Hay dos cosas que no dejan dormir a Wilsonne Civil: el hambre y la vergüenza. Hambre, porque tiene los bolsillos vacíos y sin dinero no se puede comprar comida. Vergüenza, porque lleva dos meses dependiendo de las remesas que le envía su sobrino desde Florida, Estados Unidos, y ya no se atreve a marcarle para decirle que el fondo se acabó y que no le llega para alimentarse todos los días.
“Pasamos dos meses caminando, atravesamos la selva con mi esposa. Gastamos 5 mil dólares en el camino y ahora mismo no tengo nada. No he comido desde ayer”, explica el hombre, de 39 años y nacido en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Son las 13:00 horas del viernes, 3 de septiembre. Nos encontramos en un domicilio de la colonia El Vergel, de Tapachula. En realidad es un cuarto de concreto con techos de lámina, un baño tapado por una cortina y un pequeño horno portátil para cocinar.
Aquí, en esta habitación con puerta a la que se llega por una calle sin asfaltar, duermen doce personas de tres familias distintas y una bebé de siete meses. Pagan 5 mil pesos por la renta mensual. Y eso que esta es una zona considerada barata, ya que se encuentra en el extrarradio de la ciudad, muy cerca de la estación migratoria Siglo XXI.
Mientras Civil habla, dos mujeres cocinan una olla de arroz (será el primer y único plato del día) y el resto charla tumbado sobre los sacos de dormir. Ahora la mayor parte del suelo está desnudo como las paredes de una celda, pero por la noche doce cuerpos tratarán de acomodarse sobre el cemento. Solo hay una cama de matrimonio para todos los inquilinos. Hay quien dice que pueden sentirse afortunados: en el centro existen cuartos más pequeños en los que llegan a amontonarse hasta 20 personas.
“Esto está muy mal. Lo único que necesitamos es dejar este lugar y seguir nuestro camino”, dice Civil.
Esta precaria vivienda de las afueras de Tapachula es el resumen de las pésimas condiciones de vida a las que están sometidos miles de haitianos atrapados en la ciudad fronteriza. Hacinados en alojamientos que carecen de condiciones, sin trabajo ni expectativas, personas como Wilsonne Civil dejan pasar los días con solo una obsesión en la cabeza: marcharse.
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Los acuerdos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con EU han convertido a Tapachula en la capital de la contención migratoria, una “ciudad-cárcel” de la que no se puede escapar. Cuando intentan evadir los retenes de la Migra y son detenidos, ni siquiera los encierran. Los funcionarios los atrapan y los expulsan a Guatemala, para dificultar aún más el camino.
Viaje desde Chile
Wilsonne Civil no se cree cómo puede llevar dos meses aquí. Cuando llegó, pensó que sería un paso más en el tránsito desde Talca, un municipio agrícola del centro de Chile, hasta EU. Tiene a sus espaldas un camino largo y peligroso y en ninguno de los países que atravesó previamente le impidieron continuar. Incluso tuvo que atravesar el tapón del Darién, la selva entre Colombia y Panamá en la que cada año desaparece un número indeterminado de migrantes, que son asaltados por grupos criminales o víctimas de animales salvajes.
Entre él y su esposa gastaron 5 mil dólares para llegar hasta aquí, hasta Tapachula, el gran obstáculo en su camino. Este es un elemento común para muchos de sus compatriotas atrapados en Chiapas: no llegan directamente desde Haití, que en el último mes vio cómo asesinaban a su presidente, Jovenel Moïse, y sufrió un terremoto que provocó más de 200 muertos. Casi la totalidad de haitianos que están ahora en Tapachula partieron desde Chile o Brasil, donde llevaban algunos años trabajando.
“Hemos caminado mucho, pasando hambre, sufrido mucho. Llevo aquí un tiempo y nadie me ayuda”, maldice. Afirma que dejó Chile porque las condiciones económicas empeoraron mucho tras la pandemia de COVID-19, aunque se queja de que su situación en México es todavía peor.
Sin cifras oficiales
La crisis de los haitianos en Tapachula no es un fenómeno nuevo.
Adquirió visibilidad durante la última semana debido a los cuatro intentos de caravana abortados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, pero es un problema latente desde al menos 2019.
Los acuerdos entre López Obrador y el expresidente Donald Trump pusieron fin a una regla no escrita por la que migrantes no centroamericanos eran detenidos en la estación migratoria y liberados con un oficio de salida.
Estos utilizaban este documento como si fuese una especie de “salvoconducto” que les permitía llegar al norte. Ocurrió con los solicitantes de asilo procedentes de diversos países de África que establecieron un campamento junto a Siglo XXI a mediados de 2019 y ocurre ahora con la comunidad haitiana.
No hay cifras estimadas sobre cuántos son, aunque su presencia es evidente en el centro de Tapachula. Guardan largas filas para cobrar las remesas que les permiten sobrevivir y establecen pequeños puestos callejeros para vender comida o cortar el pelo. Oficialmente no sabemos cuántos son.
La Unidad de Política Migratoria dependiente de la secretaría de Gobernación dice que este año fueron detenidos 3 mil 813 haitianos y deportados únicamente 85. Así que hay muchos que no pasan por las autoridades migratorias.
La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) tiene registradas 18 mil 883 solicitudes de asilo de población haitiana solo durante este año. Se trata ya de la segunda comunidad más numerosa en pedir protección, solo superada por los hondureños con casi 30 mil. Sin embargo, en los dos últimos meses hubo un cambio histórico: por primera vez hubo más trámites de personas haitianas que hondureñas.
