Un juez otorgó una suspensión contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La sentencia, dictada por el juez Juan Pablo Gómez, establece que la reforma podrá aplicarse solo hasta que se resuelva la constitucionalidad de los cambios aprobados el pasado 22 de abril por el Senado.
El fallo, que resuelve un recurso de amparo presentado por algunas empresas afectadas, suspende los efectos de cinco de los artículos reformados de la Ley de Hidrocarburos pues “podrían llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.
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Además, el juez consideró que los cambios normativos otorgan una ventaja competitiva a Pemex, lo que permitiría que “retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética”, aprobada en 2013 por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector, con la consecuente afectación para los consumidores finales”, argumentó el juez.
En marzo pasado, el mismo juez Juan Pablo Gómez otorgó una suspensión contra la Ley de la Industria Eléctrica, también impulsada por el presidente y cuyo objetivo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En aquel momento, el magistrado alegó la protección de la libre competencia y concurrencia en los mercados.
Dudas sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos
De aplicarse, la reforma a la Ley de Hidrocarburos permitiría que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía puedan suspender y revocar permisos a empresas privadas para actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
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Durante la discusión de la reforma, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, los legisladores de oposición cuestionaron los alcances que tendría de aprobarse.
Entre otras cosas, se dijo que la reforma daña la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y que el único objetivo es beneficiar a la Secretaría de Energía y no a los consumidores.
También se cuestionó el que no hubiera oportunidad de escuchar a expertos ni de considerar sus estudios en materia energética.
Desde el inicio de su administración, López Obrador ha sido un detractor de la reforma energética de Peña Nieto al considerar que atentó contra la soberanía nacional, buscaba el desmantelamiento de Pemex y favorecía únicamente a las empresas privadas.
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