Elicena tiene 63 años y hace catorce fue capaz de darse cuenta que vivió durante casi veinte años con una enfermedad que la impulsaba a jugar. El juego patológico es una enfermedad que afecta al 2,4 por ciento de las chilenas y chilenos, en ese porcentaje está ella. Estas personas no reconocidas por el sistema de salud son aprovechadas por casinos establecidos y el juego ilegal.
Frente a este abandono del Estado y sus instituciones, una psicóloga levantó un grupo de redes de apoyo y terapia para personas con patología ludópata. La fundación, con los años, ha intentado incidir en el debate público por sus derechos a la salud.
Este grupo de personas se enfrenta día a día a casinos de barrio asociados al lavado de dinero y narcotráfico, con la complicidad de organismos fiscalizadores y policías. También, a grandes conglomerados, como Enjoy S.A., que aprovechan vacíos en la legislación para dar préstamos millonarios e ilegales.
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Los olores, ruidos y luces que hay en la industria del juego son algo que pocas personas reconocen, pero para algunas, como Elicena, significan parte de su vida, historia y mente.
Durante casi todas las mañanas ella se levantaba sabiendo que iría al Enjoy de Viña del Mar, a 1,5 kilómetros de su casa. Inmediatamente su cerebro secretaba de golpe la adrenalina y dopamina que la impulsaba a programar a qué hora jugaría, con cuánta plata, de dónde la sacaría y en qué máquina la invertiría. “Invertir”, pensando que volvería a ella en forma de ganancias.
Al igual que en uno de los más clásicos juegos de azar, las apuestas en la hípica, los cerebros de las personas actúan como los caballos en las carreras. Se convierte en una acción obsesiva, sin poder ver lo que ocurre a sus lados, enfocándose únicamente en lo que está en la meta: llegar al casino.
Al final del día, después de trabajar en la peluquería, Elicena entraba al casino, bajaba su ansiedad y exhalaba. Se sentaba a jugar, apostaba todo lo que tenía y se iba. Al momento de salir, exhalaba de nuevo y se encontraba con la realidad. La culpa, el miedo y arrepentimiento al llegar a su casa y decirle a su familia que volvió en números negativos.
Una enfermedad se considera un tema de salud pública cuando un alto porcentaje de personas tiene esa patología. En Chile solo existen dos estudios sobre ludopatía, ambos privados, hechos por la Corporación de Juego Responsable. Este estudio dice que el 2,4 por ciento de los jugadores en el país son patológicos y que el 80 por ciento de los ludópatas en Chile son mujeres. A su vez, el 35,2 por ciento de este tipo de jugadores se encuentra entre 31 a 40 años. Porcentajes y rangos en los que se hallaba Elicena.
En los resultados de los estudios realizados por la Corporación de Juego Responsable, se evidencia que en Chile los hombres prefieren los juegos de azar y casinos, relacionado esto al deseo de competencia. En las mujeres, en cambio, se da una mayor atracción por las máquinas tragamonedas, como una forma de desconexión.
De acuerdo a estudios realizados en el extranjero, esta situación se agravaba más después que se instalaba un casino, debido a que las personas que vivían alrededor de 80 kilómetros a la redonda se volvían mucho más susceptibles a sufrir juego patológico.
La psicóloga, fundadora y directora de la Agrupación Jugadores en Terapia (Ajuter), cofundadora de la Corporación de Juego Responsable, integrante del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Casinos de Juego de Chile (SCJ), Ángela Carmona, explica que las personas pueden desarrollar adicción al juego por dos opciones: un componente genético o una situación de vulnerabilidad.
El primero aparece al momento de exponerse al estímulo: la predisposición existía y solo bastaba una prueba para comprobarlo. El segundo nace por una necesidad de escape, ya sea ante la soledad, abandono, separación o duelo, sumado también a alguna enfermedad de base, como la depresión, bipolaridad, trastornos del ánimo o la personalidad. Siempre habrá una raíz que lleve a la adicción.
Elicena sabe que una de las partes más difíciles de la rehabilitación es la plata, porque la ludopatía no está cubierta por el sistema de salud, porque para este no existe. Después de buscar soluciones, la única salida que encontró fue la que le recomendó su amiga: “jugar” con el sistema.
