización. 
En hechos como los de Nuevo Laredo o la muerte de un guatemalteco a manos del Ejército en Chiapas la oferta fue de un millón de pesos. 
Una vez formalizado el convenio, la CNDH deberá emitir un acuerdo “donde se señale que todo ha quedado concluido”, dice la directiva. Posteriormente intervendrá el Ministerio Público, que deberá certificar que el agraviado ratifica el convenio y manifiesta “que se le ha reparado el daño y, en su caso, otorgar el perdón”.
No deja clara la directiva si este perdón implica que no actúe la Justicia, como los oficiales de la Guardia Nacional solicitaron a las víctimas de Nuevo Laredo, o si, como dice el comunicado de la fuerza militar, existe todavía la posibilidad de buscar el castigo de los victimarios. 
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