Para las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, la historia es circular y siempre se repite, cambiando sólo de forma. Para los maestros de escuelas a las que asisten menores indígenas, el plan oficial de retorno a clases presenciales es otra medida gubernamental diseñada desde un centralismo que ignora las condiciones de precariedad en que viven los pueblos.
Instruidos a volver a las aulas el 30 de agosto en una entidad con semáforo rojo, los maestros de la Montaña –región indígena que reúne los municipios con mayor pobreza de Guerrero– acusan que gran parte de sus escuelas no cuentan con infraestructura ni servicios básicos, como agua y drenaje, amén de que la Secretaría de Educación estatal no les ha provisto de materiales de limpieza y desinfección.
Además, añaden, en las comunidades hay adultos que rechazaron vacunarse, y, si alguien cae enfermo de COVID, tampoco existen facilidades para tratarlo, pues los hospitales están lejos y las farmacias escasean de medicamentos; y por si fuera poco, las autoridades apelan a una “carta responsiva” que deben redactar y firmar padres de familia que, en su mayoría, son analfabetas.
Farmacia en Cochoapa, con pocos medicamentos para atender a personas con COVID. Crédito: Cortesía de Diana Pérez Ayala.
“Respecto de este retorno a clases, en mi sector definitivamente no hay condiciones, sin embargo, bajo esta lógica de que la línea se diseñó cuando Guerrero estaba en el semáforo verde, ahora, con la cuestión de que pasamos a semáforo rojo, no es operable, pero está esa línea de que se tiene que retornar pese a todas las condiciones (negativas)”, señala la maestra Elvira Veleces Morales, jefa de sector de nivel preescolar en contexto indígena.
“El regreso seguro tiene que ver con que las escuelas tengan agua potable, los espacios adecuados, y nos estamos dando cuenta que hay escuelas con mala infraestructura, que ni siquiera llegan a un salón de clases”, comenta. “Hay escuelas que tienen una matrícula muy alta, y, tratándose de niños de preescolar, que es el nivel donde yo me encuentro, ellos conviven, son niños que tienen la inercia de estar juntos, es muy diferente como en otros niveles donde podamos mantener la sana distancia y respetar estas indicaciones que se dicen. El regreso a clases tiene que ver con muchísimas otras cosas y no solamente la voluntad del docente o del padre de familia”.
La maestra Elvira, que supervisa 43 escuelas en comunidades de Metlatónoc y Cochoapa El Grande –el municipio más pobre del país–, advierte que en su sector no volverán a las clases presenciales en las aulas, hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde o adviertan compromiso de las autoridades para proteger la salud del cuerpo docente y los alumnos.
“Porque la Secretaría de Educación no manda ni gel antibacterial, ni sanitizante, ni siquiera (termómetros) para checar la temperatura de los niños; prácticamente va a ser (pagado) del bolsillo del docente y de los padres de familia”, critica.
En entrevista telefónica, la maestra explica que sus compañeros mantendrán el esquema que los docentes de escuelas indígenas adoptaron para culminar el ciclo escolar pasado desde que inició la pandemia: visitar directamente las comunidades de sus alumnos cada dos semanas para dejarles guías de estudio, recoger tareas y repasar lecciones.
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“Es una alternativa que encuentran los docentes por las condiciones que se tienen aquí, porque a nivel federal la estrategia de ‘Aprende en casa’, que dicen que funciona, al final de cuentas aquí no es operable, porque, en primera, el internet no se tiene en las comunidades; el acceso a un teléfono inteligente tampoco es de dominio general; la televisión, pues, mucha gente apenas busca el medio de subsistencia como para tener ese fin. Y hay padres analfabetas, de familias de jornaleros agrícolas (que migran a otros estados), hay una cultura de que se le ha delegado la responsabilidad directa de la escuela al maestro”, afirma.
Elvira señala que, por ese papel central que juegan los maestros de formadores de los hijos de las comunidades, el gobierno del Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, se ha deslindado de su función y carga al cuerpo docente no sólo la responsabilidad de educar, sino también la de proteger la salud y la vida de los estudiantes.