Entrar por depresión u otra patología al sistema, para poder recibir un tratamiento, ser vistos por psiquiatras y psicólogos y, lo más importante, que les den medicamentos, es una práctica común entre personas con juego patológico. Pero el problema no termina ahí. La siguiente dificultad es que los profesionales preparados dentro del sistema público que detecten la ludopatía y la trabajen íntegramente es mínima, por lo que psicólogos y psiquiatras no identifican la patología en sus pacientes, a menos de que por su cuenta sepan, con anterioridad, que viven con ella. Como fue el caso de Elicena.
Hace catorce años que ella pudo tratar su patología, después que un día fuera a la Parroquia San Miguel Padres Capuchinos a pedirle ayuda a Dios y el cura del lugar le contó que existía un grupo de personas que la podían ayudar. Ahí conoció Ajuter, una fundación que, al día de hoy, nombra como su familia.
A falta de protección del Estado, se creó Ajuter, donde Elicena pudo recibir un acompañamiento que la ayudó a entender lo que estaba viviendo. Junto con la psicóloga Ángela Carmona, una pequeña organización se convirtió en la única fundación sin fines de lucro que brinda ayuda a personas con patología ludópata. “Nos sentimos tan orgullosas de pertenecer a una fundación donde se ayuda a tanta gente con problemas serios, donde lo único que quieren es perder la vida porque no saben cómo enfrentarla”, afirma Elicena.
“Nosotros con ansias hemos pedido en el Congreso para que el Servicio Nacional de Salud se haga cargo de esto, porque es una enfermedad como la drogadicción y el alcoholismo. El gasto que tiene es muy grande. Son muy pocos los psiquiatras que atienden por Fonasa, casi nada”, indica Elicena con indignación. Ella nombra a Ajuter como el único lugar al que pueden ir las personas ludópatas, supliendo el rol que el Estado no cumple al no cubrir esta patología en su sistema de salud.
Por su parte, uno de los pocos psiquiatras que tratan a pacientes de Ajuter, jefe de la Unidad de Adicciones de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile y docente de la misma facultad, Carlos Ibáñez, concuerda con las palabras de Elicena, argumentando que las enfermedades mentales suelen ser postergadas.
“Nuestro presupuesto en salud mental es de un 2 por ciento, muy inferior en comparación con países con ingresos similares, con lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda y en relación con el Plan Nacional de Salud Mental que tenemos hace años, los que proponen un 6 por ciento. La carga por enfermedades psiquiátricas es un cuarto del total de las enfermedades en nuestro país. Un cuarto del total y se está invirtiendo 2 por ciento. Es bien poco equitativo, y eso en parte tiene que ver con el estigma y el prejuicio a los problemas de salud mental”, afirma el especialista.
Las adicciones al alcohol y drogas son financiadas por el presupuesto del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), dependiente del Ministerio del Interior, el que alcanza el 40 por ciento del presupuesto de salud mental del país. Gracias a esto se pueden tratar adicciones como las de Elicena y otras personas en Ajuter. Pero no se deja de tratar de un subfinanciamiento para toda la salud mental, donde el juego patológico es uno de los que paga las consecuencias.
“Yo creo que al final esto es una decisión política. Esta población ha sido invisibilizada y, de alguna manera, se ha hecho la vista gorda de sus necesidades. Es una población que merece acceso a tratamiento”, puntualiza el psiquiatra.
El póker legislativo
El marco legal chileno hace oídos sordos a los graves problemas existentes, debido a la falta de cobertura del sistema de salud público para las personas que viven con juego patológico. Al día de hoy existen únicamente dos proyectos de ley referidos a esta enfermedad: la autoexclusión de casinos de juego –impulsado por Ajuter y posteriormente aprobado– y la ludopatía como causal de separación, presentado por la UDI.
El diputado miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Juan Luis Castro (PS), declara que, a pesar de que no tiene una gran masividad como otras adicciones, hay una posibilidad a futuro de legislar sobre esta materia. “No se ha legislado porque ha habido otras prioridades. Se han considerado enfermedades que son más graves o que ponen en riesgo la vida de las personas, y por razones de recursos económicos no siempre alcanza para todas las enfermedades, por eso no ha sido, hasta el momento, incorporada, pero es algo perfectamente posible que ocurra”, sostiene el parlamentario.