Estas casi 20 mil personas pueden ser un indicativo de la población existente en Tapachula, ya que el año pasado la Comar apenas registró 5 mil 957 solicitudes de este país.
El colapso de la Comar
La Comar es uno de los puntos clave para los haitianos. Como no tienen documentos, recurren a la petición de asilo como un mecanismo para ser regularizados. Pero muchos dejan claro que su objetivo es llegar a EU.
Este es uno de los elementos que explican el colapso de la institución, que lleva tramitadas 77 mil 559 solicitudes de asilo solo este año, lo que supera las 70 mil de 2019, que era hasta ahora el récord.
“Comar no nos atiende. Pedimos cita, pero nos la retrasan, y luego llega gente más tarde y le atienden”, protesta Jodasson Sinaí, de 23 años. Con una carpeta llena de documentos aguarda en el exterior de las oficinas para la atención a refugiados. Tenía cita para el viernes, pero al llegar le avisan que tendrá que esperar unos días más.
“Para él este es el trámite que debería permitirle seguir al norte. Cuenta que dejó Cabo Haitiano, en el norte de la isla, cuando tenía 18 años y una novia embarazada. Después de cinco años en Rancagua, en el centro de Chile, es un migrante en tránsito con una hija de cuatro años que se llama Judnika y a la que nunca ha visto en persona. “A veces cuando me acuerdo de ella lloro mucho”, dice.
Su historia es similar a la de otros haitianos. Llegó hace dos meses y, como no tenía nada, se vio obligado a dormir en la calle. Un amigo le consiguió espacio en un cuarto, pero el casero no lo permitió, así que nuevamente a dormir en la intemperie. Ahora sí que tiene un techo bajo el que descansar, gracias a un amigo, pero no es suficiente. “No tengo trabajo, sobrevivo con lo que me da la gente de buen corazón que me ayuda”, dice.
“Aquí están las cosas muy difíciles para el inmigrante. Cuando llegas a una plaza todo el mundo está durmiendo en la calle, con bebés. Además, llueve todos los días, los niños se están mojando y casi nadie nos ayuda”, dice.
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Asegura que intentó salir de Tapachula en dos ocasiones, pero fue atrapado. Un día los funcionarios lo dejaron en las afueras de la ciudad, abandonado. El otro lo llevaron hasta la frontera El Talismán y le obligaron a entrar en Guatemala. Por eso confía en la Comar. Porque cree que esa es la única vía para lograr algún tipo de documentación que le permita llegar a la frontera legalmente.
“Lo que nos está colapsando en Tapachula es la inusitada llegada de haitianos que no son refugiados. No vienen de Haití, vienen de Brasil y Chile, pero ante la carencia de alternativas migratorias vienen a hacer su solicitud con la Comar, sobresaturando nuestro sistema de asilo y colocándonos en una situación muy complicada en detrimento de quienes realmente necesitan protección”, dice Andrés Ramírez, coordinador de la Comar.
“Solicitantes lo son de facto, al haber iniciado el procedimiento. Y son personas necesitadas de protección internacional, aún si no han logrado acceder al procedimiento”, dice Quique Vidal, integrante de la ONG Fray Matías y parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.
“A nuestro parecer todas las personas haitianas deben ser sujetas de protección complementaria, al estar en riesgo su vida y su integridad si son deportadas. No basta decir que, porque vienen de Brasil y Chile, son solamente migrantes que llegan por voluntad propia. Se debe reconocer como política de Estado su estatus en México bajo la protección complementaria, la cual les otorga una residencia permanente”, dice.
Para Ramírez, son urgentes las “alternativas migratorias” pero se trata de una decisión que trasciende al ámbito de la Comar.
Al final, que la población haitiana está atorada en Tapachula es consecuencia de una política de Estado, la de “contención” de migrantes en el sur de México.
Sin alternativas
Por el momento, el INM solo ha lanzado una propuesta en forma de globo sonda: la creación de un campamento al que añadió el apellido de “humanitario”. Es decir, sacar a los migrantes haitianos de sus precarias cuarterías y meterlos todos en una especie de refugio. Para esta idea, la institución que dirige Francisco Garduño quiso involucrar al Acnur y a la Pastoral de Movilidad. Ambas se desligaron casi inmediatamente al anuncio.
Mientras tanto, la vida en Tapachula se ha congelado para miles de personas. “Migración trata muy mal, no sé por qué”, lamenta Jean Chagler, uno de los compañeros de cuarto de Wilsonne Civil.
Hace dos años marchó a Brasil, a Sao Paulo, y ahora está en camino a Estados Unidos porque el dinero no le alcanzaba para enviar recursos a su familia. Tiene tres hijas de 12, 6 y 3 años y su única motivación es sacarlas adelante.
“Si el gobierno nos tratase bien no tendría problemas en vivir aquí. Sin trabajo, ¿qué puedo hacer?”, explica. Chiapas es el estado más pobre de México, con una tasa de más del 75% de personas con escasos recursos según el Coneval. No hay empleo. Mucho menos para una persona que no tiene documentos y que maneja un español precario. “La g
ente está sufriendo mucho”, se queja. Él sobrevive con el dinero que le envían parientes de Lousiana y Nueva York. Llegó a México con 2 mil dólares, pero ya se gastó todo.
“Lo único que necesito es irme”, dice.
Es la frase que todos repiten.
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