Una ex trabajadora de una estación una de servicio de la localidad de Guaymallén, Mendoza, denunció a sus empleadores por obligarla a vestir una calza de un talle menor al suyo como parte de su uniforme reglamentario.La justicia mendocina falló a favor de la mujer y ahora la empresa deberá indemnizarla por daños morales con la suma de 150 mil pesos. En el veredicto, tres jueces determinaron que la denunciante sufrió de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer.El conflicto tuvo lugar en 2012 y, casi 9 años después, se llegó a dicha resolución. En aquel entonces, la víctima solicitó en reiteradas oportunidades que la dejaran vestir las mismas prendas sueltas que usaban sus compañeros varones pero no se lo permitían.En más de una oportunidad, tomó prestado el pantalón de un compañero. La denunciante argumentó que constantemente recibía comentario sexistas y libidinosos de parte de varones que circulaban por el lugar y que no se sentía cómoda en su lugar de trabajo.Como reprimenda sus jefes la sancionaron “por haber sido advertida en reiteradas oportunidades del uso del uniforme completo obligatorio”, situación que se repitió en reiteradas oportunidades. Luego la despidieron por negarse a seguir usando la calza de un talle menor al suyo.Este último hecho fue el detonante para que la mujer llevara a cabo una denuncia por despido discriminatorio. Su sentencia marcó un antecedente muy importante en temas de aplicación de la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres.
Según la decisión del máximo tribunal, la empresa impuso “un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento”, ya que “la imposición de vestimenta claramente sexista importa una cosificación y degradación del cuerpo”.Uno de los jueves afirmó que “el motivo de disputa pasa por el hecho de que a la accionante se la obligaba a usar unas calzas en contra de su sentido del pudor y debía soportar frases inapropiadas de los transeúntes varones”.