En contraste, Carlos Ibáñez, recalca que esta desidia del poder político puede seguir costando la vida de las personas que padecen juego patológico. “Es un problema relevante en nuestro país y genera mucho sufrimiento. Por supuesto que puede significar un aumento del riesgo de suicidio, porque las personas terminan muy deterioradas en su condición económica y familiar. Como también puede llevar a otros problemas de consumo, con el alcohol sobre todo”, explica el psiquiatra.
En enero de 2005, Ricardo Lagos promulgó la Ley 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, dando lugar también a la creación de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), organismo autónomo encargado de realizar esta labor, relacionándose directamente con el Estado a través del Ministerio de Hacienda.
Su última modificación data de agosto de 2015, con una ley que entrega facultades fiscalizadoras y sancionatorias a la SCJ sobre los casinos municipales –que no se encontraban bajo su fiscalización hasta el momento–, ubicados en las comunas de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales, en materias no reguladas en los contratos de concesión municipal.
A pesar de este cambio, la ley deja más dudas que respuestas. Uno de los ejemplos más claros es que no se refiere claramente qué son las máquinas de habilidad o destreza, dejando a la deriva su definición como lo que no es un juego de azar. La legislación señala que estos son “aquellos juegos cuyos resultados no dependen exclusivamente de la habilidad o destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de la suerte”.
Dicho esto, en la ley tampoco se hace referencia a la situación de los “casinos de barrio” o “tragamonedas”, que en el fondo serían las máquinas de habilidad o destreza, cuyas patentes de uso son entregadas por los municipios. Por otra parte, de acuerdo al Código Penal, el Código Civil y la Constitución Política de la República, los juegos de azar son una actividad ilícita, a excepción de ciertos casos autorizados por ley, como los casinos de juego y las apuestas en hípica.
El abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ex investigador y director del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) de la misma casa de estudios, Francisco Agüero, señala que en Chile hay un régimen legal de casinos de juego con una presencia casi monopólica en algunas regiones, a la par de que existe un régimen no legal o informal ligado a los tragamonedas.
En todas las regiones del país, al amparo de la Ley 19.995, hay casinos de juego en funcionamiento, con excepción de la Región Metropolitana. Según los datos de la SCJ, los 19 casinos son los siguientes: Casino Luckia Arica S.A.; Latin Gaming Calama S.A.; Operaciones El Escorial S.A.; Gran Casino de Copiapó S.A.; Ovalle Casino Resort S.A.; Casino de Juegos del Pacífico S.A.; Casino Rinconada S.A.; San Francisco Investment S.A.; Casino de Colchagua S.A.; Casino de Juegos de Talca S.A.; Marina del Sol S.A.; Marina del Sol Chillán; Casino Gran Los Ángeles S.A.; Casino de Juegos Temuco S.A.; Latin Gaming Osorno S.A.; Casino de Juegos Valdivia S.A.; Rantrur S.A.; Casino de Juegos Coyhaique S.A.; Casino de Juegos Punta Arenas S.A.
Junto a ellos, existen siete casinos de concesión municipal en las comunas mencionadas antes. En el año 2018, y de acuerdo a lo dictaminado en la última modificación a la Ley 19.995, se autorizaron los permisos de operación para todos los casinos –Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas–, con excepción de los de Arica y Puerto Natales, donde no tuvieron oferentes.
En cuanto a estos casinos, de acuerdo a los datos proporcionados por la Unidad de Análisis Financiero relacionada con el Ministerio de Hacienda, la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas ligadas a Casinos de Juego aumentó en los últimos años (entre 2016 y 2019). Mientras en 2016 hubo 383 reportes, en 2019 esta cifra llegó a 886. Sin embargo, los procesos sancionatorios iniciados se mantienen bajos. En los últimos cinco años, se abrieron solamente 18 procesos.
El doctor Ibáñez apunta también a otro problema que se presenta en una de las iniciativas más recientes en relación con los casinos de juego: la autoexclusión. “Esta figura voluntaria que existe, es una autoexclusión para una cadena en particular. Pero si el paciente va a otra cadena o casinos de otra cadena, no funciona. Es muy selectiva”, explica.
