Los partidos políticos que tuvieron una baja votación en la elección pasada se resisten a perder el registro nacional, y torpedearon al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con impugnaciones a los resultados de los comicios para diputaciones federales en busca de sumar votos.
Tras los cómputos distritales de las elecciones intermedias del 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que tres partidos de nueva creación perderán el registro por no haber alcanzado, cuando menos, el 3% de la votación emitida, como ordena la Ley General de Partidos Políticos.
Se trata de Redes Sociales Progresistas (RSP), dirigido por familiares de Elba Esther Gordillo, quien durante años fue líder sindical del magisterio; Fuerza por México (FxM), impulsado por el senador morenista y dirigente sindical Pedro Haces Barba; y Encuentro Solidario (PES), “resucitado” del extinto partido evangélico Encuentro Social.
El INE señaló que RSP obtuvo el 1.77% de la votación (868 mil 515 sufragios); FxM, el 2.48% (1.2 millones de sufragios), y el PES, con el 2.75% (1.3 millones de sufragios). Incluso, los votos anulados alcanzaron una mayor proporción que las cifras de los partidos de nueva creación (los votos nulos ascendieron al 3.41% del total).
Otros dos partidos, el PRD y el PT, estuvieron al borde de la pérdida del registro, pero sí obtuvieron más del 3% de los sufragios.
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El INE ya designó a los interventores que deberán supervisar la liquidación del patrimonio de RSP, PES y FxM.
No obstante, con el proceso de su desaparición en curso, dos de esos tres partidos decidieron salir a buscar ganar votos por la vía judicial.
La Sala Superior dio a conocer que, con corte al pasado 23 de junio, el TEPJF había recibido 541 impugnaciones a los resultados de los comicios de diputados federales.
Los partidos Encuentro Solidario y Fuerza por México fueron los principales quejosos. Tan sólo el primero tramitó 272 asuntos (el 50.2% del total de impugnaciones), seguido de FxM, que promovió 172 (31.7%). En contraste, RSP no promovió más que 7 asuntos.
Es decir, 8 de cada 10 impugnaciones a los resultados que deberá resolver la Sala Superior son de esos dos partidos –PES y FxM– que se enfilan a su desaparición a nivel nacional.
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Las impugnaciones restantes fueron promovidas por los demás partidos nacionales y coaliciones, así como por candidatos en lo individual y ciudadanos.
Los asuntos recibidos en la etapa postelectoral se suman a las miles de impugnaciones que previamente se habían tramitado con relación a la organización de los comicios, así como a la precampaña y la campaña.
El presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas, dijo que, de la suma de las cuatro etapas, se prevía que al TEPJF llegarían en total hasta 30 mil asuntos.
“Al día de hoy (6 de junio) llevamos 8 mil 500 juicios aproximadamente, y estamos proyectando que más o menos estaremos recibiendo entre 25 mil y 30 mil juicios de nuestras seis salas regionales y la superior, estamos en ese cálculo, pero todo depende de qué tan cerradas queden algunas elecciones”, dijo en una entrevista con medios el día de la votación pasada.
“(Los juicios que hemos recibido) están vinculados con el proceso electoral, registros, problemas internos de los partidos políticos con asignación de candidaturas, todo lo que ha sido la parte de preparación del proceso electoral, que también incluye cuestiones vinculadas con el INE y los acuerdos que han venido emitiendo para este día. Lo que viene (tras la votación) sería por la parte postelectoral, que tiene que ver con resultados, con irregularidades del día de la jornada, principalmente”.
El magistrado Vargas dijo que la cifra estimada de impugnaciones, que es la más grande registrada hasta ahora, es muestra de una tendencia creciente de los partidos a recurrir a la judicialización de los asuntos políticos.
“En 2018 teníamos una estimación de aproximadamente 40 mil juicios, y, dado que los resultados de la elección presidencial fueron tan amplios de diferencia entre primero y segundo lugar, pues no llegamos ni a la mitad de ese número. Creo que la (cifra) más grande anterior era como de 22 mil asuntos, en 2012; y sí, sería la más grande (la de esta elección), y eso corresponde a que en México cada vez más se han venido judicializando los problemas políticos, y es al Tribunal Electoral al que le corresponde resolverlos”, explicó.
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