El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es un tipo de maltrato que se da en todas las sociedades, culturas y niveles educativos, económicos y sociales. Por eso es importante que el Estado y la sociedad se hagan cargo de este maltrato infantil, que incluye dimensiones físicas y psicológicas que amenazan y alteran el desarrollo normal de los menores de edad.
Para conocer las distintas implicancias conversaron Jorge Escudero, especialista técnico en Niñez de World Vision y del programa Prevención de Agresiones Sexuales; Andrés Mosca, psiquiatra infanto juvenil del Hospital Sótero del Río y especialista en tratamiento de menores con vulneración de derechos; Mónica Jeldres Salazar, abogada y jueza presidenta del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, y Catalina Fernández, psicóloga y subgerenta de Políticas Públicas de la Fundación Amparo y Justicia.
Los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA) es un tema a partir del cual las instituciones necesitan permanentemente estar actualizadas. “Siempre hemos pensado que la violencia va camuflándose para evitar ser descubierta. El gran desafío que tenemos es conocer que las instancias que se tienen de prevención necesitan ir cambiando de acuerdo al contexto histórico y político”, planteó Jorge Escudero, de World Vision, ONG que desarrolla un programa enfocado en la enseñanza de conductas de autoprotección ante agresiones sexuales presenciales u online.
“Estos temas se deben hablar no solo en contexto de emergencias, cuando el incendio ya está (…) cuando se habla abiertamente fuera de este contexto de emergencia es más fácil para las familias digerir esta información, que no es fácil conocerla y entenderla”, agrega.
Por su parte el psiquiatra infanto juvenil Andrés Mosca, recalcó que el abuso sexual “es una problemática de salud muy grave porque tiene muchas repercusiones sicológicas, del ámbito sexual-reproductivo”.
Anualmente se reciben alrededor de tres mil adolescentes víctimas de abuso sexual en la red asistencial. Por eso “para llegar de forma más oportuna se requiere que la gente sea informada, pero que también tengan una respuesta más eficaz de qué hacer. Si las personas que intentan consultar por abuso se encuentran con un muro donde no reciben ayuda y se les critica, obviamente no lo van a hacer”.
El proceso jurídico y la protección de NNA
El proceso jurídico por el cual deben pasar las víctimas de estos abusos puede llegar a ser largo y frío. La jueza de Familia Mónica Jeldres sostuvo que “nuestro país tiene que empezar a dar efectividad en el derecho de los NNA”.
El proceso implica la preparación de profesionales idóneos “que acompañen a los niños y con una expertise mayor en estas temáticas”. Además, “es vital contar con una prevención, dar una primera contención, no solo desde lo jurídico sino de alguien que acompañe al niño, durante todo el proceso”.
La especialista y máster en Tutela Judicial Efectiva de Derechos Fundamentales de Género y Menores cree que es necesario realizar modificaciones importantes en el proceso judicial porque hay “una lejanía de lo que ocurre en el proceso de familia y lo que ocurre en tribunales”. “La mayoría de las veces [el abusador] es del círculo cercano, a veces son los padres y ese niño tiene que seguir viviendo con el padre o la madre”.
Otra arista importante en los procesos judiciales fue la promulgación de la Ley 21.057 que realiza las entrevistas videograbadas a las víctimas para prevenir la victimización secundaria que afecta a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, durante su tránsito por el proceso penal
Catalina Fernández, de Fundación Amparo y Justicia, explicó que como institución se dieron cuenta “hace muchos años de las falencias serias del sistema de justicia respecto de las respuestas que les entregaban a los niños, niñas y adolescentes”.
Por eso recalcó que la protección de NNA “es una responsabilidad de todos, como sociedad debemos poner en el centro las necesidades de los niños, trabajar en respuestas adecuadas, no vulneradoras de su dignidad nuevamente, porque ya el niño sufrió un delito, tenemos la posibilidad de ser entidades apoyadoras o bien lamentablemente incrementar el daño que ya existe. Las personas que entrevistan a los niños en el contexto de investigación, tienen que ser altamente especializadas y entrenadas”.
La Ley de Entrevistas Videograbadas se está implementando gradualmente a lo largo de Chile para asegurar que las regiones cuenten con los profesionales especializados y la infraestructura necesaria.
La primera etapa comenzó el 3 de octubre de 2019 y comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena.
La segunda etapa comenzó el 3 de junio de 2021 y comprende las regiones de Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
La tercera etapa se iniciará el 3 de octubre de 2022 y comprenderá las regiones de Valparaíso, Libertador General Bernardo O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.
GES abuso sexual
Existen ya los marcos técnicos y normativos a nivel nacional e internacional que establecen como se debe abordar la agresión sexual, sin embargo, según el doctor Mosca “no se está abordando de forma adecuada, ya que se requiere una garantía que asegure que la oportunidad de atención sea lo más temprana posible, se necesita intervenir dentro de las primeras 72 horas, con todo un equipo detrás que pueda afrontar todas las variables para dar seguimiento desde que se entra al servicio de urgencias”.
Por eso es necesario abordar el tema desde las garantías de atención en salud para las víctimas y es necesario crear un GES para el Abuso Sexual.