Respecto a la fiscalización de estos lugares y los tragamonedas, el abogado Francisco Agüero enfatiza tajantemente que si se pretende que la SCJ pase de fiscalizar casi quince lugares a más de cinco mil, no funcionará. Esta misma idea se hizo tangible en la deficiente fiscalización que la SCJ ha realizado a los casinos licitados por Enjoy S.A., lo que derivó en la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre los actos realizados por la Superintendencia en relación con el estado de insolvencia del grupo Enjoy.
El presidente de dicha comisión, Rodrigo González (PPD), indica que una de las conclusiones de la instancia tuvo relación con tomar medidas de carácter legislativo para cambiar el marco regulatorio del juego en Chile. También se acordó recomendar al Gobierno que envíe un proyecto de ley para regular, entre otras cosas, el juego online en el país, que hoy se estaría desarrollando sin ningún tipo de regulación, y por lo que están perdiendo recursos públicos. “Se condenó también la forma de otras regulaciones de juego de máquina que están prohibidas y que no debieran ocurrir en Chile, y que son fuentes de endeudamiento muy peligrosas para los sectores populares”, asevera el diputado.
Una severa ceguera en fiscalización
Silvia, quien pidió que se protegiera su identidad en el desarrollo del reportaje, relata que jugó cuatro años full time. Su primer acercamiento al juego se dio a través de las máquinas de barrio, los conocidos “chumbeques”. En esos años nunca se le pasó por la cabeza que tenía una enfermedad que la acompañaría toda la vida, como lo es el juego patológico. Salía de jugar llorando, pero al día siguiente era inevitable volver. Intentó suicidarse para no enfrentar a su familia y marido, hasta que finalmente llegó a Ajuter. Este lugar, afirma, le salvó la vida.
En el año 2016, la Contraloría General de la República emitió un dictamen, complementado por otro realizado tres años después, donde establece el procedimiento para la entrega de patentes municipales para la explotación de máquinas de juego.
En ese dictamen, el organismo estatal señala que no se pueden otorgar patentes a salas de máquinas con juegos de azar. Sin embargo, no afectaría a las patentes que fueron otorgadas con anterioridad, aunque no sería una excepción de requisitos para renovar patentes. Los municipios deberían corroborar esta situación con ayuda de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), comprobando que no sean máquinas de azar.
Con información obtenida a través de Ley de Transparencia a todas las municipalidades del país –de las 345, respondieron 303–, hicimos un mapeo de la cantidad de patentes municipales entregadas por región, las que suman 2 mil 481 en total en Chile. En primer lugar está la Región Metropolitana con 744 patentes –sin contar la comuna de Santiago, que no dio esta información–; le sigue la Región de Valparaíso con 433, lugar de residencia y juego de Silvia; la Región del Biobío con 297; la Región del Libertador Bernardo O’Higgins con 247 y la Región del Maule con 208.
En su gran mayoría, no fueron entregados los números de máquinas por patente, las que se renuevan anualmente. Según un estudio publicado en 2016 por la Dirección de Extensión y Servicios Externos (DESE) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, en Chile hay cerca de 33 mil máquinas tragamonedas.
Las comunas que cuentan con más patentes municipales son Peñalolén, con 152, y La Granja, con 108. Del total de municipalidades que respondieron, 179 cuentan con patentes entregadas para la explotación de máquinas electrónicas y/o mecánicas de habilidad, destreza y/o azar. Esto, pese a que el dictamen de Contraloría especifica que no se pueden entregar patentes por máquinas de azar. Alrededor de treinta siguen vigentes de acuerdo a la información entregada por los municipios.
Por otra parte, en las comunas donde hay casinos de juego establecidos y regulados por la SCJ, hay menos patentes municipales entregadas. Un ejemplo de esto es que en la Región de La Araucanía y del Libertador Bernardo O’Higgins, comunas donde están los casinos Enjoy S.A. –Pucón y San Francisco de Mostazal–, hay una menor cantidad de patentes entregadas, una y dos, respectivamente.
