Un juez federal aplazó, por tercera vez, las audiencias programadas para esta semana en las que se decidiría si el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin irá a juicio por los presuntos sobornos que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos, o si por el contrario se confirmará la suspensión temporal de los procesos en su contra gracias al criterio de oportunidad que ha negociado con la FGR.
Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que este nuevo aplazamiento fue solicitado por la defensa del exfuncionario federal, quienes pidieron más tiempo tanto para reunir datos de unos peritajes sobre cuentas en Europa, y también para concluir la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).
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Las audiencias han sido reprogramadas ahora para mediados de agosto, lo que significará que Lozoya cumplirá ya un año desde que fue vinculado a proceso por ambos casos, pero sin que se resuelva su situación jurídica ni la FGR presente la acusación formal. El exdirector de Pemex no ha pisado la cárcel en ningún momento en todo ese periodo.
Lozoya fue procesado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho Esto luego de que la Fiscalía le imputara haber recibido presuntos sobornos por doce millones y medio de dólares de las compañías Altos Hornos y Odebrecht a cambio de favorecerlas con diversos contratos.
Sin embargo, desde su extradición a México el exfuncionario ofreció colaborar con las autoridades señalando a otras figuras de mayor nivel al suyo en las tramas de corrupción y entregando prueba de ellos. Originalmente se había fijado un plazo de seis meses que concluyó desde enero pasado para ofrecer las pruebas con que sostuviera esos dichos o, de lo contrario, para que la Fiscalía concluyera la indagatoria y presentara la acusación formal que permita llegar al juicio.
Pero la defensa del exdirector de Pemex liderada por los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda ha solicitado más tiempo para concluir su estrategia que lleva dos rutas: colaborar con los fiscales para tratar de cerrar el criterio de oportunidad y, a su vez, reunir evidencia para defender a Lozoya en caso de que la vía de la negociación fracase.
En ese contexto es que los representantes legales del exfuncionario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto volvieron a requerir un nuevo aplazamiento de las denominadas audiencias intermedias.
“La defensa de Lozoya Austin argumentó que su representado requiere más tiempo para concluir dos peritajes en materia contable, así como concretar la recepción de estados de cuenta bancarios provenientes de Alemania y Suiza, mismos que debido a los tiempos que requiere la gestión en el ámbito de la cooperación internacional, están pendientes de ser remitidos a México, además de que deben ser traducidos al español por peritos debidamente acreditados”, señaló un funcionario consultado.
En los requerimientos que Lozoya hizo ante el juez (técnicamente denominadas promociones), el exfuncionario reiteró además que desde su llegada a México se ha mantenido colaborando con la FGR para cerrar los acuerdos que permitan obtener un “perdón legal” denominado criterio de oportunidad.
Cabe recordar que el criterio de oportunidad es una figura que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y que permite la suspensión temporal o definitiva de la acción penal en contra de un probable responsable de un delito. Esto a cambio de que el procesado ofrezca datos y pruebas eficaces que permitan detener y enjuiciar a personas por delitos más graves o de mayor jerarquía criminal que la suya.
Los jueces de control responsables de los procesos en contra de Lozoya, ambos con sede en el Reclusorio Norte, aceptaron los requerimientos de los defensores y programaron para la segunda y tercera semana de agosto las multicitadas audiencias pospuestas.
Solo suspensión temporal… por ahora
Autoridades ministeriales confirmaron que el beneficio inicial que Lozoya obtendrá como parte del criterio de oportunidad (una vez que se oficialice en la audiencia intermedia) será la suspensión temporal de su proceso, como Animal Político lo adelantó en esta nota publicada en enero.
“Esto no significaría el fin de sus juicios, pues requeriría, aún, ratificar sus afirmaciones ante un Tribunal y reparar el daño. Sólo entonces se extinguiría la acción penal, según se indica en el primer párrafo del artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales” indicó una fuente de la defensa.
La suspensión que busca Lozoya está a punto de obtener lo beneficiaría tanto para el caso abierto en su contra por los pagos de Altos Hornos donde pesa en su contra un cargo por lavado de dinero, y para la imputación del tema de Odebrecht donde se le imputan tres cargos por lavado, asociación delictuosa y cohecho.
