Sinaloa.- La llegada de la Cuarta Transformación a Sinaloa de la mano del gobernador electo Rubén Rocha Moya, quien ha prometido un gobierno austero y de combate a la corrupción como pilares que ayudarán a generar un ahorro de entre 2 y 3 mil millones de pesos para ampliar los programas sociales, tendrá uno de los retos más importantes antes de entrar en funciones: delinear junto con la actual administración una propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2022 que se ajuste a sus prioridades y permita garantizar la justicia social prometida.Si bien Rocha Moya asumirá la gubernatura el primero de noviembre próximo, la planeación del gasto para el próximo año, en el que debe participar su equipo, debe estar en marcha, pues por ley tanto el Poder Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos deben enviar sus proyectos de presupuesto a la Secretaría de Administración y Finanzas a más tardar el último viernes de agosto, y corresponderá a la legislatura entrante —dominada por Morena y el PAS— aprobarlo de acuerdo a las prioridades del próximo gobierno.
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Entre los compromisos de Rocha en campaña y refrendados como gobernador electo, destaca la ampliación de los programas sociales del Gobierno federal y la culminación de obras como el eje carretero Topolobampo-Ojinaga, la carretera Badiraguato-Parral, las presas Picachos y Santa María, además de mejorar las condiciones laborales de los policías y de trabajadores del sector salud, sin descuidar, ha dicho, la atracción de inversiones.Leer más: Gobierno del Estado de Sinaloa en 10 meses realiza 361 vuelos Para analizar los retos que el próximo mandatario estatal tendrá en cuanto a temas prioritarios para su gobierno, pero también en la proyección de ingresos y el gasto para el 2022, Debate consultó a César Valenzuela Espinoza, economista con doctorados en Gobierno y Administración Pública y en Ciencias Políticas, de la Administración y Relaciones Internaciona-les, ambos por la Universidad Complutense de Madrid; al profesor investigador de la UAS, Gonzalo Armienta Hernández, doctor en Derecho por la UNAM y con experiencia en la administración estatal como exsubsecretario de Ingresos; y a Saúl Lara Espinoza, doctor en Derecho por la UAS, con amplia experiencia en derecho administrativo, en la docencia y en asesoría legislativa.
César Valenzuela Espinoza, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, subrayó que para la elaboración de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de un gobierno es primordial establecer los criterios de política económica que se van a seguir, sin perder de vista los compromisos de austeridad y de ahorro que ha planteado el próximo gobernador, pero también la cartera de inversiones ya planteada.Por un lado, añadió, hay que revisar si la política en materia tributaria será más activa, es decir, si se prevé aumentar impuestos o retomar algunos, como el de la tenencia, pues asegura que a nivel federal hay indicios de que el nuevo secretario de Hacienda pedirá a los estados y municipios un papel más activo de las finanzas estatales en materia de recaudación.
Rediseño en la estructura de gobierno
Respecto a la intención de generar ahorros de entre 2 y 3 mil millones de pesos, Valenzuela Espinoza dijo que primero hay que ver cuánto dinero del presupuesto está comprometido, pues hay renglones que no se pueden modificar, como, por ejemplo, el rubro a jubilaciones y pensiones.En cuanto al Ejecutivo, el también doctor en Gobierno y Administración Pública mencionó que, aunque se pueden hacer ajustes en rubros como el de materiales y suministros, esto no genera grandes ahorros, por lo que una siguiente opción es la reducción del personal.Sin embargo, en el hipotético caso de que se intentara reducir el número de personal en mandos medios y superiores, es decir, secretarías (mediante fusiones), subsecretarías, direcciones y jefaturas de departamento, el gobierno estatal tiene poco más de 500 puestos, que en un cálculo exagerado podría rondar los 800 y junto con los que hay en organismos públicos descentralizados llegaría a 2 mil, en el mejor de los casos para hacer ajustes.Insistió en que los ajustes más fuertes en términos de personal pueden ser ahí, en mandos medios y superiores, pero admitió que «el problema es que el personal de honorarios (de confianza) es el que tiene cierto nivel de especialización, la mayoría de ellos con grados académicos y experiencia», por lo que la pregunta sería si el nuevo gobierno querrá prescindir de ellos, pues ello implicará una mayor exigencia al personal sindicalizado.De tener en mente, Rubén Rocha, un replanteamiento de la estructura gubernamental para generar ahorros importantes en la administración, el equipo del mandatario electo debe empezar desde ya a trabajar en proyectos de adecuación o nuevas leyes y reglamentos