Para Silvia, los tragamonedas de barrio han sido un dolor que la sigue hasta hoy. Los olores y sonidos son algo que la devuelven a recuerdos y momentos de nervios, histeria y lucha consigo misma. Estos mismos lugares son los que el abogado Francisca Agüero critica. “Algunas discusiones llegaron a la Corte, donde los dueños de tragamonedas decían que no eran máquinas de azar, sino que eran máquinas de destreza. Entonces, acompañado por informes de la ‘universidad del charquicán’, por decirlo así, que decía que de verdad no eran de azar. Pero es un negocio totalmente no regulado”, apunta.
Estos intentos de regularización, a punta de lobby y conflictos de intereses, son los que Silvia denuncia. Afirma que los tragamonedas no deberían existir, porque al pobre lo hacen más pobre y al rico no le influye. Con rabia y firmeza, expresa: “Quemaría todas las máquinas. No deberían existir”.
Para Ángela Carmona, la no fiscalización de estos lugares significa un serio peligro para las personas que viven con ludopatía. Esta fiscalización depende exclusivamente de los municipios, pero hay una inexistente voluntad política. Junto a ello, recuerda cuando se presentó un proyecto para legalizar las máquinas de barrio y casinos ilegales, lo que fue rechazado por la Corporación de Juego Responsable. “Si desaparezco, ya saben quién lo hizo. Porque, además, afuera de este juego ilegal hay prostitución, drogadicción, financiamiento, prestamistas ilegales y mafias. Vieras el interés que cobran cuando prestan plata. Es impresionante. Por un millón de pesos que les pasan, tienen que pagar todos los meses una cantidad increíble”, relata la psicóloga.
En la página web de la Corporación de Juego Responsable se advierte que detrás del juego ilegal de barrio existe lavado de dinero y asociación con narcotráfico y contrabando, corrupción de empleados públicos y complicidad de organismos fiscalizadores y la policía.
De acuerdo a un reportaje de Ciper, publicado hace dos años, Francisco Leiva ha sido sindicado como uno de los grandes lobbistas de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (FIDEN), empresa investigada por operar juego ilegal y estar vinculada a financiamiento irregular de campañas políticas.
Leiva también fue superintendente de la SCJ y mantuvo ese cargo por siete años desde su creación en 2005. Diez meses después, pasó a FIDEN. A pesar de haber apoyado la legalización de las máquinas de barrio, su postura era totalmente contraria años atrás, cuando señalaba que “con cualquier regulación correctamente elaborada, ninguna de las actuales máquinas que están en las calles podría operar”.
Sobre los cambios por realizar en la legislación actual respecto a las máquinas de barrio, el diputado Rodrigo González menciona que el Senado ha sido mucho más concesivo y permisivo, pero la Comisión Investigadora que presidió fue mucho más rigurosa y “no acepta las triquiñuelas y subterfugios que se han dado para justificar este sistema de máquinas mal llamadas de destreza y que en realidad son de azar. Por lo tanto, debieran estar prohibidas. (…) Estas causan un grave perjuicio a los sectores populares. Los inducen a juegos y endeudamientos que son absolutamente lesivos a la economía familiar, que ya es precaria por las tremendas desigualdades que existen en Chile”, sostiene.
Silvia subraya que este negocio es una mafia. Mientras cuenta que en una reunión, hace cinco años, en el Congreso, en la que asistió junto a Ajuter, un parlamentario declaró que se quiso legislar sobre esta materia, pero que fueron amenazados. “Si ellos son los que hacen las leyes, a quién más le podemos pedir ayuda. Si ellos tienen miedo de esta gente, nos comerán entonces”, reflexiona desesperanzada Silvia.
“Beneficios” Enjoy Club
De sus cincuenta años de vida, Mariana –quien también pidió que se protegiera su identidad–, jugó treinta en grandes casinos, principalmente en el Enjoy de Viña del Mar. Desde muy joven este mundo la atrapó. Sus padres eran jugadores, por lo que para ella no era algo desconocido. Mesas, póker y ruleta fueron sus principales zonas del casino. Por años la plata no fue un problema, ganara o perdiera, siempre tenía un respaldo en el bolsillo.
Con el tiempo fue ganando notoriedad para los trabajadores del lugar, quienes le ofrecían vouchers para que se acercara a probar las máquinas de azar. La primera vez fueron cincuenta mil pesos. Ni siquiera sabía cómo usarla, hasta que al final generó una adicción a ellas. Ahí ella cuenta que inició su perdición.