Un elemento clave que impulsó la posibilidad del perdón a Lozoya es que la FGR logró – a partir de la denuncia que este interpuso – iniciar un proceso penal en contra del exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Mauri, por diversos delitos entre ellos lavado de dinero y asociación delictuosa.
Aunque Lavalle no es un funcionario de mayor nivel, la presentación de su caso permitió a los fiscales acusar formalmente en su audiencia al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de ser partícipes y líderes de la referida asociación criminal que tenía como objetivo canalizar sobornos de empresas extranjeras para agilizar la aprobación de la reforma energética
El juez que encabezó esa audiencia resolvió que sí había elementos para considerar que dicha asociación delictuosa pudo existir y que la conformaron Peña y Videgaray, entre otros. El resultado es que ahora Lavalle se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, mientras que la Fiscalía ya cuenta con una base para preparar los procesos en contra de los altos exfuncionarios.
De concretarse lo anterior, más la reparación del daño por ambos casos cuyo monto no se ha establecido, se reunirían los requisitos suficientes para cancelar de manera definitiva los juicios en contra del exdirector de Pemex.
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Un año sin definición… y en libertad
El próximo 28 y 29 de julio se cumplirá un año de que Emilio Lozoya Austin fue vinculado a proceso tras ser acusado en dos audiencias iniciales de recibir sobornos de Altos Hornos y Odebrecht que a la postre les sirvieron para firmar contratos con Pemex por la adquisición de la planta Agronitrogenados (en condiciones de chatarra), y de trabajos en la refinería de Tula, Hidalgo, respectivamente.
La vinculación a proceso es un paso previo a la apertura del juicio y ocurre cuando un juez considera que hay datos iniciales en contra de una persona para sostener que pudo haber cometido un delito. A partir de ahí se abre un tiempo de investigación complementaria para acabar de reunir las pruebas, presentar la acusación formal e ir a juicio.
Es en esa fase de investigación complementaria donde los procesos en contra de Lozoya se han estancado desde hace un año. Las audiencias intermedias se han aplazado en al menos tres ocasiones en enero, abril y julio de este año.
Durante todo este año el exdirector de Petróleos Mexicanos no ha pisado la cárcel en ningún momento. Aunque fue detenido con una orden de aprehensión en Europa su ofrecimiento de colaborar le han valido diversos beneficios para evitar ser recluido, a diferencia de otras personas acusadas por cargos similares.
En sus audiencias iniciales Lozoya compareció de forma virtual y ante el juez conectado desde el acama de un hospital privado. Animal Político tuvo acceso a lo videos de dichas comparecencias en donde se apreció al exfuncionario con un aspecto tranquilo, bebiendo refresco y dejando que sus abogados llevaran la conducción del procedimiento.
Y aunque desde el punto de vista de uno de los jueces se reunían los requisitos para imponer a Lozoya una medida cautelar de prisión preventiva (como el riesgo de fuga o su poder económico), los fiscales solo solicitaron que se restringiera su posibilidad de salir de la ciudad. Esto en retribución por la colaboración que ofreció tras ser detenido.
Por su parte los jueces impusieron al exfuncionario otra medida que consiste en firmar un control judicial cada quince días. Pero a diferencia de como lo hacen la mayoría de los procesados con este tipo de restricción, el exfuncionario no acude al reclusorio o a la sede de la Guardia Nacional para ello, sino que lo hace a distancia.
Aunque el exdirector de Pemex ha mantenido la colaboración con los fiscales rindiendo hasta tres declaraciones, ofreciendo testigos y aportando algunos datos de prueba, también ha promovido demandas de amparo para tratar de impedir el aseguramiento de al menos una de sus propiedades.
Cabe señalar que el beneficio que Lozoya estaría por obtener está relacionado estrictamente con los procesos iniciados en su contra por los sobornos. No obstante, aun existen otras indagatorias en curso en su contra relacionadas con el daño patrimonial que Pemex habría sufrido por los contratos con Odebrecht, así como por otras operaciones de lavado de dinero por varios miles de millones de pesos con empresas fantasma que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda está por denunciar ante la FGR.
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