Periodistas de Guanajuato denuncian espionaje de la Fiscalía del estado



El Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato (POPLab) denunció actos de espionaje por parte de la Fiscalía estatal contra sus integrantes.
De acuerdo con el medio, las autoridades intervinieron las comunicaciones privadas del periodista Arnoldo Cuéllar. También aseguraron haber recibido, de fuentes anónimas, capturas de pantalla de chats privados del periodista, por lo que responsabilizan al director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, José Antonio Torres Ramírez.
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Incluso, aseguraron que hubo una clonación de la tarjeta SIM del teléfono de Arnoldo Cuéllar ocurrida en mayo del 2020 cuando su servicio sufrió una desconexión de varios días la cual fue explicada en el Centro de Atención Telefónica de Telcel por “una presunta denuncia de robo realizada en una sucursal de esa empresa de telecomunicaciones en Monterrey, Nuevo León, donde el periodista no había estado en años”.
“El afectado por estos hechos realizó una denuncia como directivo de la empresa SYM Servicios Integrales, S. A. de C. V., ante la Fiscalía General de la República, directamente a la Unidad de Documentación y Análisis de la oficina del Fiscal General de la República”, explicó el medio.

Denuncia POPLab presunto espionaje de fiscalía estatal: interfieren en comunicaciones privadas del periodista @arnoldocuellaro. Sin embargo, delegación de la FGR declina denuncia y la turna… ¡al estado!#Entérate ⤵https://t.co/DaxbKaqjCr pic.twitter.com/cYvcIlMZX0

— POPLabMx (@poplabmx) July 12, 2021

Tanto Cuéllar, como sus compañeros del Laboratorio de Periodismo presentaron una denuncia ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, por intervención en comunicaciones sin mandato de la autoridad.
Sin embargo, la denuncia fue turnada a la propia Fiscalía de Guanajuato, por “no ser competencia federal”, de acuerdo con la defensa del periodista.
“Hasta este día, lunes 12 de julio, la FGR no ha notificado sus razones para declinar la competencia, mientras que la FGE tampoco ha notificado de forma oficial la recepción de la denuncia, advirtiéndose una flagrante violación al derecho humano de acceso a la justicia”, expuso el colectivo.
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