Universidades del Bienestar, con planteles inconclusos y despidos



Para llegar a Jopala, en la Sierra Norte de Puebla, primero hay que llegar al municipio de Xicotepec y luego emprender ruta por caminos sinuosos durante cinco horas. Quien quisiera cursar estudios de nivel superior tenía que salir de la comunidad, por eso un plantel de la Universidad del Bienestar significaba una oportunidad para los menos de 10 mil habitantes del poblado. 
A la única carrera en el plantel, Ingeniería en gestión integral del agua se inscribieron 70 jóvenes en 2019, pero para atenderlos solo hay un maestro que imparte todas las materias, un administrativo y un coordinador de plantel. Pero este último fue despedido, lo que dejó a la Universidad sin enlace con el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar, explica Roberto Arán, quien ocupaba el cargo. 
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Ese despido se suma al de otros maestros de universidades de Michoacán y la Ciudad de México que, según los afectados fue de manera injustificada, pues cumplen con la preparación académica y con más de una década de experiencia como docentes, pero que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales y operativas, sobre todo porque se trata de un gobierno de izquierda que incluso derogó el outsourcing para las empresas, por lo que esperaban un trato justo. 
Por eso, dicen, la represalia por sus reclamos fueron los despidos, que ha derivado en que algunos planteles estén operando con hasta con la mitad de plantilla docente en pleno periodo de cursos de inducción y a unas semanas del inicio del ciclo escolar, acusan los maestros entrevistados. 
A esto se suma que a casi tres años del lanzamiento de las Universidades del Bienestar, y que según el gobierno federal, son 100 sedes, no todas cuentan con un plantel, como la de Zacapu, Michoacán, que tiene una matrícula de 900 alumnos y han tenido que tomar clases hasta en el piso. 

“Muchos creímos en el proyecto, porque reivindicaba la educación en México, pero fuimos despedidos sin ninguna explicación”, comenta Roberto Arán, excoordinador del plantel de Jopala. 
Sin embargo, Raquel Sosa, coordinadora de las universidades, incluso no considera esto como despidos porque ni siquiera hubo contratos. Los profesores firman convenios semestrales que no significan una contratación, pues pueden o no ser renovados y, en este caso, no lo fueron debido a que no acreditaron las evaluaciones sobre los perfiles requeridos, afirma. 
“No engañamos a nadie, les decimos cuáles son nuestras condiciones desde el primer día. No ofrecimos una plaza, no creamos esas expectativas. Esta es la forma de ejercicio de los recursos (los convenios) pero no hay ningún engaño, y es una condición para nosotros porque de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Hacendaria no son espacios que sean regularizables (como plazas). Aquí no hay incertidumbre”, dice Sosa en entrevista con Animal Político.  
Patricia Estrada, doctora en Educación con 20 años de docente y que también fue despedida del plantel Zacapu, en Michoacán, junto con otros 14 maestros, lo que dejó a la institución con 50% de la plantilla, dice sentirse “en la indefensión porque de la noche a la mañana nos quedamos sin trabajo y los alumnos están desesperados tomando clases con maestros de otras materias cubriendo nuestras áreas de conocimiento”. 
En tanto, en la universidad de Xochimilco fueron despedidos 5 de 12 profesores, los que eran más críticos de sus condiciones laborales, afirma Silvia Arévalo. Tras el abrupto cese los maestros que quedaron deben impartir las materias que quedaron vacantes aunque no sean expertos en ellas lo que “tendrá un impacto en la calidad de la educación que están ofreciendo a los alumnos. Si no se corrige todo esto se va a venir abajo el proyecto”, dice la profesora. 
Según Raquel Sosa, a la primera convocatoria de docentes en 2019 llegaron 36 mil solicitudes y aunque niega que su proceso de selección hubiese tenido errores, la no renovación de los convenios obedece a que “cada vez somos más rigurosos en los procesos de evaluación”, pero las universidades tendrán 1,250 maestros este año, una cifra superior a los 815 del arranque, insiste. 
Sin embargo, los maestros mostraron la evaluación oficial hecha a profesores de la universidad de Xochimilco en mayo de 2021 y donde los despedidos acreditaban que “la formación profesional y experiencia de los docentes cubre los requerimientos de la mayor parte de la carrera”, por lo que se mantendrían danto 35 horas de clase, advertía el documento. 
La Universidad financiada por morenistas 
La Universidad del Bienestar campus Xochimilco en la Ciudad de México, en realidad era el plantel José Santos Valdés una de las 9 universidades financiadas desde 2015 por diputados y senadores de Morena, el partido  fundado por el presidente López Obrador.
Operaban aún sin que todas contaran con el reconocimiento de validez oficial de estudios, pero tras la decisión de crear 100 universidades en el gobierno del presidente López Obrador, dichas universidades formaron parte de la estrategia federal. 
La Universidad de Xochimilco que imparte la licenciatura en Formación Docente en Educación Básica opera en un inmueble rentado, en el mismo que antes pagaba Morena. Esto significa, en primera instancia, que parte del presupuesto público se dedica al pago del inmueble, explica el maestro José Carlos Flores. 
Además existen “graves contradicciones entre el proyecto educativo y el pedagógico”, agrega José Carlos Flores. “Los estudiantes deben pasar por un curso de recuperación de conocimientos de bachillerato, pero a raíz de los despidos de maestros se está pidiendo a los mismos estudiantes que lo impartan. Está produciendo más precariedad dentro del proyecto”. 
Y tras un año con estudiantes tomando clases los planes y programas de estudios no estaban aterrizados. “Apenas en julio de 2020 estaban mandando los planes y programas y aún con notas al margen, pero quienes le dimos sentido y lógica fuimos los especialistas de diferentes campos”, explica José Carlos.
La universidad privada  
La universidad de Zacapu, Michoacán, donde se imparten cuatro carreras, arrancó en las instalaciones de una universidad privada que supuestamente había donado el plantel para el proyecto presidencial. Sin embargo, después de desencuentros administrativos, la dueña desistió del acuerdo y los alumnos y maestros tuvieron que tomar clase donde se pudiera. 
Así lo explica Patricia Estrada quien fue docente del plantel desde 2019. Tuvieron que impartir clase en un inmueble que les prestó el ayuntamiento y equiparon con sillas de uno de los padres de familia que tenía negocio de alquiler de sillas y mesas para fiestas. Pero cuando las necesitó “los chicos tomaron clase en el suelo”, relata.  
Situación que fue superada debido a la suspensión de clases presenciales y en ese tiempo avanzó la construcción de aulas en Zacapu, pero que aún no están terminadas, advierten los docentes quienes mostraron fotografías del lugar. 
Raquel Sosa sostiene que 100 planteles ya están construidos en su primera etapa, mientras que 45 más están en proceso. Esto significa que los primeros ya tienen 4 aulas, sanitarios, oficina y auditorio para atender a al menos 320 alumnos y dependerá la demanda la construcción de más aulas. 
Aunque el proyecto de universidades cumplirá tres años de arranque, Sosa reconoce que no se han construido tan rápido porque se trata de “procesos de construcción comunitaria y no son hechas por empresas. Seguro que la velocidad de las empresas y la de las comunidades son distintas. Son procesos cuidados, pero más lentos. Además es un esquema que se va construyendo por etapas para llegar hasta 2 mil estudiantes”.
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