Para nuestro país, este mes se inició con un sabor agridulce. Por una parte, el 4 de julio comenzó a funcionar la Convención Constitucional, donde 155 personas elegidas democráticamente redactarán la nueva Constitución. Este hito histórico está lleno de simbolismos y esperanzas, nuestra carta será escrita de manera paritaria, con representación de los pueblos originarios, y una mujer mapuche, profesora y académica fue elegida presidenta del organismo. Por otra parte, y al día siguiente, conocimos los datos de la nueva Casen que golpearon a Chile, algo que veíamos venir se reafirmaba: el promedio nacional de la pobreza aumentó de 8,6% (2017) a 10,8% (2020), la pobreza extrema de 2,3% (2017) a 4,3% (2020) y si desagregamos en área urbana y rural, suena la misma canción. Más de dos millones de personas se encuentran en la pobreza y más de 800 mil en la extrema pobreza.
Dos momentos se entrelazan: el primero produce esperanzas porque la nueva Constitución es una oportunidad para que al recorrer los nuevos artículos podamos sentir su protección, su garantía de derechos, la propia justicia hecha carne, siendo un chance para enfrentar el segundo momento, el Chile envuelto por la pandemia de la pobreza. Si hacemos un zoom, La Araucanía sigue en la primera línea como la región más pobre del país con un 17,4% (muy por sobre el promedio nacional) y la segunda con la mayor pobreza extrema 5,9%, que está por sobre el promedio nacional de 4,3%.
Más allá de las propias limitaciones de levantar la información en este contexto sanitario y que, probablemente, los impactos sean más grandes de lo que pueden reflejar los números, es clara la deuda histórica que tiene el Estado chileno con la pobreza en La Araucanía. Previo a la pandemia, la región contaba con una pobreza multidimensional, es decir, que no sólo en los ingresos, sino que también en la calidad de vida, el trabajo, la seguridad social, la vivienda, la educación, la salud, entre otras. Hace 4 años se presentaba que 7 comunas de La Araucanía tenían a más del 50% de su población inmersa en una pobreza multidimensional.
Surgen preguntas sobre los reales impactos de esta pandemia a niveles regionales. De la metropolitana sabemos mucho, lo vemos a diario en las noticias. Pero de las regiones sabemos poco, ¿cómo se encuentra sobreviviendo la población rural?, ¿cómo se habrán distribuido las ayudas gubernamentales en la región?, ¿cuál será el impacto en las mujeres, las personas mayores y la niñez? La necesidad de un (re)diseño de políticas, el diálogo intersectorial, una nueva gobernanza territorial, mayores recursos y revisión de instrumentos son una de las tantas cosas que se necesitan para enfrentar la realidad, pues recordemos que el próximo 14 de julio asumen las y los gobernadores regionales, por lo que es urgente que tengan las condiciones necesarias y suficientes para ejercer sus cargos y sus atribuciones, mal que mal son las y los responsables de formular políticas para el desarrollo de sus regiones.
Es muy importante que la “ley corta de descentralización” sea prontamente promulgada y que nuevas y nuevos gobernadores regionales pongan en el centro de sus prioridades enfrentar los impactos sectoriales que está dejando esta pandemia. Los dos momentos que están en boca de la opinión pública (la convención constitucional y los primeros resultados de la Casen) deben avanzar hacia un horizonte de bienestar social, político, económico y medio ambiental; de esta manera, podremos vivir algo inimaginable, que una moneda tenga las mismas caras para todas y todos.
Camila Carrasco Hidalgo
Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica de Temuco
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