“En algunas comunidades, los padres de familia sí quieren que regresemos (a las escuelas), pero, a final de cuentas, ¿quién va a cargar con una responsabilidad directa de alguna situación que suceda? Ojalá y no pase, pero, si se llegara a infectar un niño o dos, ¿quiénes serían los responsables directos? Serían los docentes, el director, el supervisor, el jefe de sector, porque somos nosotros los que estamos cercanos a esa situación, por eso es que la Secretaría de Educación de Guerrero se deslinda y dice: ‘firmen ustedes (la carta responsiva), pónganse de acuerdo; no los obligamos, pero indirectamente sí’. Es una situación muy complicada, no hay una estrategia clara, y nadie se quiere hacer responsable, más que el docente y los padres de familia”, critica.
“El plan no está pensado para nosotros”
El maestro Pragedis Martínez de la Cruz da clases de primaria en el municipio de Atlixtac, en una comunidad indígena a tres horas de distancia y a la que se llega caminando por brechas. Tras el anuncio del retorno a clases presenciales a partir del 30 de agosto, será un camino que deberá recorrer todos los días, de lunes a viernes.
“Aquí en la región nos acaban de avisar que tenemos que regresar a clases, aun cuando ellos mismos como autoridades nos dicen que está la tercera ola de pandemia de COVID. En el municipio donde yo estoy trabajando, de acuerdo con la información que ellos nos dan, hay 6 personas confirmadas de COVID, y ellos (el gobierno) nos piden ir y firmar una carta responsiva, ¿pero quién nos garantiza –más que nada por mis alumnos— que de los niños que asistan a la escuela no vaya uno contagiado, o que el maestro no vaya contagiado y contagie a estos niños de la comunidad donde laboramos?”, cuestiona el docente.
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Pragedis, que es coordinador de maestros de multigrado –quienes dan clases a niños de primero a sexto año–, observa que, si bien el protocolo emitido por la Secretaría de Educación federal contempla la conformación de un Comité de Salud escolar entre docentes y padres de familia, no se establece quién debe hacerse cargo de la adquisición de los materiales de limpieza e higiene, un gasto que, prevé, tendrá que ser cubierto por los maestros.
“Hay mucha incoherencia en información, porque nos dicen que está la tercera ola, que están muy fuertes los contagios, pero que como maestros tenemos que regresar a las aulas cuidando todas las medidas para prevenir el COVID, pero dentro de la escuela a nosotros no se nos ha proporcionado ningún recurso para comprar gel antibacterial, cloro, jabón para desinfectar, y nos dicen que hay que formar un Comité de Salud, ¿pero ese comité con qué material va a trabajar? Está la incertidumbre entre nosotros. Está difícil nuestra situación, porque se nos exige, y de acuerdo, sí, sabemos cuál es nuestra función, pero también no nos garantizan nuestra salud”, plantea.
El maestro Pragedis con sus alumnos. Crédito: Cortesía de Pragedis Martínez de la Cruz.
El docente critica que ni ahora ni al comienzo de la pandemia, cuando desde la SEP se implementó el modelo de “Aprende en casa”, se concibió un plan específico que atendiera las difíciles condiciones de las comunidades indígenas, lo que demuestra, dice, que existe una discriminación institucional.
“Generalizan, dan por hecho que todos los niños en casa tienen internet, televisor de pantalla plana donde ellos pueden aprender, dan por hecho que todos los padres de familia saben leer y escribir para ayudarles a sus hijos; la triste realidad es que no tienen los medios para poder trabajar en casa”, sostiene.
“Hay una incongruencia, no ven esta parte de nosotros como pueblos originarios, aunque dicen que es un sistema de gobierno inclusivo, ¿pero a dónde nos incluyen a nosotros? Los padres de familia no tienen los recursos para que los niños puedan acceder a este tipo de educación, lo único que nos queda a nosotros (los maestros) es llevarles los trabajos, explicarles a los padres que saben leer cómo van a trabajar (sus hijos). Siempre (todo) está pensado en la ciudad, nunca está pensado para nosotros, y sinceramente creo que a veces nos acostumbramos; está hecho el plan en el escritorio, no ven nuestra realidad”.