que le permitan, por ejemplo, reducir el número de secretarías, transferir funciones de un área a otra, advirtió.En términos de gasto corriente, como servicios personales (sueldos y salarios), materiales y suministros (papelería, equipo de oficina, material de limpieza) y servicios generales (electricidad, luz, agua, teléfono, internet, etc.), que de acuerdo con César Valenzuela son los tres renglones más fuertes, es donde el próximo gobierno puede dar un “apretón”.Cuestionado sobre qué tanto se puede reajustar el gasto, el expresidente del Colegio de Economistas recordó que de los 56 mil millones de pesos de presupuesto para este año, poco más de 20 mil millones (37 %) vienen de las participaciones federales y otra cifra muy similar son aportaciones federales.Estas últimas están etiquetadas en ocho fondos, como el de nómina educativa, aportaciones para seguridad social o el de seguridad pública, y el gobierno estatal no puede disponer de ellos de forma arbitraria. Y aunque en las participaciones federales sí hay cierta discrecionalidad, recordó que el 20 por ciento corresponden a los municipios y no se pueden tocar.Como una opción alterna de ahorro, el economista planteó una política de racionalidad de espacios, pues en Palacio de Gobierno hay áreas que parecen centros de fiestas, donde podrían acomodarse más oficinas y concentrar todo en Palacio de Gobierno y la USE y, por ejemplo, vender el nuevo edificio (Homex), además de no comprar más vehículos a los funcionarios, venderles los que hay y solo adquirir para áreas operativas, como seguridad, obras y servicios públicos y salud, por ejemplo. Sin dejar de lado políticas como cero papel y un uso más eficiente de energía eléctrica.Temas prioritarios
De acuerdo con el profesor investigador de la UAS y doctor en Derecho por la UNAM, Gonzalo Armienta Hernández, el gobierno que encabezará Rubén Rocha deberá priorizar temas como un mayor apoyo presupuestal a la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues dijo que, a pesar de ser la institución más importante del noroeste del país, cada mes enfrenta problemas para el pago de nómina.Destacó también la necesidad de más recursos para la sierra, pues recordó que en Sinaloa las clases más desprotegidas están en esta región, lo que ha hecho que algunas personas, no todas, pero sí muchas, se dediquen a la siembra de estupefacientes. «El nuevo gobierno deberá generar proyectos importantes para que esta población tenga ingresos y se olvide que el narcotráfico es la única fuente de ingresos».Puso como ejemplo la zona de Surutato, donde, afirma, muchas familias se están dedicando a la construcción de cabañas con fines turísticos y como un negocio rentable y más seguro para los pobladores.Habló de la importancia de restablecer apoyos a pescadores, ganaderos y a productores agrícolas, pues recordó que el retiro de programas como el Procampo por supuestas irregularidades dejó sin ese beneficio a quienes sí lo necesitan, así como ocurrió en el caso de las guarderías.Sobre la intención de Rocha de ahorrar entre 2 y 3 mil millones de pesos, el académico reconoció que es complicado, aun haciendo algunos rediseños del aparato gubernamental, por lo que dijo esperar que no se caiga en el error de suprimir programas. «El ahorro es bueno en la medida en que se supriman gastos innecesarios».Partir de un diagnóstico
Por su parte, Saúl Lara Espinoza, doctor en Derecho por la UAS y experto en temas legislativos, sostiene que para cumplir el compromiso de “primero los pobres” que ha hecho el gobernador electo, tendrá que partir de un diagnóstico sobre la pobreza y las principales carencias de los sinaloenses, pues según el Coneval, uno de cada tres sinaloenses vive en condición de pobreza.Otro de los temas que Rocha Moya deberá atender, dijo, tiene que ver con caminos, carreteras, puentes, rehabilitación de escuelas, mejoras y ampliación de base hospitalaria, es decir, la base social.Lara Espinoza coincidió en que el reto será armar un plan de gobierno bien fundamentado y equilibrado con las políticas públicas y el presupuesto, en el que se priorice la eliminación de gastos suntuosos, como los que actualmente se hacen con lo que llamó excesiva promoción de imagen.Los Datos
¿Finanzas sanas?Hasta el próximo año se sabrá si Quirino deja finanzas sanas o “muertos en el clóset”, dijo César Valenzuela.Leer más: Los pepenadores temen que se privatice el basurón de Culiacán Los riesgosValenzuela advierte un mayor orden financiero en el actual gobierno, pero hay que esperar a ver si dejan pasivos sin fuente de pago.El antecedenteRecordó que el gobierno de Malova dejó al de Quirino una herencia de al menos 15 mil millones de pasivos sin fuente de pago, que llevará más de 30 años saldar una vez convertidos a deuda pública.
Pelea en alberca de conocido hotel de Mazatlán, Sinaloa
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