Los efectos de la declaración de la Convención sobre presos del estallido: Gobierno se siente interpelado y cuestiona “señales políticas”, mientras senador Araya afirma que votación del proyecto “no tiene fecha”



Por amplia mayoría de los 2/3, la Convención Constitucional aprobó este jueves la declaración sobre presos del estallido social, en la que demanda al Gobierno y al Congreso apurar la Ley de Indulto. “La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”, dice parte de la declaración, que puede leer acá.
Los aludidos en la declaración respondieron. Primero fue el Gobierno, en voz del vocero Jaime Bellolio. “La convención tiene un sólo rol, que es proponerle al país una nueva constitución”, dijo a radio Infinita. Asimismo, agregó que para él “en Chile no existen presos políticos. Los presos políticos son presos por consciencia, no por haber cometido delitos graves”.
En la misma línea, el ministro afirmó que “estamos hablando de personas que cometieron delitos graves, que pusieron vidas en riesgo. Cualquier justificación de violencia, los intentos de asesinato y la destrucción de lugares públicos son antidemocráticos”.
En cuanto a declaraciones de algunos convencionales constituyentes, el vocero Bellolio estimó que “hay un grupo de personas que no cree en la independencia de los tribunales y del poder judicial, y que justifica la violencia como método de acción política. Ambas cosas son contrarias a la democracia”.
Otro de los que criticó la declaración fue el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli. “Escuché hoy en la Constituyente a personas que decían que había que indultar a la personas que están privadas de libertad para dar señales políticas“, comentó a través de un video.
“¿Cuáles son las señales políticas? ¿Acaso vamos a declara impunes a quienes entraron a saquear una ferretería y golpearon a los trabajadores allí presentes? ¿Vamos a declarar impune a quienes atacaron a automovilistas ayer? ¿Vamos a declarar impunes a quienes ocuparon armas de fuego y atacaron ayer a cuarteles policiales? Creo que las señales tienen que ser claras”, agregó, asegurando que “ni los que ayer utilizaban bombas molotov o saquearon locales comerciales, ni los que lo hicieron con ocasión del estallido social, son presos políticos“.
“Por lo tanto, lo que nos corresponde es perseguir, detener y poner a disposición de la justicia a quienes cometan delitos y particularmente a quienes cometan delitos violentos. Es la violencia la que tenemos que extirpar de nuestra convivencia social”, sentenció.
“No tiene fecha”
Los otros aludidos, el Congreso, también se refirieron a este emplazamiento de la Convención. Al respecto, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Pedro Araya (Ind.), respondió que la iniciativa no tiene fecha de votación aún. Precisamente es en esta comisión en la que se encuentra el proyecto presentado por la oposición.
Según Araya -en conversación con el diario El Mercurio- la instancia “tiene una sobrecarga de trabajo y tiene que abocarse a una serie de temas, por lo pronto, tenemos que abordar la ley de adopción, la ley de arriendo, el Código Procesal Civil, entre otras cosas. El compromiso es que el proyecto de ley que permite el indulto a los ‘presos de la revuelta’ pueda estar a lo menos una vez a la semana en tabla en la comisión”.
“(Existen) solicitudes de varios organismos que quieren exponer en esta materia, entonces aún no tenemos una fecha definida de cuándo se va a votar en general este proyecto en la comisión de Constitución, porque es un proyecto bastante complejo, que tiene una cantidad de aristas que tenemos que resolver a fin de no cometer errores en esta legislación”, complementó Araya.
Constituyentes ratifican que no tienen potestad
Uno de los que votó a favor fue el constituyente Fernando Atria. Durante su intervención este jueves ya había dicho que “es innegable que la revuelta social dio fruto a la redacción de la nueva Constitución(…) Por haber sido lo que nos permitió estar aquí, es que debemos discutirlo”, pero ratificando que la Convención no tiene facultades para exigirle cosas a los otros poderes del Estado.
Esta postura la ratificó en entrevista con radio Universo. “La declaración reconoce la autonomía de los poderes constituido”, aseguró. “La Convención reconoce que estas decisiones no son de la Convención” y “reconoce que no tiene poder para indultar y amnistiar”.
Sobre la declaración en sí, afirmó que “de lo que creemos que ha ocurrido con los presos y esperamos que ellos (los poderes constituidos) la tomen en cuenta para hacer una contribución en el proceso constituyente”.



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