Pragedis subraya que, aunque las visitas a las comunidades han sido la única manera posible para educar a los alumnos indígenas a lo largo de la pandemia, los maestros no reciben ningún apoyo económico para desempeñar esa labor, de modo que de su salario deben pagar sus pasajes y los materiales educativos.
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“Lo otro es la triste realidad del docente, que gana 5 mil pesos a la quincena, de esos, cómprate tu material para ir a enseñar; capacítate, toma cursos y talleres para que puedas desenvolverte como docente; debes mantener a tu familia; tienes que comprar materiales para llevarle a tus niños, porque no nos dan otra tarifa (apoyo). Los docentes tenemos que ver de una y mil formas para que nos pueda alcanzar el recurso. Los padres de familia nos dicen que tenemos que comprar gel (antibacterial), ¿pero de dónde agarramos el dinero, si con lo que hacemos apenas vamos sobreviviendo?”, cuestiona.
“Temo ser portadora y contagiar a mis alumnos”
Para Diana Pérez Ayala, que es maestra de quinto grado en la comunidad de Arrollo Prieto, en Cochoapa el Grande, la principal preocupación es contagiarse de COVID en el trayecto de 4 horas que debe hacer desde su casa en Tlapa, y llevar el virus a sus alumnos.
“Como docentes implica el triple de compromiso, porque sabemos que estamos atravesando un semáforo rojo con una nueva variante que se nos viene para todos, y lo que implica con los niños, y tengo temor de quizá ser portadora de este virus”, dice en entrevista telefónica.
Maestras en su trayecto a la escuela de la comunidad Arrollo Prieto. Crédito: Cortesía de Diana Pérez Ayala.
“Entonces sí es con ese miedo y a la vez un gran compromiso de que queremos regresar, pero no existen las condiciones adecuadas y estables en la escuela con los niños, (no contamos) con los recursos necesarios para poder regresar y tomar medidas ante esta situación”.
La docente advierte que, si bien el esquema de visitar a los alumnos en sus comunidades durante la pandemia fue la única alternativa posible, el aprovechamiento no fue el más óptimo.
“Vimos necesario esto de ir cada 15 días y quedarnos una semana, atenderlos de lunes a viernes, regresar al municipio, revisar y calificar sus trabajos, y nuevamente ir y atender a los niños que vimos que no tuvieron resultados, pero desafortunadamente a veces (no los encontrábamos), porque se iban al cerro (a trabajar) o salían del pueblo; no hubo mucha comunicación con todos en un 100%, pero se trató de hacer lo posible para que los aprendizajes llegaran y se resolvieran sus dudas”, explica.
“Desafortunadamente no se lograron avances con todos, y con los pocos con los que se tuvieron, no puedo decir que se lograron los aprendizajes esperados que nos marcan los planes y programas y que nos demanda la Secretaría (de Educación), eso sería una vil mentira”.
La maestra Diana señala que la afirmación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se debe regresar a clases presenciales “llueva, truene o relampaguee” sólo es muestra de su desconocimiento del contexto en que viven las comunidades indígenas, además de que el plan elaborado por la SEP es centralista y está pensado en la educación en las ciudades.
“Dentro de esta carta responsiva nos meten medidas que son más para el contexto urbano y son alejadas del contexto rural; por ejemplo, ponen un teléfono para marcar en caso de presentar síntomas, pero allá (en la comunidad donde enseña) ni siquiera hay señal, para empezar; están críticos los protocolos que nos mandan; hay papás que no saben leer ni escribir como para hacer esa carta (responsiva); desde ahí se ve a dónde se enfoca más la educación, el descuido y lo que desconocen de las comunidades. Da coraje que por parte del gobierno federal nos impongan y nos den órdenes”, critica.
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