Todos los fines de semana asistía con su marido, familia y amigos al casino. Hotel, comida, alcohol, masajes, vacaciones, entradas al Festival de Viña, cumpleaños. Todo era gratis. “Gratis”, porque al final se financiaba con el juego. En un punto, Mariana no pudo seguir jugando para costear ese estilo de vida. Pero un host le ofreció la “solución” que creó sus problemas.
Un día sábado de hace diez años, Mariana se encontraba jugando en el Enjoy de Viña. Había perdido todo. Mientras estaba en la barra del salón VIP, pensando en irse, se le acercó su host personal –uno de los beneficios de los clientes Black–. Le preguntó qué pasó y por qué no estaba jugando. Mariana respondió que perdió todo y que se iría a acostar. En ese momento le dijeron que esperara porque verían qué podrían hacer por ella.
Media hora después llegó su host con “buenas noticias”, contándole que como cliente VIP tenía el beneficio de ir a las cajas de alto valor, dejar un cheque y recibir un préstamo sin intereses con plazo de pago de hasta un año. Su primer cheque fue por 500 mil pesos y lo pagó en quince días. Así fue subiendo cada vez más, recibiendo en cada pago un aviso de que su línea de crédito iba aumentando. Hasta que después de veinte cheques, llegó a un monto que no se podía permitir pagar en el plazo, 50 millones de pesos. Por esa suma se encuentra hoy demandada por la empresa.
Esta historia es una que también conoce la abogada Carola Jamett, pero no por experiencia propia, sino que por llevar uno de los pocos casos ganados frente al gigante de la industria chilena.
La abogada expone esto como un “modelo de negocios”, en el que el casino crea una cartera de clientes –ludópatas en su mayoría– basada en un monitoreo de juego de estos. La misión de los ejecutivos consistía en aumentar la frecuencia de juego semanal de cada jugador, ofreciéndoles “beneficios gratuitos” que los invitaran al recinto. Explica que “para ello, se comunicaban por teléfono con sus clientes, tenían prohibido comunicarse por mail o cualquier otro medio que dejase huellas. Todo lo anterior, sin embargo, si bien puede considerarse poco ético, no es ilegal”.
Lo que sí es ilegal es la falta al artículo 7° de la Ley 19.995 sobre casinos de juego, la que dispone que “bajo ninguna circunstancia el operador podrá otorgar crédito a los jugadores”. Pero Enjoy aprovecha un pequeño vacío legal que no ha sido corregido en la original ley del 2005, y es que quien hace el préstamo no es la operadora del casino, sino que otra sociedad del holding: Enjoy Gestión, la que tiene un RUT distinto.
Carola Jamett explica que, al momento de realizarse estas transacciones, los ejecutivos estaban entrenados para no usar los términos “préstamo”, “cuota” ni “plazo”, mientras acompañaban al jugador a firmar el cheque de garantía. A cambio, les daban un voucher celeste que en la caja del casino canjeaban por dinero en efectivo que se empleaba para seguir jugando.
Siendo el casino de Viña, a través de su caja, el que prestaba dinero al jugador, y Enjoy Gestión, su empresa relacionada, la que encubría la operación recibiendo los cheques de garantía.
Luego, la persona se dirigía directamente a jugar, donde seguiría siendo monitoreada por el casino con el fin de asegurarse que todo el dinero que recibió fuera jugado en la misma jornada. La mayoría de las veces el jugador perdía.
En ese momento pasa lo que la abogada define como una “bicicleta de préstamos”, donde el jugador necesitaba seguir jugando para pagarle al casino el dinero que creía deberle, pero que en realidad no le debía, pues el mismo día que lo recibió lo jugó, es decir, el casino lo recibió de vuelta el mismo día. Y si no lo recibía, demandaba. Además de ilegal, este era un negocio redondo.
Mariana fue una de las personas que cayó en el negocio de la “bicicleta” y recibió este año una demanda de parte de Enjoy Gestión por préstamos impagos. Una situación que se podría haber evitado si la Superintendencia de Casinos de Juego, en conocimiento de esta práctica desde al menos el año 2016, tomara en cuenta estos antecedentes al momento de entregar licitaciones. Esos precedentes dieron paso a la formación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados.
