Esta mañana fue presentado el segundo monitoreo social a la ley de interrupción del embarazo (IVE) en tres causales y el acceso a salud sexual y reproductiva, este monitoreo es una forma de participación ciudadana dirigida a evaluar o auditar el desempeño público en la implementación de decisiones de política pública. En este caso, es la segunda vez que la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia realizan este ejercicio de fiscalización ciudadana.
Su finalidad es observar la implementación de la política pública que habilita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo IVE en tres circunstancias: riesgo vital, inviabilidad fetal incompatible con la vida y violación sexual a las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes en Chile.
También se observó la atención en salud sexual y reproductiva (SRR) en la crisis del Covid-19, profundizando en las realidades territoriales e incluyendo una perspectiva interseccional que considera la pertenencia a pueblo originario o afrodescendiente, el habitar el mundo rural, tener la condición de migrante, ser lesbiana, trans, o vivir con alguna discapacidad.
Los resultados muestran que, en los seis territorios monitoreados, la realización de interrupciones voluntarias del embarazo se mantuvo durante la pandemia, pero los problemas y obstáculos identificados en el monitoreo de 2019 no se han superado, y en algunos casos se han producido retrocesos en la atención.
Es grave la ausencia de información sobre el aborto legal, sobre todo cuando se conoce del aumento de la violencia y la violencia sexual al interior de las familias contra mujeres y niñas en los peores meses de la pandemia. En las entrevistas, las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios, y no como resultado de la difusión de una política de salud.
En la red asistencial, la objeción de conciencia se mantiene como una barrera para acceder al aborto legal, así como la obstrucción de profesionales que no se declaran objetores, pero que tramitan pidiendo mayores evaluaciones de las necesarias, o felicitan a las mujeres por sus embarazos o hacen comentarios religiosos a ver si cambian de opinión.
En la atención de salud sexual y reproductiva, los déficits previos a la crisis sanitaria se han agudizado debido a la discontinuidad en las atenciones, la orientación de no ir a un establecimiento de salud salvo situaciones de emergencia o sospecha de COVID, así como el temor al contagio de las propias mujeres que evitaron acercarse a los consultorios.
La atención de salud estuvo centrada en las gestantes -control prenatal y parto- y el o la recién nacida. Luego de semanas se retomó la entrega de anticonceptivos, no sin dificultades, tal como mostró la tardía información sobre lotes de anticonceptivos defectuosos que fueron distribuidos en la red asistencial. Las demás prestaciones como papanicolaous, mamografías, y manejo de infecciones de transmisión sexual, se suspendieron y sólo se han ido retomando recientemente. El personal de salud expresa temor respecto del impacto de estas postergaciones sobre la mortalidad y enfermedad de las mujeres –por ejemplo, cánceres no detectados a tiempo.
Un grupo particularmente afectado es el de adolescentes y jóvenes: cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, faltaron estrategias para mantener el contacto y la información con esta población. Veremos consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados.
El monitoreo también da señales respecto de otras deficiencias de la atención en salud sexual y reproductiva a poblaciones específicas con necesidades particulares, como las personas en situación de discapacidad y la comunidad LGBTI+, a quienes claramente no han incorporado el sistema de salud.
A las mujeres y personas gestantes con discapacidad se las infantiliza en su sexualidad, y se las excluye, pues no hay información pensada en términos de accesibilidad universal, ni personal capacitado para entregarla. Por su parte, son muy escasos los establecimientos y profesionales que dan respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las lesbianas y las personas trans.
En todos los territorios, las usuarias declararon haber vivido situaciones de maltrato en la atención. Particularmente durante la juventud, adolescencia o durante el parto.
Finalmente, las entrevistas expresan que lo que se ha podido hacer en acceso al aborto en tres causales y en atención en salud sexual y reproductiva ha dependido en mucho del compromiso de los equipos de salud y de las mismas mujeres de esos equipos. Si bien se agradecen las voluntades de profesionales que tienen un interés por resguardar el acceso a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos, esto debería ser una garantía estatal.
En suma, los hallazgos del monitoreo son preocupantes y debieran llevar a acciones urgentes de parte del Ministerio de Salud.
