La declaración firmada por 34 constituyentes electos -básicamente independientes e integrantes de la Lista del Pueblo- en la que piden “no subordinarse” al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y plantean “seis garantías democráticas para el desarrollo de la Convención” -entre ellas la libertad de los presos del estallido- motivó un intercambio entre los representantes electos del distrito 3 y 11, Cristina Dorador (Movimiento Independientes del Norte) y Hernán Larraín (Evópoli), respectivamente durante un seminario organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) y El Mostrador.
En el foro, moderado por el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, y a raíz de una pregunta sobre su disposición hacia la participación ciudadana vinculante en el proceso constituyente, el extimonel de Evópoli interpeló a la científica por su firma en la declaración.
“Me llamó la atención ver la firma de Cristina Dorador en la declaración que hizo un grupo de convencionales el que solicitan seis garantías constitucionales. En el fondo y en la forma desconocen el acuerdo del 15-N y declara soberana a la propia constituyente”, sostuvo el constituyente de Chile Vamos, alineándose con otras voces de su sector y la exConcertación que han hecho sonar una campanada de alerta en este tema.
De acuerdo a Larraín Matte, “esas declaraciones son delicadas”, dado que “afectan las reglas y legitimidad” del proceso. “Eso es parte del acuerdo del 15-N y eso fue ratificado por los chilenos en el plebiscito del 25 de octubre de manera muy masiva, ese 80% que dijo Apruebo a las reglas que estaban en la reforma constitucional”, indicó.
Dorador, a su turno, replicó que “la Convención Constitucional jurídicamente es un órgano soberano que tiene el poder constituyente original. Todo lo que hemos estado hablando va en esa línea, en cómo nosotros nos presentamos a poder analizar distintos mecanismos, ya sea de participación, de varios otros tipos, en que la Ley Nº 21.200 es insuficiente. Con ese espíritu yo firmé la convocatoria”, explicó.
“Esto es parte también de los diálogos que vamos a tener con mucha altura, espero, y abriéndose también a distintas posiciones. Tranquilidad. Así se vive la democracia, con bastante apertura”, finalizó.
Al replicar los argumentos del expresidente de Evópoli, Dorador insistió en que “fueron las personas, en las calles, las que exigieron sus derechos, hubo una salida política, lo entendemos. Hubo un acuerdo por la paz. Pero lo que se votó en el plebiscito, fue si queremos una nueva Constitución. Así que creo que esto queda en el margen de la discusión política”.
Con todo Larraín insistió en que los convencionales deben “cuidar este proceso efectivamente cumpla con las expectativas y los desafíos que vienen”.
Participación vinculante
El debate surgió cuando se consultó a los convencionales sobre los mecanismos de participación directa en el proceso de la Convención, y abrir la cancha a formas vinculantes, como eventuales plebiscitos -por ejemplo- donde se pregunte por derechos universales, como han planteado algunos convencionales selectos.
En el seminario, la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, destacó que un piso básico para que la participación ciudadana sea posible dentro del proceso constituyente es la transparencia, ya que “si no existe transparencia, acceso a la información, información de manera permanente, es muy difícil que se dé esa participación” y que “si no es inclusiva no contribuye a la democracia”.
Según Larraín, hoy la democracia en Chile “está viviendo una crisis de legitimidad y por eso es importante cuidar el proceso constituyente”. “Es fundamental que la ciudadanía participe activamente de este proceso. Es valioso que se complementen espacios de participación institucional con mecanismos de participación ciudadana”, dijo y destacó que debe ser amplia, incidente, igualitaria e inclusiva. Sin embargo, fue enfático en señalar que frente “a las propuestas respecto de lo vinculante, no las comparto”.
Para la científica, en tanto, el “llamado de democracia directa es el de participar, del clamor de las personas en participar en este proceso”. A su juicio, esto requiere “garantizar mecanismos abiertos e inclusivos, que no existan brechas de acceso para las personas”, no solo transmisión vía internet sino incluso por televisión para llegar a todos los rincones del país.
La científica insistió en que este tema deberá ser resuelto por la Convención a la hora de fijar el reglamento, y deberá considerar la diversidad de los integrantes del órgano encargado de redactar la futura Carta Magna. “Hay muchas ideas dando vuelta (…) hay que escuchar, estar abierta a distintas opciones, podría ser un plebiscito, podrían ser las consultas. Pero también hay un tema de presupuesto no menor. Si queremos garantizar participación e inclusión pareciera ser que el presupuesto asignado bastante bajo y eso también deberá revisarse”, indicó.
Inhabilidades y lobby
Sobre las inhabilidades que puedan producirse en alguna discusión y con miras a la discusión del reglamento que regulará el funcionamiento de la Convención, Dorador destacó que “ante cualquier duda, mejor abstenerse; primero parte por uno en lo de conflicto de interés, asumirlo y darlos a conocer y abstenerse”.
En tanto, el convencional Larraín destacó que “el CPLT y otros organismos han avanzado mucho en estándares que pueden ser muy funcionales para que la convención no invente la rueda e identifique las mejores prácticas”, en materia de transparencia, regulación del lobby e inhabilidades.
