Chile, un país abusado – El Mostrador



El abuso, entendido como el uso del poder para obtener beneficios personales a costa de perjudicar a otros, no está prohibido de manera genérica en la normativa chilena.
No solo eso: el derecho de no ser abusado, con su correspondiente garantía fundamental, tampoco figura en el artículo 19 de la Constitución vigente (iba a escribir nuestra Constitución, pero me percaté de que nunca ha sido nuestra). En ella, de hecho, solo se menciona la palabra abuso dos veces: para referirse a los eventuales que pudieren cometerse en el ejercicio de la libertad de expresión, y como una de las posibles razones (abuso de poder) que puede invocar la Cámara de Diputados para respaldar una acusación constitucional ante el Senado. Respecto de la otra infinita variedad de abusos que existe, ni una sola palabra. Nada de nada.
No es casualidad, entonces, que durante los últimos 50 años los abusos se hayan enquistado en cada recoveco de nuestras instituciones y que, a la fecha, exista una lista interminable que se perpetra a vista y paciencia de todo el mundo, la mayoría de las veces con total impunidad. Si usted no toma las medidas para combatir una plaga, si se niega incluso a reconocer su existencia, la infección se extenderá por todo su organismo de manera inevitable.
El tema es de enorme gravedad, pues el hecho de no reconocer los abusos ni impedirlos en forma oportuna es un abuso en sí mismo, y puede comprometer no solo el patrimonio de las víctimas, sino su seguridad personal e, incluso, su vida. Considere, si no, los rudimentarios procedimientos con que nuestras instituciones (des)protegen a las víctimas de violencia intrafamiliar, con una ingente cantidad de femicidios, la mayoría evitables; o la terrible conclusión que expuso el juez Daniel Urrutia ante la CC: «si las cortes de apelaciones hubiesen frenado el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazaron —esto es, si no hubiesen considerado que las facultades del gobierno para proteger el orden público están por sobre los derechos humanos—, no hubiesen existido cientos de mutilaciones oculares». Esa es la realidad del Chile actual: instituciones que abusan de los ciudadanos al incumplir su obligación fundamental de proteger sus derechos.
En semejante escenario, el abuso debiera ser un tema prioritario para la CC, tanto en su parte declarativa como en la organización del Estado que deberán proponer a la ciudadanía, donde deben quedar establecidos con claridad meridiana los mecanismos para evidenciarlo, prevenirlo, denunciarlo, combatirlo y sancionarlo.
Más aún, debiera ser también un tema central de la próxima campaña presidencial, donde tendría que debatirse cuáles son las medidas que proponen los candidatos para enfrentar y ponerle fin a todos aquellos que hoy se están cometiendo.
¿Cuáles abusos, en específico? Veamos algunos ejemplos, enfatizando aquellos que denominaré «abusos profesionales», que son los que se cometen aprovechando el desconocimiento técnico de los abusados y su consiguiente incapacidad para detectarlos: los tributarios, previsionales y financieros.
Todo el sistema tributario que ha regido en los últimos 40 años es una colección de abusos. Anote algunos: el «sistema integrado de impuesto a la renta», que obliga a los contribuyentes de segunda categoría a financiar los cuantiosos servicios públicos que consumen las empresas; el goodwill tributario, que consiste en permitir a algunas empresas (¿por qué será que nunca se ha reporteado la lista de ellas?) que rebajen impuestos usando como gastos conceptos que las normas internacionales de contabilidad prohíben tratar como tales; los «paraísos fiscales», mecanismo mediante el cual ciertas empresas que desarrollan todas sus actividades en Chile, cuyos dueños y ejecutivos viven en Chile con sus familias, no pagan impuestos en Chile con el solo expediente de anotar una dirección falsa en el extranjero en su escritura social; y el «subsidio a las constructoras» (que es un subsidio administrado por las inmobiliarias, algo así como una carnicería administrada por un gato).
El sistema previsional completo es también un abuso, ya que obliga a pagar a las AFP una triple comisión: la que se descuenta de cada cotización, que corresponde al pago anticipado del servicio de administración de los fondos de pensiones por un promedio de 240 meses; la denominada «comisión fantasma», que se rebaja de los fondos de pensiones «para callado», que no se registra en las cuentas individuales de los afiliados, y que nadie sabe a quién y en qué condiciones se le paga; y una tercera, la comisión financiera, que proviene de la forma de pago de la primera y cuyo monto puede ser incluso mayor que esta (cuando usted paga algo en forma anticipada, eso le genera un beneficio financiero a su acreedor y un perjuicio financiero a usted; le encargo el monto de ese beneficio/perjuicio cuando el anticipo es por 20 años en promedio).
