El presupuesto 2021 del Tesoro Público establece una glosa asignada por el Ministerio del Interior que establece una indemnización económica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que producto de las lesiones, hayan visto afectada su capacidad de trabajo.
Según un reportaje de Documenta, el monto es de 52.500 millones de pesos destinados a jubilaciones y pensiones de gracia, a las que podrían optar personas que “a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo”.
La glosa además señala que “con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”.
Con esto, algunas de las víctimas más emblemáticas de violaciones a los derechos humanos con posterioridad al estallido social, como Gustavo Gatica o Fabiola Campillai -ambos con pérdida de la visión a manos de agentes del Estado- podrían obtener la tan anhelada reparación que han exigido agrupaciones de DDHH. Sin embargo, hasta el momento, nadie ha sido beneficiado con esta medida.
En respuesta a Documenta, la Subsecretaría del Interior explicó que “como toda ley, rige desde su publicación en el Diario Oficial y no se puede alegar ignorancia de ella (…) La glosa establece que podrán postular a esas pensiones quienes hayan sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, condición que debe ser acreditada por el Instituto Nacional de DDHH. Hasta la fecha, ninguna persona que haya presentado una solicitud ante el Departamento de Acción Social de esta Subsecretaría, lo ha hecho arguyendo dicha condición”.
Desde el INDH señalaron que hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud del Ministerio del Interior para acreditar la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido, solicitaron a la cartera informar, en primer lugar, “número de solicitudes que han recibido de personas víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de octubre de 2019 que hubieren solicitado algún tipo de beneficio del tenor de los comprendidos en la glosa que se menciona”.
También oficiaron al Ministerio a que informe “cuántas solicitudes han sido aprobadas y cuántas rechazadas”, y finalmente “cuáles son los mecanismos de difusión de beneficios a víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
Esta glosa fue propuesta por el diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Nuñez, quien tampoco estaba enterado de su entrada en vigencia. Luego de la publicación de la Ley de Presupuesto 2021, el Gobierno ingresó al Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento cuestionando la legalidad de varias glosas. En el PC pensaron que esta norma había muerto ahí, sin embargo, esta no estaba incluida en el requerimiento del Ejecutivo ante el TC.
Al respecto, el director del INDH, Sergio Micco dijo que “desde octubre de 2019 ha pedido una política de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto no ha existido hasta el día de hoy, y peor aún, nos enteramos por la prensa de que habría una indemnización económica a estas víctimas”.
“El Ministerio del Interior tiene que actuar con más seriedad, y por eso hemos pedido una reunión para saber en qué consistiría esta política, porque las víctimas se merecen la reparación que Chile les debe, y esta reparación debe ser integral”, agregó Micco.
Esta norma reparatoria fue propuesta por el diputado Núñez cuando se discutía el presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados, siendo aprobada con 58 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones, pero al seguir su trámite legislativo, se eliminó en el Senado. Sin embargo, la glosa sí fue plasmada en el documento final, pero no está claro en qué momento se repuso.
