Que los conflictos en La Araucanía se agravaron en los últimos años no es novedad. Sin embargo, lo que resulta incomprensible es la incapacidad del Estado y la clase política de adoptar medidas que contengan la violencia y abran las puertas a una solución a un problema que daña a las comunidades mapuche y a toda la región. Al respecto, creo que es conveniente aclarar algunos puntos.
En primer lugar, los conflictos fueron generados por el Estado hace ya más de 170 años, por la violencia con la cual llegó a la región, provocando heridas y desconfianzas que aún perduran. Más tarde no fue capaz de contener esa violencia, tampoco los abusos e injusticias, no solo contra el pueblo mapuche, sino también contra otros grupos que se instalaron en La Araucanía. Se trata de una historia marcada por dolores e invisibilizada por quienes manipulan el poder. Es cierto que el conflicto que más preocupa es el del Estado con el Pueblo Mapuche, pero no es el único. El de la región contra Santiago no es menor.
Razón tienen diversas organizaciones mapuche para rebelarse contra un Estado que los trató de “animales de rapiña”, “hordas de salvajes a las cuales había que exterminar por el bien de la humanidad”, que les expropió sus tierras, los empobreció y los sigue desconociendo como Pueblo-Nación, con derechos sobre el territorio, grados de autonomía y un trato que postergue definitivamente la discriminación. Y razón tienen también algunos emprendedores regionales a los cuales una alta autoridad de gobierno en los años 80 los mandó a “comerse las vacas”, cuando se desplomaron los precios de la leche. Por esos mismos años, El Diario Austral recogió numerosas quejas de los agricultores por los efectos de las políticas neoliberales impuestas por las cúpulas de Santiago. “No veo ninguna salida”, señalaba uno de ellos, mientras otro agregaba que la agricultura estaba quebrada, descapitalizada y sumergida en un pantano sin fondo, para seguir denunciando hoy que se sienten desprotegidos y cansados de recibir migajas.
La llegada de las empresas transnacionales, principalmente las forestales, complicaron aún más el panorama. Diversos estudios han demostrado que no solo son una amenaza a los recursos naturales, sino que han empobrecido a la región y, particularmente, a las comunidades mapuche. Por lo mismo, viven en un clima de amenazas y daños que lamentablemente se extiende a otros sectores, causando muertes dolorosas que enlutan a diversos hogares.
En medio de este panorama tan desalentador, se abren esperanzas. Hay más conciencia de que los problemas deben resolverse, que el pueblo mapuche establece demandas justas, que las empresas que operan en la región deben cambiar sus prácticas, que hay voluntad de amplios sectores de impulsar un diálogo distinto que disipe las desconfianzas; que la seguridad debe dar paso a la paz y que somos nosotros, en La Araucanía, los llamados a resolver los conflictos que nos afectan, obligando al Estado y a la clase política a renunciar a sus posturas mesiánicas que los hacen creer que son los salvadores del país.
Por último, que la nueva Constitución se hará con la participación de genuinos representantes del Wallmapu y lúcidos representantes del Pueblo Mapuche, capaces de sentar las bases de un Chile plurinacional y pluricultural; de un Chile más justo, democrático de verdad, solidario, capaz de respetar la diversidad y con una clara decisión de superar la pobreza y el individualismo que se impuso en las últimas décadas.
Jorge Pinto Rodríguez, es director Instituto Ta Iñ Pewam de la Universidad Católica de Temuco
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