La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó cinco nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta malversación de fondos destinados al campo durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, a través de una operación sistemática para simular su supuesto uso legal.
En las nuevas querellas los auditores identificaron múltiples irregularidades perpetradas desde la entonces SAGARPA y en complicidad con particulares que abrieron la puerta al desvío de más de 800 millones de pesos destinados a proyectos inexistentes o que no se llevaron a cabo correctamente en 2016 y 2017.
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Con ello ya se elevan a más de 250 las denuncias de hechos presentadas por la ASF en contra de la SAGARPA hoy Secretaría de Desarrollo Rural. La suma total de recursos malversados o desviados supera los 21 mil millones de pesos.
A través de dos auditorias de tipo forense que ahora dieron paso a las nuevas denuncias, los auditores confirmaron los antecedentes de irregularidades detectadas desde varios años antes y que no son hechos aislados Se trata de malos manejos que, según la propia ASF, permiten presumir la comisión de delitos como el cohecho, falsificación, uso indebido de atribuciones, abuso de poder, peculado, entre otros.
“El esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman parte del expediente de los supuestos beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación” alerta la ASF en una de las auditorías que dio pie a las querellas presentadas.
Cabe señalar que el equipo de auditores que documentó estos desvíos de los fondos destinados para el campo es el mismo que también alertó de los malos manejos identificados con el esquema de “La Estafa Maestra”.
De acuerdo con autoridades federales, las cinco denuncias presentadas el pasado 31 de mayo fueron turnadas a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR que ya inició las carpetas de investigación correspondientes.
Los fondos saqueados
El presunto desvío de recursos identificado por la ASF se concentra en dos programas: el de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y el de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
En síntesis, se trata de programas a través de los cuales el gobierno federal canaliza fondos a organizaciones ciudadanas o empresas que presentan proyectos encaminados a incrementar la productividad en zonas con alto potencial, o con cultivos prioritarios. Esto con la finalidad de facilitar el acceso al mercado a pequeños productores.
La adjudicación de dichos fondos tiene una serie de requisitos y reglas que están establecidos en los manuales de operación. Además, debe existir un seguimiento y supervisión del uso del dinero y del desarrollo de los proyectos que se comprometen, así como de su impacto.
Sin embargo, lo que los auditores reportaron en los informes de resultados de las auditorías forenses 296-DE correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y 1594-DE del ejercicio 2017 es que dichas reglas no fueron respetadas y tampoco hubo las supervisiones adecuadas.
Por el contrario, lo que hubo fue una actitud deliberada para simular de manera superficial la salida de dichos fondos, situación que permitió desvío de 877 millones 324 mil 856 pesos. Son recursos que hoy no aparecen.
“Los resultados relevantes de la fiscalización demostraron no solo su obtención irregular, también su aplicación a fines distintos del programa, cuyo objetivo es impulsar la productividad y competitividad en el sector agroalimentario mediante incentivos para la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico que garantice a la población el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Los montos desviados pudieron privilegiar otros programas sociales en zonas marginadas para atender diversas demandas sociales”, indicaron los auditores.
En las verificaciones realizadas los auditores se identificaron en total 21 irregularidades graves que dieron paso a la malversación de los recursos.
Por ejemplo, la ASF identificó que un grupo de empresas presentaron documentos presuntamente alterados o falsos con los que intentaron acreditar el uso, aplicación y destino de poco más de 128 millones 421 mil pesos correspondientes al programa de competitividad agroalimentaria.
Además, se detectó otro grupo de proyectos por los cuales se adjudicaron 174 millones 310 mil pesos, los cuales no existen o están inconclusos. Todo ello sin que las autoridades emprendieran las supervisiones necesarias para evitar que esto ocurriera.
En el caso de los fondos del programa para Innovación y Desarrollo de Tecnología Agrícola, la ASF identificó que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la entonces SAGARPA (DGPDT) no comprobó ni justificó la correcta aplicación de poco más de 212 millones de pesos que le fueron asignados para su repartición. El dinero tampoco fue devuelto.
Los auditores realizaron visitas domiciliarias a 28 beneficiarios de los recursos de este programa en cinco estados, y descubrieron que 26 de ellos “no cumplieron con las obligaciones convenidas en relación con la ejecución de los proyectos que les fueron autorizados, por lo que los proyectos no están concluidos, ni cumplen con los objetivos para los que se les otorgaron los recursos”. Se trata de proyectos ubicados en los estados de Durango, Chiapas, Guanajuato, Yucatán y Jalisco.
“La Unidad Responsable no supervisó los trabajos prestados por ninguna de las Instancias designadas, toda vez que en ambos casos se comprobaron incumplimientos sistemáticos en relación con las disposiciones de fondo y forma”, indicaron los auditores en su informe de resultados.
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Hoyo negro en el campo
Los recursos destinados al fortalecimiento de actividades agrícolas se han convertido en un foco de corrupción durante los últimos años, de acuerdo con las revisiones efectuadas por los auditores. Se trata de las partidas federales con las mayores irregularidades, incluso por encima de las relacionadas en Pemex y sus filiales.
Los auditores comenzaron a identificar desde 2011 la malversación sistemática de este tipo de recursos bajo la jurisdicción de la entonces SAGARPA, hoy Secretaría de desarrollo Rural. La situación se agravó considerablemente durante el sexenio de expresidente Peña Nieto.
De acuerdo con datos del Sistema Público de Consulta de Auditorías, el monto de recursos mal manejados y cuyo destino se no se conseguido esclarecer ya asciende a 21 mil 275 millones de pesos. Para ponerlo en proporción, dicha cantidad ya supera a todo el presupuesto anual que se destina a la FGR.
En total los auditores han identificado poco más de 850 distintas irregularidades que han dado pie al desvío sistemático de recursos. Las anomalías van desde falta de controles en la asignación de los distintos fondos y fallas en los trabajos de supervisión, hasta arteras simulaciones para sustraer el dinero.
Por todo lo anterior la ASF ha presentado ya 253 denuncias de hechos ante la FGR en contra de los funcionarios que resulten responsables. Es tarea de la FGR identificar a los implicados y esclarecer el posible destino del dinero.
Además de la presentación de las denuncias los auditores han iniciado cerca de 300 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de diversos exfuncionarios federales con la finalidad de que se les obligue a devolver al menos una parte del dinero desaparecido, situación que hasta ahora no ha ocurrido.
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