El 26 de mayo de 2020, se conformó la Comisión Especial Investigadora de los actos de los órganos de la Administración encargados de fiscalizar los casinos de juego, particularmente respecto del estado de insolvencia del grupo Enjoy y el daño a las finanzas regionales y municipales, terminando a fines de octubre. Entre quienes fueron parte de la instancia, estaba la diputada Marisela Santibáñez (PC), quien señala que una de las conclusiones más importantes de la Comisión fue que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) se mostró incapaz de detectar oportunamente el estado de insolvencia del grupo Enjoy. Quedó claro que la precaria situación financiera del grupo económico existía mucho antes de la revuelta social de fines de 2019 y de la propagación de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020.
Además, la diputada Santibáñez menciona que la SCJ autorizó operaciones en favor de Enjoy en el proceso de licitación de los casinos municipales de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales o la compra de los casinos de San Antonio y Los Ángeles, o el ingreso de Advent, no detectando la real situación financiera del conglomerado.
Otra de las conclusiones tiene relación con el trato condescendiente de la SCJ con el grupo Enjoy, lo que se reflejó en, por ejemplo, permitirle la renovación de boletas de garantía por pólizas de seguro y en que no inició procesos sancionatorios por los casos de financiamiento ilícito de jugadores o en la operación de juegos online, o posponiendo indefinidamente los plazos para iniciar los procesos de licitación.
Todas estas acciones realizadas por la SCJ frente al estado de insolvencia de Enjoy se han traducido, de acuerdo a las conclusiones dadas por la diputada, en un daño grave a las finanzas regionales y municipales donde opera dicha empresa. “Creemos fehacientemente que se cometieron irregularidades y faltó fiscalización. Por ello, trabajaremos para mejorar la legislación”, asegura la diputada Santibáñez.
El diputado Rodrigo González también explica que se discutió llevar el informe al Ministerio Público, pero que por una mayoría de parlamentarios se rechazó la idea. “Esgrimieron que no existirían motivos suficientes para ello, y eso consta en las actas de la discusión de los parlamentarios que votaron por enviarlo y quienes no estuvieron de acuerdo. En general, fueron diputados que son parte de la actual coalición de Gobierno”, detalla González, quien espera que la Fiscalía actúe de oficio ante esto.
El grupo Enjoy emitió un comunicado donde descartó los hechos analizados en el Congreso, frente a lo que el diputado González afirma que, como Comisión, visitaron Enjoy y no recibieron ninguna solicitud de la empresa para ser invitados a la instancia, lo que terminó alegando el grupo económico en la declaración. “Enjoy fue al Senado y pidieron ser escuchados ahí. Entonces, hoy día extemporáneamente, cuando la Comisión cesó sus funciones, envía ‘casualmente’ una carta diciendo que no fueron invitados. Nos parece muy poco presentable el envío tardío de esta carta”, reitera el parlamentario. Consultamos a Enjoy y a la SCJ respecto a estas situaciones, pero la empresa y el organismo no nos respondieron.
Otra situación en la que se interpeló a Enjoy y, efectivamente, no fueron invitados, fue el 12 de noviembre del 2020, en una conferencia integrada por representantes de las principales cadenas de operación de juego del país, junto a inversionistas de Canadá, España, Sudáfrica y Argentina. En la instancia se expuso la situación que se está viviendo en el gremio debido a la decisión de la SCJ de cambiar las reglas y fechas de renovación de permisos.
De acuerdo a lo que consigna el medio dedicado a noticias de casinos y juegos online, Yogonet, Michael Wagman, presidente del grupo inversor Clairvest de Canadá, declaró que “hoy hay algunos actores del sector de casinos que están siendo favorecidos por sobre otros. Tenemos evidencia de que efectivamente se está priorizando a una parte del sector, y se está beneficiando a una empresa que hoy no está presente en esta conferencia”, haciendo una clara alusión a Enjoy. El canadiense también manifestó que seguirán recopilando información para una futura demanda que se presentará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución perteneciente al Banco Mundial.
Por otra parte, Anthony Leeming, CEO de Sun International, declaró que por los cambios de reglas iniciales el conglomerado no se siente seguro de invertir en el país. Por esta razón, anunció su decisión de vender Sun Dreams a nivel local, afirmando que si Chile no quiere perder más inversiones, deberá seguir apegado a las reglas.