Si usted alberga dudas respecto de esto último, pregúntese por qué si un afiliado deja de cotizar no sigue pagando comisiones. No es porque los dueños de las AFP sean buenos chatos, gallos solidarios, sino porque ya están todas pagadas; porque cada vez que cotizamos, pagamos la administración de esa cotización desde el momento del pago hasta el de la jubilación. Y, por supuesto, cuando le hablen de la «comisión al flujo» no se trague el concepto antes de cuestionar lo ridículo que resulta plantear que una comisión de administración de un fondo de pensiones, o el pago de cualquier servicio, deba calcularse como un porcentaje de la renta del cliente que recibe el servicio.
En todo caso, es muy fácil comprobar estos abusos. Bastaría con obligar a las AFP, en forma legal o judicial, a entregar mes a mes a sus afiliados cinco antecedentes que hoy les ocultan: el monto actualizado de todas las cotizaciones que han efectuado; el resultado que han obtenido hasta la fecha (cuánto han ganado o perdido; ¿alguien lo sabe?); la rentabilidad de su cuenta individual, calculada como deben calcularse las rentabilidades, esto es, considerando los costos incurridos para obtenerlas; el monto que se descontó de su fondo por concepto de «comisiones de intermediación» (ese es el eufemismo con que las AFP denominan a las «comisiones fantasmas»); y el destino de ese monto, esto es, a quién se le pagó, qué porcentaje de comisión y  cuál es el monto de la cartera que administra (¿cuánto le paga Hábitat a Moneda Asset Management, por ejemplo?). Le advierto que cuando le entreguen esos datos (si es que), tendrá que sentarse antes de leerlos.
Agregue a lo anterior los abusos que se cometen para favorecer las pensiones vitalicias y minimizar los costos de financiamiento de los bancos y grandes empresas, y tendrá el panorama completo: un sistema abusivo que ya ha durado 40 años (lo increíble del caso es que existe una forma de ponerle fin SIN cambios legales, con enormes beneficios para los afiliados y para el país, pero nadie parece estar interesado en conocerla y menos en aplicarla; o tal vez solo resulta que he golpeado a las puertas equivocadas).
Sigamos con los ejemplos: la esclavitud financiera generada por los intereses rayanos en la usura que cobran el retail y las «divisiones de consumo» de los bancos a sus clientes; los usureros intereses «penales» que les aplican a los deudores morosos. En otros ámbitos, las impresentables dietas y asignaciones parlamentarias y de los expresidentes; las remuneraciones e indemnizaciones de algunos altos cargos públicos y gerencias de empresas del Estado; el saqueo de recursos públicos por medio de contratos truchos, privatizaciones a vil precio, apropiación de gastos reservados y otros dineros fiscales, entre ellos los provenientes de la ley del cobre; la proliferación descontrolada de cargos políticos, algunos con rentas muy elevadas; las apropiaciones a título gratuito (o casi) de recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos, como el agua, los minerales, las pesquerías, el bosque nativo, los cerros y montañas, las playas y riberas, zonas protegidas, humedales y glaciares.
Suma y sigue: las colusiones, las malas prácticas bursátiles, el uso de información privilegiada; las coimas, el cohecho, el tráfico de influencias, las facturas y boletas ideológicamente falsas, la elaboración de planos reguladores a la medida de las grandes empresas inmobiliarias; el maltrato y desprotección de los niños, adultos mayores, mujeres, y minorías étnicas y sexuales; las prisiones preventivas eternas; los sueldos mínimos miserables y las pensiones infames.
Agreguemos la manga ancha frente al flagelo de la droga (¿por qué será que, pese a que se sabe que parte importante del lavado de dinero de la droga se efectúa a través de remates de automóviles y bienes raíces, estos jamás se han investigado a fondo?; ¿por qué será, también, que nunca se ha instaurado como norma la obligación de efectuarse exámenes de detección de droga para todos los funcionarios públicos, incluyendo miembros del gobierno, FFAA, policías, jueces y parlamentarios?).
Y, por supuesto, todas las violaciones a los derechos humanos cometidas a destajo —porque ese es el calificativo apropiado: a destajo— por Carabineros.
Y todo lo anterior protegido por ese otro enorme abuso que es la impunidad, que beneficia solo a quienes disponen de poder político y económico.
La lista es interminable, y ello ocurre porque el abuso es algo normalizado en Chile. Si alguien todavía anda buscando explicaciones para el estallido social, aquí las tiene.
¿Cuáles son las razones de esta inaguantable situación? Es un buen tema para la CC y para los candidatos, como también el listado de soluciones que, imagino, ya estarán elaborando ambas instancias para este gravísimo problema. De todas maneras, parece ser que habría que investigar por el lado de la impunidad (es un muy buen negocio abusar; el caso Cascadas es un muy buen ejemplo) y de la inexistencia de un mecanismo viable, expedito y efectivo que permita a los abusados defenderse de los abusadores.
Porque ocurre, como lo comprueba la terrorífica situación expuesta por el juez Urrutia, que en Chile se puede abusar a destajo porque las víctimas de los abusos están indefensos y porque los victimarios no reciben, en su inmensa mayoría, castigo alguno.
Habrá que ver qué dicen al respecto la CC y los candidatos presidenciales.
 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.



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