El exdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar no será investigado por el presunto desvío de 82.8 millones de pesos en el caso La Estafa Maestra.
De acuerdo al diario Reforma, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió, por mayoría, “conceder en última instancia el amparo al ex funcionario contra la reapertura de la indagatoria, al concluir que el delito que le imputaban, el uso ilícito de atribuciones y facultades, está prescrito”.
El amparo fue concedido en la instancia de revisión contra la decisión del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, “quien había ordenado reabrir la investigación”, explicó el medio de comunicación.
El 5 de abril de 2019 se abrió una investigación contra Lozada Aguilar a partir de una denuncia hecha por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
En la denuncia también se pidió que se extendiera la investigación a Pedro Javier Muñoz, rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), Tobías Francisco Ruiz y Juan Manuel Prieto Alonso, los dos últimos representantes de dicha institución.
En el documento se señaló a los exfuncionarios como presuntos responsables del desvío de 82.8 millones de pesos en un convenio suscrito el 30 de marzo de 2012 entre Pemex PEP y la UPCH, que se realizó por servicios de asistencia en perforación y producción de pozos petroleros, informó Reforma.
En el momento que se llevó a cabo la firma del convenio, Lozada era el administrador del activo de Producción en Cantarell y estaba adscrito a la subdirección de Producción Marina Noroeste de Pemex.
“El monto del desvío corresponde a la diferencia entre el contrato original por 140 millones de pesos con un acuerdo modificatorio de hasta 6 millones de pesos adicionales, y el pago de los servicios que subcontrató la universidad, por 64.4 millones de pesos”, explica el mismo medio.
Sin embargo, el contrato tuvo una conclusión de forma anticipada el 14 de marzo de 2014, de acuerdo con el expediente.
Dos meses después, el 2 de julio del 2019, la FECC resolvió archivar la investigación “por falta de elementos”, además, consideró que desde el 29 de junio de 2018 “había prescrito el delito”.
Con información de Reforma
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