La pasada elección inició un ciclo que llegará a su fin recién el segundo semestre de 2022, cuando la nueva Constitución Política entre en vigencia. Los y las convencionales dispondrán de un plazo de nueve a doce meses para redactarla. Sesenta días después se plebiscitará. Es decir, si la Convención comienza a funcionar en julio próximo, previsiblemente este ciclo estará cerrado hacia fines de septiembre del año que viene.
Una larga espera, en la que, como la historia ha mostrado, pueden suceder muchas cosas. Por lo mismo, habrá que estar muy atento. Usando una socorrida metáfora futbolística: como lo que está teniendo lugar es un cambio en las reglas del juego, muchos intentarán hacer el máximo de goles posibles antes de su modificación.
Sé que más de alguien dirá que lo dicho es injusto y que no se puede andar siempre tratando de ver bajo las piedras. Para fundamentar lo afirmado quisiera dar dos ejemplos. Hay más, pero pienso que estos bastan para ilustrar el origen de esta aprensión.
El primero se refiere a la fundación de universidades privadas a partir de las leyes de 1980, promulgadas bajo la dictadura. Hasta que Patricio Aylwin asumió la Presidencia de la República, el 10 de marzo de 1990, se habían creado 26 instituciones. Entre 1980 y 1983 sólo se fundaron cuatro. Recién en 1988, el mismo año del plebiscito que derrotó al general Pinochet, se crearon otras siete: cinco antes del referéndum y dos después. Este ritmo se mantuvo en los años 1989 y 1990, con siete y ocho respectivamente. Lo interesante es que estas ocho fueron fundadas entre inicios de enero y el 10 de marzo. La última, la Universidad Bernardo O’Higgins, el 7, un día después de las Universidades del Pacífico y Los Leones, y a tres de asumir el nuevo gobierno.
¿La razón de esta prolífica actividad fundacional? El próximo cambio de las reglas del juego, que llevó a muchos a suponer que afectaría los requisitos para crear instituciones de educación superior y, por lo mismo, había que apurarse. El resto es historia conocida.
Un segundo ejemplo es la promulgación del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante Decreto Supremo Nº 40, de 30 de octubre de 2012, y que entró en vigencia el 24 de diciembre de 2013. Este reglamento introdujo cambios importantes en los procesos de evaluación, que redundaron en mayores exigencias ambientales para la aprobación de proyectos. Por ejemplo, estableció más restricciones al proceso mismo, operacionalizó por primera vez la consulta indígena, incluyó nuevos ambientes protegidos, entre otros.
En los meses de octubre a diciembre de 2011 se ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 426 proyectos. En los mismos meses del 2012 fueron 360 y en igual tiempo en 2013 llegaron a 524. Lo más interesante, sin embargo, es que de estos últimos, 335 se presentaron entre el 1º y el 23 de diciembre, es decir, hasta un día antes de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento y, por lo tanto, de las nuevas exigencias.
No se trata, entonces, de ser mala leche, ni de querer ver permanentemente bajo las piedras o de buscar siempre denostar a determinadas personas o grupos. La historia nos muestra que ante cambios en las reglas del juego hay quienes intentan aprovechar hasta el último minuto las posibilidades que un sistema, no siempre pensado para beneficiar a la mayoría, les brinda. No sería extraño tampoco que esta tendencia se agudice, ya que en esta ocasión y por primera vez en la historia de Chile, quienes construyan las nuevas reglas no serán los mismos de siempre. De ahí la particular necesidad de estar alerta, para que los goles no sean demasiados.
Como todo velorio, se deberá hacer en vigilia. Pero no sólo para velar a la difunta, sino también para asegurarse que los deudos más cercanos no desvalijen la casa antes de la llegada de los demás herederos.
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