Mirando a la frontera desde el proceso constituyente

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Los políticos chilenos acostumbran a mirar a las fronteras nacionales como periferias y cuando ha emergido un tema contencioso. Y entonces actúan tratando de remediar –con frecuencia sin mucho tino– lo que fueron incapaces de evitar. Es una típica actitud reactiva derivada de una situación de desfase institucional –organizativa y normativa– que ubica a Chile en una de las peores posiciones en América Latina en lo que a políticas fronterizas se refiere.
Un resultado de este desfase es lo sucedido en Colchane, donde el subsecretario de interior Galli acaba de hacer una visita para evaluar el Plan Colchane, un intento de control migratorio basado en la militarización.
El alcalde de Colchane, contertulio partidista de Galli, se sintió molesto con la visita y enfatizó dos razones: la primera, que la militarización no funciona en estos lugares animados por relaciones transfronterizas consuetudinarias; y la segunda, que en el mundo aimara, al que pertenece, las autoridades y las comunidades son respetadas, lo que, desde su punto de vista, no hizo el subsecretario Galli cuando se negó a contactar al alcalde y compartir con los lugareños.
Tomo este asunto como pretexto, pero no como tema, para escribir este artículo. Pues, más allá de los condimentos de la coyuntura, el desencuentro entre el alcalde y el subsecretario resume décadas de omisiones institucionales, equívocos políticos y posturas vergonzantes frente a una realidad fronteriza que excede, con mucho, la simple cuestión limítrofe. Hablo del tremendo atraso que muestra la institucionalidad chilena en relación con las fronteras que existen hoy en este siglo XXI, y que la sitúa en uno de los peores lugares continentales.
Incluso el atraso de un discurso dominante que, cuando menciona fronteras, en realidad solo habla de límites, es decir, de delimitaciones territoriales controladas manu militari, sin tener en cuenta las complejidades socioculturales, económicas, políticas y ambientales de estas zonas y de las sociedades locales que las animan. En muchos casos conformadas por pueblos originarios que quedaron divididos por las demarcaciones nacionalistas, como nos recordó el alcalde de Colchane cuando comentaba la desatención del subsecretario Galli en dicha comuna.
El Estado chileno sigue mirando a las fronteras como se hacía usualmente en el mundo a mediados del siglo pasado: como problemas amenazantes que deben ser domeñados mediante el despliegue de mecanismos y recursos de control y prevención. Históricamente nuestras constituciones no han mencionado las fronteras, ni siquiera como límites. No poseemos una ley específica de desarrollo fronterizo y las leyes accesorias son omisas respecto a la frontera. Solo existe una institución dedicada al tema, la Dirección de Fronteras y Límites (DIFROL), yacente en la Cancillería, con poderes muy limitados y cuya misión se define casi igual a como lo hicieron sus creadores durante el gobierno de Eduardo Frei (padre) hace seis décadas. Las únicas instituciones formales de relaciones transfronterizas que existen –es decir, que promueven las relaciones locales con las comunidades vecinas– son los llamados comités de fronteras, dirigidos desde los centros políticos e insuficientes para atender dinámicas complejas.
Obviamente, este problema no se puede reducir al hecho mencionado de la omisión constitucional. Tampoco implica que la solución se circunscriba a que la nueva Constitución asuma el asunto de la manera auspiciosa como lo han hecho otros textos constitucionales latinoamericanos. Pero es indiscutible que esta asunción constitucional constituye un primer paso para comenzar a dar a estas regiones una visibilidad política y una capacidad decisional que hoy no tienen.
Por ejemplo, hay que mencionar en la nueva Constitución que Chile tiene límites territoriales. Y no menos importante, que estos límites se acompañan de zonas donde habitan comunidades cuyas vidas materiales y espirituales transcurren en relación con esas fronteras. Y en consecuencia, se debe hacer reconocimiento explícito de estas zonas como territorios que requieren tratamientos diferenciados dirigidos a garantizar –sin menoscabo de la integridad jurisdiccional nacional– el desarrollo socioeconómico sustentable, la equidad y la interculturalidad.
La institucionalidad fronteriza debe ser asumida desde un régimen específico de fronteras, descentralizado, y que dé espacio a los actores locales –estatales o de la sociedad civil– en la formulación de políticas. De manera que, para mencionar un ejemplo, las intensas relaciones entre Arica y Tacna dejen de estar maniatadas por los centros políticos de Lima y Santiago. Y que, cuando un alto funcionario visite una comuna fronteriza, como acaba de suceder en Colchane, esté obligado por ley, pero también por funcionalidad, a conversar con el alcalde y la comunidad.
Toda frontera es un cúmulo de problemas y de oportunidades. La buena política potencia estas últimas y minimiza los primeros. Me temo que en Chile hemos estado haciendo lo opuesto. Chile necesita una política renovada de fronteras, y ello pudiera comenzar por este proceso constituyente que nos anuncia ese pedazo de mundo mejor a que legítimamente aspira nuestra sociedad diversa.
 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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